Aplazada la comparecencia en el juzgado de la alcaldesa de Motril por presunta malversación de fondos públicos

La instrucción del caso de la utilización de supuestos fondos públicos realizados por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, tendrá que esperar aún más tiempo tras el aplazamiento que ha sufrido la comparecencia que tenían prevista las tres investigadas para este miércoles. La responsable del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril ha aplazado esta comparecencia, sin fecha, al considerar que uno de los testigos en esta causa, podría pasar a tener la consideración de investigado.

Según han indicado fuentes judiciales a Granada Hoy, la suspensión ha venido dada tras la declaración realizada por una de las testigos del caso y que habría motivado que la jueza estuviese estudiando la posibilidad de pasarla a investigada. De igual forma, otra de las circunstancias para dicha decisión podría deberse a que el juzgado continúa a la espera de recibir una documentación requerida a una entidad bancaria.

García Chamorro tenía previsto declarar en calidad de investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el presunto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017, además estaban citadas en esta misma causa la secretaria del grupo municipal del PP y una tercera persona, también del mismo grupo político.

Inicialmente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Motril había citado a las tres procesadas a declarar en calidad de investigadas por un posible delito de malversación de caudales públicos este miércoles 19 de junio a las 10:30 horas.

Los hechos ocurrieron en junio de 2017, cuando la Audiencia Provincial de Granada condenó a Luisa García Chamorro, que en ese momento era vicepresidenta Primera de la Diputación y consejera delegada Visogsa, al pago de una multa de 1.080 euros como autora de un delito de injurias graves con publicidad, cometido con motivo de sus declaraciones en una rueda de prensa contra un exgerente de Visogsa de la etapa socialista. También estaba obligada al pago de 5.096 euros en concepto de responsabilidad civil (por la publicación en medios de comunicación) y más de 3.000 euros por costas procesales.

Según se expone en el auto, García Chamorro ordenó presuntamente en su beneficio -el 4 y 7 de noviembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020- transferencias por valor de 4.600 euros desde la cuenta corriente del grupo municipal del PP de Motril -cuyos fondos proceden de los presupuestos del Ayuntamiento- a su cuenta personal.

La jueza sostiene que lo hizo con el presunto objetivo de "emplear estos fondos para el pago de parte de los anteriores conceptos a los que estaba obligada de forma personal y a los que fue condenada como integrante de la Diputación Provincial, cargos absolutamente ajenos al Grupo Municipal del PP de Motril".

Respecto a las otras dos investigadas mantiene la magistrada que supuestamente llevaron a cabo las actuaciones necesarias para que se ejecutara el pago a García Chamorro, dado que una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra estaba autorizada en la cuenta bancaria.

Concurren indicios además de que, a su vez, García Chamorro pudo haber recibido del grupo del PP en la Diputación de Granada -cuyos fondos son asignados por este ente público- "dos pagos con un fin similar, esto es, que con fecha 30 de octubre de 2019 le fue expedido un cheque nominativo a su favor por importe de 4.615,15 euros -que se corresponde prácticamente con la cuantía en la que quedó fijada la responsabilidad civil en la ejecutoria penal-, y el 22 de octubre de 2020 le fue realizada una transferencia bancaria por importe de 2.936,02 euros en concepto de costas procesales".

En el auto consta que la alcaldesa de Motril restituyó en la cuenta bancaria del grupo municipal del PP en octubre de 2021 la suma de 4.000 euros; y los dos primeros pagos del grupo popular en la Diputación de Granada fueron restituidos el 14 de octubre 2021, "todo ellos tras conocer la interposición de denuncia contra ella".

De la totalidad de los importes recibidos tanto del grupo municipal del PP de Motril como el grupo popular en la Diputación, la jueza mantiene que quedaron en poder de García Chamorro 2.031 euros "sin causa justificada, supuestamente para la compensación de otros gastos propios satisfechos o que pudieran surgir".

Tras la investigación practicada, la magistrada concluye que los hechos revisten por ahora y sin perjuicio de una calificación posterior un presunto delito de malversación de caudales públicos, el cual compete juzgar al tribunal del jurado conforme a lo que establece la normativa vigente.