Piden un total de 84 años de cárcel para las siete personas implicadas en una agresión multitudinaria en el Hospital de Motril

Múltiples patadas, arañazos y puñetazos, además de amenazas de muerte. La madrugada del 6 de febrero de 2023 una trifulca multitudinaria sorprendió a los usuarios del servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril, cuando once personas -entre ellos cuatro trabajadores del centro hospitalario- se vieron inmersas en una pelea por no poder pasar para ver a un enfermo. Ahora, la Fiscalía solicita un total de 84 años de cárcel para las siete personas que participaron, supuestamente, de forma activa en la agresión.

Además, el Ministerio Fiscal pide que los siete implicados tengan prohibido acercarse a menos de 300 metros tanto a las víctimas, como a sus domicilios y centros de trabajo durante cuatro años, así como que no se comuniquen por ningún medio.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Granada Hoy, piden 12 años de prisión para cada uno de los implicados por un delito de atentado a funcionario sanitario, así como cuatro delitos de lesiones. A esto se le suma la demanda conjunta y solidaria de una indemnización de 4.500 euros para uno de los enfermeros por las lesiones causadas así como 225 euros por la rotura del terminal telefónico; 4.000 euros para la celadora , también por las lesiones. Y un total de 8.800 para dos vigilantes jurados.

Los hechos ocurrieron en cuestión de minutos. Una persona ingresó en el servicio de Urgencias y poco después familiares y amigos de este se congregaron en las inmediaciones, ya que el acceso era restringido, en un momento dado comenzaron a pedir ayuda ante el mareo de una de las personas, dos vigilantes de seguridad, un enfermero y una celadora salieron para auxiliarle, sin embargo, no todo transcurrió como esperaban.

Una de las personas afectadas relató a este periódico cuando todo sucedió que "nunca había vivido una agresión de esta magnitud, todo pasó muy rápido y la impotencia es que de buenas a primeras nos rodearon y empezaron a pegar patadas y puñetazos por todos lados. No sólo había personas adultas, fue un todos contra cuatro".

Los acusados, incluido el que estaba en la camilla, usaron la fuerza contra los trabajadores para intentar entrar en la zona restringida pese a la advertencia de la prohibición, comenzaron a golpear en distintas partes del cuerpo a los vigilantes, enfermero y celadora al tiempo que los insultaban y les referían expresiones como “que volverían con una recortada para matarlos”.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, y tras las distintas averiguaciones y visionar las cámaras de seguridad, consiguieron identificar a más de una treintena de personas con edades comprendidas entre los 22 y los 69 años, de los que siete fueron detenidos, y pasaron a disposición de la autoridad judicial.

Se incrementan las agresiones a sanitarios

Las agresiones a profesionales sanitarios son consideradas un delito contra la autoridad (Modificación artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) y por ello cualquier amenaza, coacción, agresión física y/o verbal, o cualquier otra actuación ilícita o que suponga alguna forma de acoso o persecución contra los profesionales de los centros sanitarios públicos puede denunciarse por la vía penal, incluidas las agresiones, los insultos, vejaciones o descalificaciones graves o que tengan por objeto desacreditar públicamente la profesionalidad de un trabajador del ámbito sanitario, expresadas en las redes sociales o mediante cualquier medio que lo difunda.

Los datos de los ataques al personal sanitario en la provincia de Granada preocupan. Se registran 0,48 ataques diarios a facultativos en los centros sanitarios y hospitalarios, es decir, cada dos días un sanitario es agredido física o verbalmente, según datos del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Granada.

Según la organización, estos registros han crecido de forma "escalofriante" en los últimos años, aumentando un 28% con respecto a 2007, y un 55% desde 2019, antes de la llegada de la pandemia del Covid-19, situando a Granada a la cabeza de provincias andaluzas con el porcentaje más alto.

Solo durante 2023 se registraron 177 agresiones, la cifra más alta desde que hay datos, y sin olvidar que un 20% de las agresiones no se denuncian. El análisis realizado por CCOO, consultado por este periódico, pone de manifiesto que han aumentado tanto las agresiones físicas, pasando de 24 en 2019 a 48 en 2023; como las no físicas, de 90 en 2019 a 129 en 2023.

Unos datos demoledores que ponen encima de la mesa un problema de civismo social con una "tendencia en escalada".