La jueza que investiga a la alcaldesa de Motril advierte de que el dinero de los grupos municipales es público

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Motril ha desestimado el recurso interpuesto por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y mantiene su citación como imputada por un delito de malversación de caudales públicos al usar presuntamente dinero de su partido para pagar una multa a la que fue condenada en 2017. La titular desestima el recurso planteado por la defensa de la alcaldesa contra la incoación del procedimiento para juzgar con un jurado popular a García Chamorro por un delito continuado de malversación.

La popular había solicitado el sobreseimiento de las actuaciones y había apuntado que los hechos, según la última reforma del Código Penal, no constituyen un delito de malversación porque se define el patrimonio público como un "conjunto de bienes y derechos de contenido económico-patrimonial pertenecientes a las Administraciones Públicas".

Así mismo, defendía que el dinero que utilizó para hacer frente a una indemnización vinculada al desarrollo de su trabajo no era de la administración sino del grupo municipal del PP, por lo que no existiría ese delito.

Los hechos ocurrieron en junio de 2017, cuando la Audiencia Provincial de Granada condenó a Luisa García Chamorro, que en ese momento era vicepresidenta Primera de la Diputación y consejera delegada Visogsa, al pago de una multa de 1.080 euros como autora de un delito de injurias graves con publicidad, cometido con motivo de sus declaraciones en una rueda de prensa contra un exgerente de Visogsa de la etapa socialista. También estaba obligada al pago de 5.096 euros en concepto de responsabilidad civil (por la publicación en medios de comunicación) y más de 3.000 euros por costas procesales.

La alcaldesa de Motril ha apuntado en su recurso que en cuanto se puso en duda su uso de dinero del partido para pagar esta condena lo devolvió y que, en todo caso, los hechos constituirían un delito de prevaricación, que no juzgaría un jurado popular. Sin embargo, el juzgado instructor ha desestimado su recurso y ha recordado que "el carácter público de los fondos viene determinado por su origen".

Además, en el auto al que ha tenido acceso Granada Hoy, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Motril incide en que "la dotación económica asignada a los grupos políticos, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones, tiene un origen público, lo que excluye el carácter de libre disponibilidad que parece defender la recurrente".

Es decir, hace una llamada de atención y recalca que el dinero de los grupos políticos de un ayuntamiento o una diputación es público y no se puede se puede hacer uso de él para uso personal.

Por otra parte, en lo que se refiere a la respuesta de García Chamorro en el recurso de que en cuanto se puso en duda el uso del dinero lo devolvió, la juez rechaza "rotundamente" que se consideren subsanados los hechos por haber devuelto el dinero y ha detectado en la defensa un "evidente fin" de eludir el procedimiento ante el tribunal del jurado al hablar de prevaricación y no de malversación. Se ha sumado así a la línea de la Fiscalía y ha ordenado que continúe la tramitación de la causa procesal contra Chamorro.

Declaración de la senadora del PP

Por otra parte, desde el TSJA aclaran que el juzgado citará únicamente como testigo en futuras fechas a la senadora del PP cuya declaración tuvo que ser interrumpida en mitad del proceso para aclarar su situación. Se trata de Inmaculada Hernández, que en aquella época era portavoz del grupo del PP en la Diputación. Igual ocurre con las dos concejales cuya imputación ha quedado archivada, el Juzgado tampoco investigará a ninguna otra responsable o colaboradora que haya podido intervenir en el proceso sometido a investigación.

Sobre las dos concejales, sus imputaciones han quedado archivadas tras conocerse, tal y como adelantó este periódico, el sobreseimiento provisional de dos de las tres investigadas en la causa abierta contra la alcaldesa de Motril. La titular del juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se mantenían contra la secretaria del grupo municipal y una ex concejal del grupo popular que estaba autorizada con firma mancomunada de la cuenta, está última defendida por el letrado Antonio Illana Conde.

De igual forma, señalaba que se quedaban sin efecto las diligencias encaminadas a recibir declaración en calidad de investigadas a las personas que intervinieran en las operativas de pago a la investigada García Chamorro en la Diputación Provincial. El sobreseimiento se ha realizado tras la presentación de los escritos por parte de las defensas.