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Madrid/El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera "paradójica" y "contradictoria" la rebaja aplicada a la deuda española por las firmas de calificación, que "por un lado valoran positivamente las reformas y después determinan con su criterio lo contrario", como ha hecho Moody's.
En una entrevista en la emisora de radio Onda Cero, aseguró que las agencia de calificación han aplaudido las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno español, por lo que resulta "paradójica" la decisión de Moody's de revisar a la baja la solvencia española.
Anoche, la agencia de calificación Moody's rebajó la calificación que le otorga a la deuda soberana de España y otros cinco países europeos, al tiempo que colocó en perspectiva negativa a Francia, Austria y Reino Unido, que gozan de la máxima nota "Aaa". Esta rebaja "refleja la susceptibilidad a los crecientes riesgos financieros y macroeconómicos que emanan de la crisis de la zona euro", detalló la calificadora en un comunicado. Así, la nota de España se vio reducida desde "A1" (notable alto) hasta "A3" (notable bajo).
Montoro explicó en la entrevista que en ocasiones estas firmas adoptan decisiones "contradictorias", como ocurrió en 2002, cuando España logró anular completamente la prima de riesgo con Alemania, y sin embargo no se le concedió en ese momento la AAA, la máxima calificación de solvencia. Las agencias de rating "hacen su trabajo, sus valoraciones, pero es un poco contradictorio", dijo el ministro, para quien las firmas dicen por un lado que "valoramos las reformas", pero por otro aseguran que "no se van a conseguir los objetivos".
Montoro recordó que el principal objetivo del Gobierno español es volver al crecimiento económico y la creación de empleo, y "para eso hacemos las reformas". "Si ustedes valoran estas reformas positivamente -añadió Montoro- será porque España está en vías de resolver el gran problema de que no tiene crecimiento, de que está cayendo la actividad económica y se sigue destruyendo el empleo". "Por eso es fundamental el equilibrio presupuestario, luchar contra el déficit público, y muy pronto tendremos ley que obligará a todas las administraciones públicas a presentar sus presupuestos en equilibrio", concluyó.
El ministro de Hacienda ha admitido que la situación de Grecia hace que España y otros países como Portugal e Italia tengan riesgos de contagio "bastante evidentes".
Montoro ha subrayado que hay que aprender la lección de que en el club del euro hay que respetar las reglas de la estabilidad presupuestaria y la cohesión social, y ha añadido que es "lamentable" que en determinados países esas normas no sean aceptadas. Montoro ha resaltado que no se progresará en la zona del euro con imposiciones, "porque Europa es un club de voluntarios".
El ministro de Hacienda ha señalado que a finales de este mes estará lista una línea ICO para el pago a proveedores por parte de las corporaciones locales, que se unirá a la que ya está en marcha con las comunidades autónomas. Además, ha afirmado que a comienzos de marzo las empresas podrán pagar el IVA de sus facturas cuando realmente las cobren, algo que empezará "de forma escalonada con las empresas que pueden ser gestionado mejor su control por parte de la Agencia Tributaria para luego extenderlo al resto de pymes y autónomos".
Montoro ha defendido la reforma laboral, que supone una modernización de las relaciones laborales, la más importante desde el Estatuto de los Trabajadores, y ha pedido al PSOE que se comporte al respecto como lo hizo el PP con la elaborada en 2010 por el gobierno socialista y que ponga sobre la mesa cuál es su propuesta, "si la tiene" y si no que apoye al Gobierno.
El ministro de Hacienda ha subrayado que no tiene ningún sentido llevar al Tribunal Constitucional la reforma porque introduciría inseguridad y ha recalcado que el texto está "muy medido" para atenerse a la Constitución. Montoro ha señalado que todos tendrán oportunidad de hacer propuestas al tramitarse como ley y ha incidido en que es tiempo de negociar y no de amenazar. En este sentido, ha dicho que no hay que confundir los debates políticos y la defensa de los intereses de los agentes sociales "que se entienden aceptables", con llevar adelante un planteamiento que genere incertidumbre en los agentes sociales y en quienes deben contratar.
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