La Justicia impregna la política

La última noticia habría provocado titulares de portada y, probablemente, escándalo: el juez Aguirre pide al Supremo la imputación de Carles Puigdemont, Artur Mas y Gonzalo Boye, entre otros, por sus vinculaciones con la trama rusa supuestamente vinculada a la financiación del proceso independentista catalán. 

Sin embargo, son tantas las noticias relacionadas con la Justicia y con la Fiscalía, con los indultos a la carta tan habituales en este Gobierno –a la carta porque favorecen fundamentalmente a socialistas–, con la ley de amnistía que los propios gobernantes consideraban inconstitucional hasta que la exigieron los independentistas a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez, y tantos los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales y ahora la Fiscalía Europea, que es imposible moverse en ese laberinto en el que la mayoría de las decisiones políticas están condicionadas por sentencias judiciales o pronunciamientos de la Fiscalía.

El espectáculo es desolador, porque los mismos dirigentes que defendían o cuestionaban leyes, se pronuncian ahora en sentido contrario, a conveniencia. Los mismos catedráticos y expertos que defendían o cuestionaban leyes se pronuncian ahora en sentido contrario, también a conveniencia. Y en la Fiscalía, los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Supremo que condenaron a los promotores del procés, y que forman parte del grupo de fiscales más prestigiosos de España, se han visto desautorizados por Álvaro García Ortiz. No se conformó con esa desautorización, sino que convocó la Junta de Fiscales, órgano supremo de la fiscalía pero cuyas decisiones no son vinculantes, y consiguió que, por la mínima, se pronunciara como deseaba él. Gracias a su voto pero también al de Dolores Delgado, a la que Ortiz promovió a fiscal de Sala, nombramiento que rechazó el Supremo por no cumplir los requisitos, y que, sin embargo, no sólo no ha asumido aún la resolución del Supremo sino que votó aunque en buena ley no podía hacerlo pues no es fiscal de Sala.

En España gobierna un presidente que no tiene límites para alcanzar sus objetivos. El jueves promovió a través de la ley de paridad que el PP no puede utilizar su mayoría absoluta en el Senado para bloquear el techo de gasto. La mayoría de los letrados lo consideran ilegal, pero mientras se eleva recurso a órganos superiores, el Gobierno y sus socios pueden promover iniciativas presupuestarias sin tener en consideración su precariedad parlamentaria en la Cámara Alta.

El novio de Ayuso

El foco está puesto, en cambio, en cuestiones de mayor alcance. El principal, la situación en la que se ha movido la mujer de Sánchez, que según un número alto de profesionales de la judicatura y la Fiscalía podría haber incurrido en delito. De hecho, ha sido imputada y deberá responder ante un tribunal y ante una comisión parlamentaria de investigación.

Begoña Gómez, con la ayuda indispensable de destacados socialistas y de empresarios que han logrado beneficios gracias a su intermediación ante el Gobierno, ha conseguido de momento que no se le aplique lo que sí se aplicó a tantos militantes e incluso dirigentes de su partido, la baja del PSOE mientras no se clarifica su situación judicial, o la expulsión. Sí se ha aplicado a dos personas relacionadas con algunas de las operaciones de Gómez, el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. También podría repercutir en el futuro profesional del rector de la Complutense, por permitir la adjudicación de una cátedra sin que la mujer del presidente contara con la titulación exigida, así como no llevar el menor control sobre los patrocinadores de la cátedra.

Para Sánchez, sus ministros, colaboradores y cargos del PSOE, todas estas noticias son bulos, maniobras de la oposición, jueces que no respetan la debida imparcialidad y un grupo de periodistas críticos con el Gobierno, que se mueven en el “fango” empujados por oscuros intereses. Sin embargo, la realidad es tozuda y las pruebas –no indicios, sino pruebas– de que personas del sanchismo se mueven en la ilegalidad son contundentes.

Las más graves se refieren a la ley de amnistía aprobada con urgencia para permitir así que los condenados por el procés puedan ser amnistiados con su certificado de penales completamente limpio y en condiciones de recuperar su actividad política.

Distintos jueces y fiscales coinciden en que, en el caso de que el Constitucional diera luz verde a la ley, no podría afectar a los condenados por malversación. Es el motivo de que el fiscal general, que cumple órdenes del Gobierno, llevara el asunto a la Junta, advirtiendo previamente de que no aceptaría el resultado si era negativo –no lo ha sido por un voto– y que no pensaba dimitir. García Ortiz tiene abierto un procedimiento judicial porque el novio de Ayuso presentó una querella por la falta de respeto a su intimidad al difundir la Fiscalía de Madrid una nota en la que se daba información sobre su situación fiscal y las negociaciones que mantenía con la Agencia Tributaria para llegar a un acuerdo. La propia fiscal de Madrid alertó al fiscal general sobre la ilegalidad de difundir ese tipo de datos, pero se mantuvo la orden de enviar el comunicado a los medios, y la fiscal madrileña se ha visto obligada a comparecer ante el juez, donde se ratificó en lo que había dicho sobre sus reticencias.

La Fiscalía Europea

Para Sánchez, la amnistía es clave. Para su futuro presidencial pero también para apuntarse un tanto y conseguir que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat e impedir que lo sea Puigdemont o que, en una segunda vuelta, ERC y Junts se presenten unidos y gobiernen los independentistas. Ocurre que con el paso de los días se hace cada vez más complicada la situación. La de Begoña Gómez y la de los condenados por el procés. Sólo ahora Sánchez ha comprendido, al fin, lo que advertían profesionales del Derecho: que incluso si el TC decide que la ley es constitucional –apenas nadie duda de que será así, gracias a la ayuda inestimable de Cándido Conde Pumpido– la aplicación de la ley corresponde a los jueces. Y ahí el Supremo tiene la última palabra, analizando caso por caso, ajeno a las promesas de Sánchez. 

Es lo que más inquieta ahora a Puigdemont, que ha perdido la inmunidad de eurodiputado porque no se presentó a las europeas convencido de que presidiría la Generalitat, y además el independentismo vive con preocupación la escisión de ERC, con Rovira dando instrucciones desde Suiza puenteando a Junqueras.

En el Supremo admiten abiertamente que es difícil tomar decisiones cuando llegan tal cúmulo de informaciones que afectan directamente a la aplicación de la ley. Lo último, el debate sobre si ha habido delito de malversación. La idea inicial era promover ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial apoyada por informes que demostrarían que se intenta aplicar la amnistía a personas que han cometido delitos de terrorismo y malversación, para los que la justicia europea no admite amnistía. Pero también está abierto el camino de recurrir a la Fiscalía Europea para que detenga el borrado delictivo de personas condenadas por el Supremo y que han promovido acciones que en varios países serían consideradas intentonas golpistas.

Esa puerta, la de la Fiscalía Europea, ha provocado alguna desazón, pues el fiscal español es hermano de un ex senador socialista. Sin embargo, una fuente de esa institución europea apunta que el senador abandonó el partido por discrepancias con Sánchez, y que su hermano ha demostrado una profesionalidad indiscutible en casos en los que ha actuado. En cualquier caso, hay un hecho evidente: en la España actual, la política está pendiente de decisiones judiciales, serán los tribunales los que determinarán quiénes mandarán, durante cuánto tiempo, y con qué socios. Determinará incluso si la mujer del presidente ha tenido un comportamiento ejemplar.