Prisiones concede el tercer grado a Uribetxebarria
La decisión permite al secuestrador de Ortega Lara, que sufre un cáncer terminal, solicitar la libertad condicional. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido un informe para saber si puede ser tratado en la cárcel.
Madrid/La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado al preso etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga, han informado fuentes de Prisiones. La decisión ha sido adoptada después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa (Álava) haya informado favorablemente sobre la procedencia de clasificar en tercer grado al etarra, condenado por secuestrar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y que permanece ingresado en el Hospital Donostia de San Sebastián.
Esta clasificación penitenciaria permitirá ahora a Uribetxebarria Bolinaga solicitar el acceso a la libertad condicional, sobre la que también tiene que pronunciarse Prisiones, aunque la última palabra la tiene el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro.
La concesión del tercer grado penitenciario obedece a la normativa vigente contemplada en el Reglamento Penitenciario, que en su artículo 104.4 contempla la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Dicho precepto establece que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad".
La abogada del preso, Ainhoa Baglietto, ha pedido al juez que una vez que conociera la decisión de Instituciones Penitenciarias acelere su decisión sobre la puesta en libertad del recluso. La letrada le ha expuesto al juez que dada la gravedad de su enfermedad no es necesario esperar hasta el próximo lunes, tal y como anunció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias propone que su libertad condicional quede sometida al cumplimiento de unas normas de conducta, como el alejamiento de sus víctimas. "Esta Secretaría General entiende que, a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia", señala la nota.
Prisiones exige que el recluso cumpla "unas estrictas reglas de conducta" para su libertad condicional, entre ella, el alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas, así como la prohibición de ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia. Además, sugiere que se le prohíba participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de la banda terrorista ETA, y que haga declaraciones que conlleven desprecio o desconsideración de las víctimas del terrorismo.
Dichas pautas deberá incluirlas la Junta de Tratamiento en el expediente de libertad condicional de Uribetxebarria para que sean sometidas al criterio del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, "al margen de cualesquiera otras que considere oportunas". La decisión de otorgar el tercer grado al etarra será notificada al Ministerio Fiscal, que podría recurrirla, y entonces debería resolver el juez de vigilancia penitenciaria.
El juez quiere saber si Uribetxebarria puede ser tratado en la cárcel
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a la petición de la Fiscalía de solicitar un informe forense en el que se detalle el estado de salud de Uribetxebarria para determinar si el cáncer que padece puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios. Así lo ha acordado el magistrado en una providencia en la que pregunta por la evolución de la enfermedad del terrorista, "pronóstico de la misma a corto-medio plazo", el plazo y el lugar adecuado para el tratamiento de su dolencia.
Pedraz, que ha adoptado esta decisión en sustitución del juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, solicita además a la cárcel y a los servicios centrales penitenciarios que informen sobre el tratamiento que el condenado está recibiendo en la actualidad, así como su capacidad para "tratar adecuadamente este tipo de dolencias". El magistrado atiende así al fiscal Jesús Alonso, que le pidió que reclamase un informe forense que detallara el estado de salud del preso etarra y que determine si el cáncer que padece puede ser tratado "adecuadamente" por los servicios penitenciarios hospitalarios.
También ha accedido a solicitar a Instituciones Penitenciarias que le aporten el expediente administrativo que haya podido abrir al recluso, que cumple su décimo día en huelga de hambre, para acordar su libertad condicional por enfermedad grave.
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