Dos municipios de la Costa de Granada muestran oficialmente su oposición a los proyectos de eólica marina

El malestar existente en la Costa Tropical por los proyectos planteados de eólica marina sigue en aumento pese al gran desconocimiento que hay todavía sobre su posible instalación. Hace tan solo unos días el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables ubicadas en el mar, el marco normativo de referencia para desarrollar este tipo de instalaciones de un modo participativo y flexible, de modo que se maximicen sus externalidades positivas, como la generación de empleo e industria, a la vez que se minimicen los impactos ambientales. En el caso de la Costa Tropical, dos empresas presentaron hace un tiempo proyectos ante el Ministerio de Transición Ecológica con la intención de instalarse en esta zona del litoral y, a la firme oposición que se han encontrado de una marea ciudadana que no está dispuesta a que destruyan los fondos marinos, la flora y la fauna de la Costa Tropical, se arruine al sector pesquero y hostelero de la zona, ni se devalúe la vivienda, ahora se han sumado de forma oficial dos ayuntamientos que no están dispuestos a ver cada día el frente litoral lleno de molinos sin antes pelear.

Se trata de Torrenueva Costa y Gualchos -Castell de Ferro, los dos consistorios del litoral granadino han aprobado una moción institucional para motrar su posicionamiento en contra de la instalación de dichos parques frente a la costa de Granada al considerar que tendrá "consecuencias negativas en términos medioambientales y en la conservación de la biodiversidad" de los municipios.

Ya el pasado mes de agosto se celebró una manifestación por las calles de Torrenueva Costa, promovida por la plataforma ciudadana Di ¡NO! en la Costa Tropical, que lleva tiempo movilizándose para presentar alegaciones en contra de los dos parques eólicos marinos, así como de la subestación de Saleres.

Días después, el Ayuntamiento torreño aprobó un documento, al que ha tenido acceso este periódico, en el que se recoge el posicionamiento en contra de estos proyectos, aunque inciden en que no están en contra de las energías renovables, puesto que sí son partidarios de los autoconsumos o de las comunidades energéticas. En este sentido, el alcalde de Torrenueva, Plácido Lara, explicó que la altura máxima de los edicifios que hay en esta zona de la provincia alcanzan los 41 ó 42 metros, mientras que los molinos que pretenden instalarse superarían hasta siete veces dicha medida, con lo que su impacto visual sería evidente, además de conllevar efectos más inicuos como la afección a algunos de los principales caladeros de la flota pesquera de Motril.

El Ayuntamiento de Gualchos - Castell de Ferro también ha mostrado su oposición firme a estos proyectos con la aprobación de una moción institucional apoyada por los tres partidos que conforman el pleno municipal -PSOE, PP y Vecinos-. En este sentido, resaltan que "las eólicas marinas son un ejemplo de la necesidad de buscar el equilibrio entre conservación y desarrollo", sin embargo, los proyectos planteados en el mar de Alborán, a unos 15-20 kilómetros de distancia, "deberían instalarse al menos a 700 metros de profundidad", en esta zona hay una gran biodiversidad que puede verse afectada que incluye a varias especies de cetáceos y de aves marinas catalogadas, y a flora y fauna marina de gran valor ecológico.

Resaltan que con esta construcción se alteraría el hábitat marino, la flora y fauna, además del consiguiente riesgo de colisiones y molestias por ruidos para las aves marinas, y los posibles efectos en la navegación y la pesca.

Por el momento, el Gobierno ha pedido opinión de los parques eólicos marinos a un centenar de organismos, y a más de 73 administraciones distintas, entre ayuntamientos, oenegés y delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, en la tramitación de cada uno de los dos parques eólicos marinos que hay actualmente proyectados para la Costa de Granada, sin embargo hay un gran malestar por la falta de información acerca los efectos económicos, turísticos y ambientales de la construcción de los molinos.

El Gobierno aprueba la nueva regulación de la eólica marina

Entre tanto, la tramitación sigue su proceso y hace pocas fechas el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables ubicadas en el mar, el marco normativo de referencia para desarrollar este tipo de instalaciones de un modo participativo y flexible, de modo que se maximicen sus externalidades positivas, como la generación de empleo e industria, a la vez que se minimicen los impactos ambientales.

Dicho decreto afecta a las instalaciones eólicas marinas y a otras energías renovables que se puedan ubicar en el mar o que aprovechen su energía, como la undimotriz, y establece una excepción al ámbito liberalizado de la generación eléctrica. Garantiza, mediante concursos, que sólo se materializarán las instalaciones eólicas marinas en las Zonas de Alto Potencial (ZAPER) identificadas para ello en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

Desde el Gobierno aseguran que los proyectos se someterán a los requisitos ordinarios, como obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva o cumplir hitos y plazos de tramitación.

No obstante, y teniendo en cuenta la gran complejidad de los proyectos en el mar, la norma establece una fase de diálogo público entre los promotores y los sectores afectados para incrementar las externalidades positivas, el desarrollo industrial de las regiones costeras próximas y la coexistencia de las instalaciones de generación con otros usos de las aguas, como la navegación.

Cada procedimiento de concurrencia competitiva estará regulado por una Orden ministerial que incluirá elementos como el área de las ZAPER donde se van a ubicar las instalaciones y los nudos de conexión, el cupo de potencia, los parámetros retributivos o el plazo de concesión. Entre otros criterios de adjudicación se podrán incluir, entre otros, la minimización del impacto ambiental y del espacio ocupado, la generación de empleo local, el uso de materiales reciclados o medidas para favorecer la compatibilidad con otros sectores, como la pesca. Hasta un 30% de los criterios no tendrá carácter económico.

Esta misma Orden ministerial establecerá las bases del diálogo público entre los promotores y los actores afectados –toda la documentación resultante se incluirá en la web del MITECO–, que podrá atender a elementos como las áreas de ubicación y los requisitos del concurso, los elementos del diseño, construcción, explotación y desmantelamiento de las instalaciones, o los criterios de ponderación.

Motivo por el que desde los ayuntamientos insisten en la necesidad de mostrar su posicionamiento al Ministerio para la Transición Ecológica en la consulta que se está llevando a cabo entre todas las administraciones afectadas por la posible instalación de un parque eólico marino frente al litoral de Granada.