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Tribuna Económica
La sanidad andaluza, la joya de la corona del anterior Gobierno, es ahora una de las peores de España y la que ha experimentado el mayor deterioro en los últimos años. Lo afirma la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que achaca el problema a los recortes presupuestarios, hasta el punto de que la ratio de gasto público sanitario por habitante (1.106 euros) ya es la más reducida del país. También somos los peores en personal sanitario, en atención especializada y en plazas hospitalarias por habitante.
Con la educación ocurre algo parecido, lo que significa que la sostenibilidad financiera del núcleo central del conjunto del sistema de bienestar andaluz se encuentra gravemente amenazado.
Para encontrar el origen del problema hay que remontarse a los inicios de la Unión Económica y Monetaria Europea, cuando todos admitían que el proyecto sería beneficioso para el conjunto, aunque para unos más que para otros. La clave era la productividad. Habría menos empresas, pero más grandes, lo que presagiaba un intenso proceso de fusiones y absorciones empresariales que para Andalucía podría resultar perjudicial.
Se cumplió el pronóstico, a pesar del ambicioso programa de política regional para elevar el nivel de productividad en las regiones perjudicadas y para ayudar a recuperar tejido productivo y empleo perdidos durante la integración. Simultáneamente, los países del norte de Europa comenzaron a mostrar su preocupación ante el riesgo de que una inmigración masiva de desempleados desde la ribera mediterránea pudiera amenazar sus potentes sistemas de bienestar. Para impedirlo se decidió que las regiones beneficiarias de las ayudas al desarrollo pudiesen emplearlas en el fortalecimiento de sus respectivos sistemas de bienestar.
Andalucía aprovechó la oportunidad y no sólo se construyeron hospitales, escuelas y universidades, sino también polideportivos, piscinas públicas, teatros, museos y empresas públicas para el fomento de la danza, la música o las letras. También se produjo una espectacular transformación en las infraestructuras de comunicaciones, pero la repercusión de todo ello sobre la productividad fue reducida, lo que ayuda a explicar el fracaso de los programas para la regeneración del tejido productivo y la creación de empleo.
Los problemas vinieron con el recorte de los fondos europeos y la constatación de que los recursos generados internamente eran insuficientes para mantener la complejidad del tinglado. Ante esta situación, una de las prioridades del nuevo Gobierno tendrá que ser la definición de nuevos parámetros de sostenibilidad a largo plazo del sistema de bienestar. Por un lado, tendrá que buscar la forma de reducir la dependencia de recursos financieros externos, que hace tiempo dejaron de llegar, e intentar ajustar su dimensión a las posibilidades reales de la economía andaluza. Por otro, priorizar la recuperación de los servicios públicos fundamentales, dejando en segundo plano los aspectos superfluos del sistema de bienestar levantado con la generosidad de las ayudas europeas, pero tan vulnerable a los episodios de inestabilidad financiera.
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