Recogen firmas para solicitar la prohibición del uso de motos acuáticas en la bahía de La Herradura

Piden que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para que se cumpla de forma estricta la regulación para proteger el medio marino

La guerra de las motos de agua: piden mayor control para evitar su uso en espacios naturales de la Costa de Granada

Una moto de agua en La Herradura, en una imagen de archivo / Alba Feixas

Vecinos de la Costa Tropical han iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para solicitar a las autoridades locales y agencias de protección ambiental la prohibición del uso de las motos acuáticas en la bahía de La Herradura. El molesto ruido de las motos acuáticas ha ido creciendo con el paso de los años en todo el litoral español, y la costa de Granada no es ajena a este problema que ve como no se trata de una cuestión de temporada, aunque en los meses de julio y agosto es cuando más se ven, sino de falta de hacer cumplir unas normas que asegure que se utilizan en sitios habilitados y cumpliendo una serie de requisitos. Solo durante la temporada estival de 2023 el Ayuntamiento de Almuñécar envió más de 170 propuestas de sanción a la Capitanía Marítima de la zona de Almuñécar y La Herradura.

En la petición resaltan que la bahía de La Herradura es un lugar privilegiado que se ha convertido, con el paso del tiempo, en el refugio perfecto para nadadores, buceadores, kayakistas y entusiastas de la vida marina, sin embargo, la creciente presencia de motos de agua "supone una amenaza significativa para la seguridad, el medio ambiente y la tranquilidad general de este apreciado sitio".

Señalan que la alta velocidad que alcanzan algunos usuarios con las motos de agua, además de maniobras imprudentes, ponen en peligro a nadadores, buceadores y kayakistas, lo que aumenta el riesgo de accidentes y lesiones; inciden en que a menudo se adentran en áreas designadas para el baño, creando condiciones peligrosas para los bañistas; así como el constante ir y venir de tractores para remolcar las motos de agua por el paseo marítimo representa un peligro adicional para los peatones y ciclistas.

En el escrito, además, exponen que estas contribuyen a la contaminación del agua a través de derrames de combustible y emisiones de escape, dañando la vida marina y degradando la calidad del agua; sin olvidar la contaminación acústica que interrumpe el comportamiento natural de los animales marinos, especialmente los delfines, que son comunes en La Herradura.

Por todo ello, instan a las autoridades locales y agencias de protección ambiental a que se trabaje para implementar su prohibición en esta zona del litoral, que pongan en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para que se cumpla de forma estricta la regulación para proteger el medio marino y se garantice la seguridad de todos los visitantes; así como que se promuevan actividades acuáticas alternativas que sean ecológicas y no intrusivas.

"La Herradura es un tesoro que merece nuestra protección. Al prohibir las motos de agua, podemos garantizar la seguridad y disfrute de todos los que la visitan, preservar su belleza natural y proteger la vida marina. Es crucial que actuemos de inmediato para evitar daños personales o víctimas", exponen.

Hace pocas fechas, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, señaló a este periódico que la competencia del mar no corresponde a ningún ayuntamiento, aunque son conscientes de que hay un problema con “algunos usuarios que hacen un uso inadecuado de las motos”. “Sin embargo, no podemos estigmatizar a todos los que hacen uso de ellas, hay mucha gente que las utiliza respetando las normas y las leyes, de hecho hay muchas empresas que se dedican al alquiler de motos de agua y lo hacen respetando las normas, igual que muchos usuarios que tienen su propia moto y vienen a nuestra costa a disfrutar de la jornada, aunque es cierto que hay quien no respeta las leyes”.

Ruiz Joya incidió en que desde el Ayuntamiento siempre han estado dispuestos a colaborar con todas las administraciones que tienen competencias para solucionar este problema, y recuerda que ya el año pasado se puso en funcionamiento un servicio de dron que vigila la franja litoral entre La Herradura y Almuñécar. “El año pasado hizo más de 170 actas de denuncia que trasladamos a Capitanía Marítima, que son al final los que tienen que valorar si se tramitan o no".

El Ayuntamiento también tiene una guerra abierta con aquellos que no respetan las normas de circulación en el agua. “Tenemos que seguir luchando, y lo hacemos de la mano de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, de los vigilantes de la playa que también hacen una gran labor cada vez que ven a alguien que incumple las normas. Además, se están haciendo controles policiales en los accesos para intentar parar antes de que se echen al agua a aquellos que no tienen sus permisos en regla. Dentro de nuestras competencias, estamos colaborando y ayudando a las administraciones y lo seguiremos haciendo”.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a destajo

Hasta que no finalice la operación verano la Guardia Civil no comenta las sanciones o trámites administrativos que se han realizado en el litoral de la costa de Granada con las motos acuáticas, sin embargo, lo normal es ver a diario al Servicio Marítimo surcar las aguas del litoral para prevenir cualquier tipo de infracción.

Sin ir más lejos, hace pocos días, en el marco de la operación Barco Dorado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil  y el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almuñécar, en colaboración con la Capitanía Marítima de Motril y con la Policía Local, descubrieron que una empresa alquilaba embarcaciones de recreo con matrículas falsas para evitar, en caso de que una de estas embarcaciones fuera denunciada, que la sanción no llegaran a la empresa.

Durante la fase de explotación de esta operación la Guardia Civil intervino y precintó cinco lanchas y cuatro motos de agua porque sus números de bastidor no coincidían con las matrículas que llevaban impresas.

El responsable de esta empresa de alquiler de embarcaciones de recreo ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de diez delitos de falsedad documental. Tras la actuación de la Guardia Civil, la Capitanía Marítima de Motril le ha revocado la autorización que le había otorgado para el desarrollo de su actividad comercial y el Ayuntamiento de la localidad en la que operaba, a su vez, le ha retirado la licencia de actividad al establecimiento.

Esta operación es una consecuencia inmediata de la campaña de inspección de embarcaciones de recreo y motos náuticas que la Guardia Civil está realizado durante el verano.

Durante una de estas inspecciones los investigadores de la Guardia Civil descubrieron que en una de las empresas que se dedicaban al alquiler de este tipo de embarcaciones de recreo, cinco de sus lanchas y cuatro motos acuáticas tenían impresas matrículas falsas: el número de bastidor de las embarcaciones no coincidía con la matrícula. Los agentes descubrieron también el contrato de compraventa de una quinta moto de agua con matrícula falsa que al parecer el investigado había vendido a un vecino de Granada.

Cuando los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptan una de estas embarcaciones en alta mar, a los tripulantes se les pide la documentación, pero rara vez se comprueba el número de bastidor de la embarcación por la dificultad o la imposibilidad, si cabe, de realizar dicha comprobación en el agua. Así, en caso de denuncia, la sanción nunca llega a la empresa de alquiler porque la matrícula que identifica a la moto de agua o a la lancha no existen en el registro de matrículas de la Dirección General de Marina Mercante.

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