La apertura del nuevo CATE de Motril está pendiente del visto bueno de Hacienda
A expensas de su aprobación para el contrato de las conexiones de suministros
La apertura del nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril está pendiente del visto bueno de los servicios técnicos de Hacienda al contrato para las conexiones de suministros, tras cuya licitación y adjudicación las instalaciones se podrán poner en marcha.
Así lo indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada, que señalaron que no hay plazos previstos para la licitación y adjudicación de este contrato, pendientes de su tramitación previa. No se prevé operativo especial alguno en Motril en este momento pues no hay “emergencia migratoria” en las costas andaluzas ni una situación como la que ha vivido Ceuta en los últimos días, agregaron.
Este pasado martes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) criticó que el nuevo CATE de Motril siga sin estar operativo pese a estar “terminado” el edificio, en un momento en que puede darse un aumento de la presión migratoria. Su portavoz en la provincia, César Calín, lamentó las malas condiciones del centro que sigue en funcionamiento, y criticó al Gobierno el “retraso” en la puesta en marcha de las nuevas instalaciones a falta, dijo, de las conexiones de saneamiento y suministros, una vez aprobados los últimos Presupuestos Generales del Estado, a los que el Ejecutivo emplazó en su día para su puesta en marcha.
Resaltó igualmente las denuncias que en su día hizo el SUP ante el Defensor del Pueblo sobre las condiciones en que se presta el servicio ante la llegada de inmigrantes en situación irregular a las costas andaluzas en Motril, donde además, según agregó Calín, solicitan “desde hace más de diez años” el cambio por el Ministerio del Interior del catálogo de puestos de trabajo, que detalló que contempla 146 agentes, mientras que hay unos 110, de tal modo que el cuerpo de seguridad queda “infradotado”.
Asimismo, el SUP mostró en una nota su preocupación ante los últimos acontecimientos que están ocurriendo en la frontera con Marruecos en Ceuta y que, “si no se solucionan, puede acabar afectando al trabajo que los policías nacionales desarrollamos en Granada”.
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