El PIB caería el 20% en una Cataluña independiente

Un estudio de la entidad Convivencia Cívica Catalana, que sostiene que el paro en la región subiría un 17%, denuncia que el déficit fiscal catalán no es real, sino fruto de "artificios contables".

Efe

06 de noviembre 2012 - 17:30

Barcelona/Un estudio de la entidad Convivencia Cívica Catalana asegura que una hipotética independencia de Cataluña provocaría una caída del más del 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y un aumento del paro del 17 por ciento en esta comunidad. El informe Las cuentas claras de Cataluña, presentado en Barcelona, muestra la "verdad oculta" sobre el impacto económico de una posible secesión, según ha explicado el presidente de la entidad y profesor de la Universidad de Barcelona Francisco Caja.

"Una Cataluña independiente sería viable, pero haría a todos los catalanes más pobres", ha explicado Caja, quien ha lamentado el "falso paraíso independentista que venden algunos partidos catalanes, que al mismo tiempo ocultan todos los efectos negativos". Entre lo que consideran "datos inflados con objetivos electorales", el informe desvela que la cifra del déficit fiscal catalán, 16.409 millones según el gobierno catalán, no es real, sino obtenida a partir de "artificios contables". "Si de 2009 a 2012 el déficit fiscal se ha mantenido como dice la Generalitat, pero los impuestos pagados por los catalanes han descendido un 14%, ¿cómo es posible que el déficit se mantenga igual? Sólo es posible mediante una trampa contable, la llamada neutralización, una participación de Cataluña en el déficit estatal", ha argumentado Caja. Según el portavoz, sin "ese maquillaje" el resultado sería de un superávit fiscal en Cataluña de 4.015 millones de euros, que desmontaría el "inexistente argumento del déficit fiscal".

Además, el informe parte del análisis de la balanza comercial de Cataluña con el resto de España y el mundo, que esgrime que en 2010 las empresas catalanas vendieron más bienes y servicios al resto de España que en relación al resto del mundo junto. De los quince principales mercados de las empresas catalanas, diez son comunidades autónomas españolas, según el informe, que destaca que Cataluña vende más a Murcia (1.917 millones de euros) que a Estados Unidos (1.411 millones) o a Aragón (6.761 millones) más que a Alemania (4.651 millones), entre otros ejemplos. Fruto de ese flujo interregional, las empresas catalanas gozarían de unos ingresos anuales de más de 48.000 millones de euros procedentes del resto de España, con un saldo comercial positivo de su balanza comercial de hasta 21.937 millones de euros anuales, mientras que respecto al resto del mundo habría un déficit de 18.329 millones. "Pero se contabiliza el comercio de bienes exclusivamente, porque el de servicios está menos estudiado", han matizado sin embargo los responsables del estudio.

Más que preocupante sería, en su opinión, el "efecto frontera" en las relaciones comerciales entre España y Cataluña que provocaría una secesión, como en los casos similares entre Chequia y Eslovaquia, Lituania y Letonia o Eslovenia y Croacia, con caídas del comercio entre ellas "de entre el 33 y el 66 por ciento". "Si las fronteras no cuentan, como alguien dice, hay ejemplos que lo desmienten rotundamente. La independencia supondría un descenso del 50% del comercio con el resto de España", ha dicho Caja.

Además del "evidente riesgo" de deslocalización de compañías catalanas, donde las diez más importantes "dependen del mercado español", igual de drástica sería la supuesta caída del PIB del 20,15%, es decir, de hasta 42.266 millones. "Los catalanes seríamos 5.600 euros más pobres al año y una de cada seis personas con empleo lo perdería", alerta el estudio, que insiste en desmontar la "panacea" que las exportaciones seguirían siendo las mismas a medio plazo, incluso a pesar de la secesión. "El resumen es que España sale muy a cuenta. Abandonar España tiene un impacto sensiblemente superior del que tendría la salida de Cataluña de la Unión Europea", ha concluido Caja.

Convivencia Cívica Catalana es una coordinadora de entidades cívicas y ciudadanos que se constituyó en 1988 y que tiene entre sus fines estatutarios "actuar contra todo tipo de discriminación, ya sea por causa de sexo, raza, origen, lengua, opinión o credo, y defender la pluralidad cultural, educativa y lingüística".

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