Ecologistas en Acción tacha de "insostenible" el cultivo de subtropicales en las costas de Granada y Málaga
Aseguran que el modelo agrario hiperintensivo de aguacate que se ha instalado durante los últimos 15 años tiene repercusiones socioambientales muy negativas para ambas provincias
Las ventas de aguacate de Granada al exterior alcanzan los 24 millones de euros
El cultivo de subtropicales como el aguacate o el mango en las costas de Granada y Málaga se convierten en el punto de mira de Ecologistas en Acción al considerarlos como producción "insostenible" que conduce al colapso hídrico, ya que no hay agua suficiente para abastecerlos y garantizar, además, el consumo humano.
Según el informe El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica, que los ecologistas presentaron hace unos meses y que ahora han actualizado centrándose en ambas provincias andaluzas, el cultivo de estos productos están afectando a espacios con una gran biodiversidad que están protegidos sobre el papel como los ríos y humedales, aunque no se trata de un problema exclusivo de esta zona de la geografía andaluza, el cultivo intensivo del aguacate está cada vez más generalizado en otros enclaves.
En el caso de la Costa Tropical, los ecologistas destacan que no tiene propiamente un clima tropical, ya que aunque las temperaturas suelen mantenerse estables y no son frecuentes las heladas, las precipitaciones son muy inferiores a los que imperan en las regiones puramente tropicales. Precisamente indican que se necesitan 350,50 litros de agua de riego para producir un aguacate con un peso medio de 350 gramos, lo que evidencia que las reducidas lluvias en Andalucía no se ajustan a las necesidades de riego de los cultivos subtropicales.
Como critican, el agotamiento de los recursos hídricos ya está afectando al suministro público de agua a la población local, que en el verano de 2023 llegó a sufrir cortes de hasta 12 horas. Además, los ecologistas estiman que entre el 30 y el 40 % de la superficie total de regadío que había en 2017 en la comarca de la Axarquía (12.989 hectáreas) eran plantaciones ilegales.
A pesar de ello, aseveran que la superficie ha seguido creciendo incluso en plena sequía, de modo que la superficie de riego -legal e ilegal- ronda actualmente las 15.000 hectáreas y la superficie de las plantaciones de aguacates ha aumentado un 30 % en España desde 2018, según los datos recogidos en el informe.
Por otra parte, señalan el problema ecológico que supone los enormes movimientos de tierra durante la puesta en cultivo con maquinaria pesada y la erosión del suelo causada por la deforestación de las laderas para la implantación de cultivos, que se ve agravada por fenómenos climáticos extremos como las lluvias torrenciales. El informe señala que esta degradación del suelo favorece la lixiviación progresiva de sales minerales, lo que empeora la calidad del suelo y aumenta la necesidad de fertilizantes, acentuando el sistema agroindustrial intensivo de la región.
Además, los datos recogidos en el informe muestran que este modelo agroindustrial fomenta las desigualdades económicas en las regiones productoras y no favorece la creación de empleo: las rentas medias de las zonas agrarias son de las más bajas de España. La renta más baja es de 7.972 euros por persona y año en el municipio de Moclinejo, en la Axarquía, y de 7.625 euros/año en la costa granadina, en el municipio de Albuñol.
En cuanto al empleo, se estima que se contrata a una persona por cada cinco hectáreas de aguacates al año. En cambio, el cultivo de hortalizas a campo abierto emplea a unas 15 personas por cada cinco hectáreas. Aseguran que este ejemplo demuestra que el modelo agroindustrial no solo crea menos puestos de trabajo, sino que concentra los beneficios económicos, de modo que solo una mínima parte beneficia a la economía local y al desarrollo rural asociado.
Entre las medidas que los Ecologistas piden para poner fin a esta situación se encuentra invertir en economía circular, facilitando el aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuyendo el uso de fertilizantes químicos; impulsar una verdadera transición agroecológica, basada en producción sostenible, justa y saludable, que apoye la agricultura campesina y familiar y garantice puestos de trabajo comprometidos con los derechos humanos; no concebir el uso de aguas de riego no convencionales, como las regeneradas o las desaladas, como estímulo para aumentar el consumo de agua y la expansión de la superficie de regadío; o aumentar la eficiencia del riego. El riego por goteo aéreo pierde un 40% de agua por evaporación antes de filtrarse en el suelo.
Y proponen garantizar un régimen de caudales ecológicos en todos los cauces y en volúmenes suficientes para mantener o recuperar el buen estado ecológico de todas las masas de agua superficiales; realizar un seguimiento y una protección in situ de los hábitats y especies vulnerables y en peligro; fomentar la restauración ecológica y la multifuncionalidad ambiental del conjunto del territorio; o sancionar debidamente las transformaciones ilegales a regadío, las captaciones ilegales de agua, tanto superficial como subterránea, la aplicación incontrolada de fitosanitarios y el resto de las prácticas ambientalmente inadecuadas de los regadíos industriales; entre otras medidas.
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