El PSOE de Motril critica la gestión del gobierno municipal tras la suspensión cautelar del proceso de licitación del servicio de limpieza

La portavoz adjunta del grupo municipal socialista, Gádor Domínguez, ha expresado su profunda preocupación por la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que ha acordado la suspensión cautelar del proceso de licitación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, de playas y gestión del ecoparque del municipio de Motril. Esta medida, adoptada el pasado 30 de agosto, responde a la solicitud presentada por la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Motril, en el marco de un recurso especial en materia de contratación.

Domínguez ha señalado que "esta decisión del Tribunal da la razón a los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Motril, que han denunciado múltiples irregularidades en los pliegos de licitación presentados por el gobierno municipal". Entre las deficiencias detectadas se encuentran errores formales en el anexo de personal a subrogar, que impiden conocer con claridad el listado completo de trabajadores afectados, así como la falta de reflejo del acuerdo de la Comisión para la Integración, aprobado en pleno, que establece condiciones laborales específicas para el personal subrogado.

La portavoz adjunta socialista ha recordado que "desde el grupo socialista siempre hemos defendido que la subrogación de estos trabajadores a una empresa privada es un grave error. Hace años, cuando se disolvió la extinta Limdeco, este personal fue integrado como indefinido en el Ayuntamiento de Motril. La Administración Pública tiene el deber de proteger y regularizar la situación de sus empleados, no de trasladarlos a una empresa privada, donde su seguridad laboral y sus derechos podrían verse comprometidos".

Asimismo, Domínguez ha criticado la actitud del gobierno de Luisa García Chamorro, quien, a su juicio, "ha ignorado por completo las propuestas alternativas planteadas por los sindicatos, que abogan por la integración de estos trabajadores en la plantilla interna del Ayuntamiento. Es inaceptable que se desoigan las voces de consenso y se insista en una privatización que no solo pone en riesgo los derechos laborales, sino que además podría ser ilegal, como ahora cuestiona el Tribunal".

La resolución del Tribunal de Contratación de Andalucía, que ha solicitado al Ayuntamiento de Motril la presentación de alegaciones —trámite que el consistorio no ha realizado—, subraya la falta de diligencia por parte del equipo de gobierno. "La falta de respuesta por parte del Ayuntamiento ante una solicitud tan relevante demuestra una vez más la mala gestión y la falta de transparencia que caracterizan a este gobierno", ha añadido Domínguez.

Además, la portavoz adjunta ha advertido que "la suspensión cautelar del proceso de licitación no sólo pone en duda la legalidad del mismo, sino que también retrasa aún más una privatización que este equipo de gobierno ha vendido como la solución a todos los problemas de limpieza de nuestra ciudad. Sin embargo, queda claro que esta solución no está bien planteada ni en términos legales ni laborales".