Interior dice que ofreció apoyos para detener a Puigdemont y los Mossos los rechazaron

El Gobierno responde al requerimiento del juez Pablo LLarena sobre la nueva fuga de Puigdemont

Afirma que activó un dispositivo en puertos, aeropuertos y frontera con Francia cuando se supo que había huido

Bochorno nacional por la fuga de Puigdemont

Fernando Grande Marlaska, en una imagen de archivo / Ricardo Rubio / Europa Press
Efe

13 de agosto 2024 - 13:14

 El Ministerio del Interior ha remitido un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que explica que ofreció a los Mossos d'Esquadra "cualquier apoyo operativo" para detener al ex presidente catalán Carles Puigdemont, si bien la policía catalana no requirió "tales apoyos, más allá de los habituales".

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska responde así al requerimiento del magistrado, que reclamó a Interior y a los Mossos sendos informes sobre el operativo planificado para arrestar a Puigdemont el pasado jueves, cuando logró entrar en Barcelona, dar un breve discurso en la calle antes de la sesión de investidura de Salvador Illa, y después huir sin ser arrestado.

Según Interior, "dada la competencia y capacidades operativas" de los Mossos "como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa", la Policía Nacional y la Guardia Civil no realizaron "operativos paralelos específicos para garantizar la seguridad del acto de investidura" y el arresto de Puigdemont en los alrededores, a la entrada o dentro del Parlament "en el marco de dicho servicio".

En cualquier caso, indica, desde los días previos al jueves y ese mismo día, se mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en Barcelona.

Según informa el Ministerio en un comunicado, Interior ofreció a la policía catalana apoyo operativo, "sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio e información e inteligencia".

Los Mossos, añade, informaron al ministerio del diseño de su dispositivo para detener al expresident, sobre quien pesaba una orden de arresto del Supremo por malversación en el 'procés'.

Cuando supo que Puigdemont había vuelto a huir, Interior dio instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña, para activar "los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos" para localizarle y detenerle, explica.

Se reforzó la vigilancia de puertos y aeropuertos en Cataluña y hasta las 24 horas del pasado sábado se establecieron dispositivos operativos en algunas vías, sobre todo las próximas a la frontera con Francia, aunque las de alta capacidad -apunta el informe- quedaron bajo responsabilidad de los Mossos.

Interior asegura que el arresto del expresidente catalán "ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio".

Según el informe, en los dispositivos de control y vigilancia establecidos por la Policía y la Guardia Civil en la frontera con Francia, en los puertos y en los aeropuertos "no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont".

Recuerda que el Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores, lo que dificulta "que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento".

El código de fronteras Schengen abre la posibilidad de restablecer temporalmente los controles en fronteras interiores, pero debe justificarse por la existencia de una amenaza grave.

Esto, explica Interior, ha ocurrido varias veces "de forma excepcional", como durante la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 2022, o en 2020, con la crisis sanitaria de la COVID-19.

Pero es una medida "de último recurso" que no está prevista para supuestos como el objeto de este informe, zanja.

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