La Diputación de Granada solicitará al Gobierno el apoyo a los agricultores afectados por las expropiaciones en las conducciones de Rules

La Diputación de Granada solicitará al Gobierno de España el apoyo a los agricultores afectados por las expropiaciones en las conducciones de la presa de Rules, después de que estos hayan mostrado en múltiples ocasiones su descontento y malestar al considerar que no se ha ofrecido un precio justo por las tierras, además de sufrir daños colaterales derivados de las obras en sus fincas.

Una decisión que el pleno de la institución provincial ha aprobado, con la abstención de Izquierda Unida, tras la moción presentada por el Partido Popular y que persigue que el Ministerio de Transición Ecológica negocie con la empresa Acuaes y las consultoras responsables del proyecto, para garantizar una compensación justa a los propietarios de las tierras expropiadas. 

“Desde hace unos meses existe un malestar entre los agricultores de la Costa por las obras de Rules, que afecta en torno a 400 parcelas y más de 33 hectáreas en los municipios de Motril, Vélez Benaudalla, Molvízar y Salobreña. La Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo estima que el 65% de las parcelas expropiadas pertenecen a particulares. Unas 260 fincas agrícolas”, ha expuesto el diputado provincial de Medio Ambiente, Antonio Mancilla. 

Al hilo, resaltan que los agricultores no se oponen a la realización de esta infraestructura, pero si lamentan el perjuicio que están soportando en su patrimonio, recibiendo hasta un 80% menos por sus parcelas que cuando se expropiaron terrenos para construir la A-7. En aquel momento, las personas que vieron sus fincas afectadas percibieron hasta 60 euros por metro cuadrado; sin embargo, ahora reciben unos 12 de media, algo que se reduce hasta 4 euros en el caso de la expropiación forzosa por servidumbre, motivo por el que "exigen una revisión de los precios". Los afectados presentan alegaciones al considerar que están muy lejos de los precios de mercado.

Además, resaltan que los afectados no recibieron toda la información necesaria, ya que, en muchos casos, fueron citados sin antelación en sus consistorios para que firmaran el acta previa de ocupación. En las jornadas en las que tuvieron lugar las citaciones se pretendía poner fin al procedimiento, también con la firma del acta de ocupación y de mutuo acuerdo, cuando no se habían delimitado con estacas las áreas afectadas.

"La cantidad que ofrece Acuaes no tiene en cuenta el gasto que tienen que afrontar para devolver a su estado inicial a las fincas, por tanto instamos al Ministerio de Transición Ecológica a que negocie con la empresa responsable de las tuberías los precios de las fincas afectadas con un acuerdo digno, que no reduzca el patrimonio de la Costa", ha añadido Mancilla.

Se trata de una moción que, tal y como adelantó Granada Hoy, ya se presentó y aprobó por unanimidad hace unas semanas en el pleno del Ayuntamiento de Salobreña, a propuesta del Partido Popular en el Consistorio y que finalmente se declaró institucional al contar con el apoyo de todos los grupos municipales.