Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
Limitar administrativamente los alquileres puede beneficiar en un principio a los inquilinos, pero a largo plazo les perjudica porque desincentiva la salida al mercado de muchas viviendas y la escasez acaba encareciendo los precios, según la OCDE.
Esta es una de las advertencias a España de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio presentado ayer sobre la forma de favorecer la vivienda asequible, en el que señala la estrechez del mercado del alquiler y los problemas económicos que eso conlleva.
Sobre la situación de España, Luiz de Mello, director de estudios del departamento económico de la OCDE, subraya que aplicar topes a los alquileres, “es una opción que tiene sus costes” porque “a largo plazo no protege a los inquilinos”.
“Hay otras opciones que no crean los mismos tipos de costes” como el desarrollo de viviendas sociales, que son muy escasas, aunque eso supone aumentar la inversión pública en el sector, explica De Mello.
Su análisis es similar con los dispositivos de protección de los inquilinos frente a los desahucios, que también pueden generar distorsiones si disuaden a los propietarios y a los inversores de poner sus bienes en alquiler al considerarse desamparados ante la Justicia y la Administración de cara al riesgo de impagos.
De Mello señala que “hay que diferenciar entre las medidas de crisis”, cuando resulta “muy importante” proteger a los grupos más débiles, y “las medidas de largo plazo que pueden aumentar la oferta” e impedir que suban los precios. Porque el problema en los últimos años es que el precio de la vivienda ha crecido con fuerza, y eso dificulta el acceso a las personas con menos recursos.
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