Motril denuncia ante la Fiscalía la "huelga encubierta" de la Policía Local durante grandes eventos

Motril/El conflicto laboral entre el Ayuntamiento de Motril y la Policía Local aumenta, tras el último cruce de acusaciones por la negativa de los agentes a realizar horas extras en fechas señaladas a modo de protesta tras no alcanzar ningún acuerdo con el Consistorio, las presuntas bajas registradas durante la Semana Santa alejan aún más las posturas y llega hasta la Fiscalía.

Según señalan desde el despacho Aránguez Abogados, se ha presentado una denuncia penal contra varios agentes de la Policía Local, ante la Sección Territorial de Motril de la Fiscalía Provincial de Granada, por la presunta comisión de un Delito Continuado del artículo 409 del Código Penal, es decir, por abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público.

Exponen que entre julio de 2022 y abril de 2023, "un elevado número de Policías Locales de Motril, actuando de común y previo acuerdo, decidieron abandonar de forma intermitente sus funciones relativas a la seguridad ciudadana, generando un grave perjuicio al servicio público, todo ello como medida de presión ante el Ayuntamiento al que solicitan determinadas mejoras salariales".

Y aseguran que para realizar dicho plan, "se coordinaron a través de redes sociales y en determinadas reuniones, seleccionando las fechas y turnos en las que el abandono del servicio podría generar un mayor impacto (eligiendo a tal efecto los días de verano con más afluencia de visitantes, la Carrera de San Silvestre y algunos actos navideños, así como las procesiones de Semana Santa)".

Una situación que, desde el despacho Aránquez Abogados, señalan que ya se había repetido en el tiempo en otras ocasiones de gran afluencia en el municipio, "llegando incluso a provocar que en determinados turnos de trabajo tuvieran que personarse en la comisaría funcionarios de policía local fuera de servicio de su jornada laboral, ya que ninguna agente se había acudido a su puesto de trabajo, para hacerse cargo de la vigilancia del edificio y atender la centralita de teléfonos".

Hechos que pondrían en riesgo la seguridad ciudadana en momentos puntuales y que han motivado la denuncia ante la Fiscalía para que evalúe si existe responsabilidad penal por abandono colectivo de un servicio esencial.

Unas declaraciones que para el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) son "muy graves" al señalar públicamente al cuerpo policial, y acusar de un delito, sin que haya sido aceptado aún por la Fiscalía, ni se lo han comunicado a los propios agentes. Además, señalan que, supuestamente se ha dado parte de los datos personales de los agentes a un gabinete externo sin solicitar previamente permiso a dichos agentes, pese a que la información es confidencial. "Se ha metido a los agentes en Fiscalía en base a un informe, sin informales previamente a ellos, pese a que aparecen sus datos personales y el motivo de las distintas bajas", en este sentido lamentan que se ponga también en tela de julio al colegiado Médico, ya que "todas las bajas están debidamente justificadas por los facultativos".

El SIPLG remarca que hay 185 servicios realizados y justificados en las fechas que se señalan, por lo que no entienden que se acuse a la Policía Local de no realizar sus funciones. "Señalan fechas de Navidad, pese a que la Policía Local estuvo junto a la Cabalgata; en Nochevieja se realizó una fiesta cotillón en la Plaza de España, y contó con la presencia de los agentes; al igual que en la San Silvestre, que contó con la Policía", indican.

Al hilo, se preguntan como es posible que se presente una denuncia penal contra varios agentes ante la Fiscalía "sin ni siquiera abrir un expediente informativo o sancionador, y todo se haga públicamente".

Con respecto a las acusaciones de "coordinarse" para darse de baja en determinadas situaciones, lo niegan rotundamente y recalcan que los agentes de baja tiene sus partes de baja en regla, la mayoría de ellas son bajas prolongadas por distintas afecciones como una operación de rodilla, un brazo roto, bajas de paternidad, o una peritonitis, entre otras.

Por ello, desde el Sindicato anuncian que se van a tomar medidas legales, que se sumarán a las que están estudiando por "usurpación" y una querella por "difamación e injurias", así como "el discurso de odio que realizó la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, señalando directamente a la Policía Local como los causantes de una serie de amenazas que sufrió durante la Semana Santa".

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes del Ayuntamiento de Motril que han rechazado hacer ningún tipo valoración, y remitiendo a lo expuesto desde el despacho Aránguez Abogados.