Los Alijares que nunca existieron

Granada/Doscientos treinta cármenes en una ladera posterior a la colina de la Alhambra. Ese era el proyecto de urbanización Los Alijares, que en septiembre de 1984 desató una polémica nacional finalmente apagada cuando la Junta desautorizó al Ayuntamiento, que había concedido la licencia de edificación, y rechazó la obra. Fue el primer contratiempo de Antonio Jara cuando disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta y preludió polémicas posteriores y su notable descenso electoral de 1987.

Los Alijares, en fin, marcan el 'kilómetro cero' del desencuentro entre dos protagonistas de la actualidad granadina: el alcalde Jara y Mateo Revilla, quien gestionaría la Alhambra durante casi veinte años. Porque cuando la polémica estalló, con foto de portada en El País, todas las miradas se dirigieron a Revilla, por entonces viceconsejero de Cultura en la Junta, como el hombre que en la sombra había alentado el estallido del caso.

Se trataba de un proyecto de urbanización de cármenes de lujo que se iba a construir entre la Alhambra y el Cementerio, colindante con el Barranco del Abogado, en una superficie de cien mil metros cuadrados, de los que la empresa promotora cedía 40.000 al municipio. Tenía un presupuesto de 3.000 millones de pesetas (unos 18 millones de euros, ahora) e incluía un hotel de cinco estrellas, una carencia de la época que –a decir de los entendidos– reducía la potencial estancia del turismo de élite en la ciudad.

Se publicitaba así: "Entre los cuatro puntos cardinales de Granada, prolongación del Generalife, entre la Alhambra y Sierra Nevada y abierta al horizonte de la ciudad y la Vega". Dirigida a las clases medias-altas, los profesionales de la ciudad, según su promotor, el constructor granadino Ávila Rojas.

El proyecto había superado todos los trámites desde que se inició la redacción del plan, en mayo de 1979. El Patronato de la Alhambra, la Dirección de Bellas Artes y la de Patrimonio Histórico-Artístico dieron el visto bueno. El Ayuntamiento, finalmente, concedió licencia en el verano de 1984.

Curiosamente, durante los cinco años de tramitación nadie levantó la voz y la maqueta, una vez obtenida la licencia, se colocó en el sitial de honor del escaparate de Ávila Rojas, en la calle Recogidas. Nadie protestó hasta que el sábado 15 de septiembre El País la presentó en su portada, junto a dos artículos de opinión que alertaban de los daños paisajísticos que la urbanización futura podría causar al monumento.

En Granada la polémica derivó hacia los matices políticos del caso. Entre otras cosas, porque el consejero de Cultura era Javier Torres Vela, que como concejal socialista había votado a favor de la urbanización cuando el proyecto llegó al Pleno municipal.

Eran unos tiempos en los que la Junta de Andalucía trataba de asentar su desarrollo jurisdiccional y administrativo y buscaba abrirse paso a través de sus escasas competencias rozando a veces la autonomía municipal. El de Los Alijares era un caso flagrante. Cuando la Junta anunció su intención de paralizar el proyecto, el concejal de Urbanismo era José Olea, segundo de Jara, que calificó la actuación autonómica como "extemporánea", en términos jurídicos, una vez que el proceso de autorización de Los Alijares había seguido y salvado todos los trámites de exposición pública y permisos correspondientes.

La gestión de la Alhambra había sido cedida en esos meses a la Junta, no sin resistencia por parte de la Administración central, reticente a desprenderse del control del monumento más visitado de España. En esos días se entraba en la renovación de los representantes. No faltó quien señalase al Patronato como la pugna real que se sustanciaba en la polémica.

Sobre Mateo Revilla, viceconsejero de Torres Vela, recayó la sospecha de haber movido influencias para que la prensa nacional levantase la denuncia. "Detrás de la protesta hay alguien que no quiere dar la cara, interesado en hacer méritos para dirigir el Patronato de la Alhambra", dijo José Miguel Castillo, sin nombrarlo. Y lo cierto es que dos meses después Mateo Revilla fue nombrado director del Patronato.

En el fragor de la polémica, los antiguos integrantes del Patronato convocaron una reunión, pese a que técnicamente estaban cesados según el decreto de transferencias a la Junta. El director general de Patrimonio, Bartolomé Ruiz, viajó desde Sevilla y lanzó unas declaraciones hirientes: "Nunca más se tomarán decisiones sobre la Alhambra por parte de santones provinciales". En esos días también tuvo lugar el tradicional acto de apertura del curso universitario. Jara y Torres Vela se eludieron ostensiblemente durante la mañana en el Hospital Real y apenas cruzaron una sonrisa forzada.

El entonces alcalde, que no era hombre que se escondiese, guardaba en los primeros días un prudente silencio. Tuvo que saltar a la palestra cuando trascendió que en el seno del grupo municipal socialista empezaban a aflorar críticas. Convocó su primera comparecencia pública la tarde del miércoles 19 de septiembre, cuatro días después de las primeras informaciones, y antes de comparecer ante la prensa fue llamando uno por uno a sus 17 concejales.

Al menos dos le expresaron reticencias a Los Alijares. Desafiante, retó a Torres Vela a un debate público, tildó el decreto de la Junta que paralizaba el proyecto como "política y culturalmente ineficaz" y atacó al Gobierno andaluz por haber "orillado" al Ayuntamiento "en las sucesivas citas" que los representantes municipales establecieron con los de la Junta, que sin embargo nunca acudió. La Junta –dijo– "que sí sabía que el artículo de El País iba a publicarse" y ni así avisó al Ayuntamiento.

El proyecto incluía la construcción de los nuevos accesos a la Alhambra, que no se acometieron hasta diez años después, por lo que en ese momento anterior a la actual carretera las 230 familias que se hubiesen asentado en Los Alijares hubiesen subido y bajado por los bosques de la Alhambra.

En todo caso, los terrenos reservados para la urbanización habían sido "misteriosamente" excluidos –así lo dijo Torres Vela- –del área de protección del monumento, en 1979, precisamente cuando el proyecto empezó a andar, en una reunión del Patronato en la que, sin embargo, se había ampliado el perímetro hasta incluir el Parque de Invierno, el Llano de la Perdiz.

La Junta, finalmente, zanjó el caso cuando en la práctica expropió los terrenos e indemnizó al constructor, una decisión "culturalmente necesaria", según la resolución, para disipar lo que el consejero Torres Vela expresó como una "duda razonable que dentro de diez años podría ser irreversible". Y el compromiso de elaboración de un plan de protección de la Alhambra y su entorno que vio la luz a finales de 1986.

Revilla, efectivamente, fue designado director del Patronato unos meses después. Una de sus primeras medidas fue la elaboración de un reglamento para las visitas a la Alhambra que incluía la prohibición de fumar en los palacios y recintos cerrados del Monumento. Con la herida aún abierta, desde el Ayuntamiento se lanzaron puyas inmisericordes en un escenario de tensión abierta que se extendería hasta el último día de la alcaldía de Jara.