La relación de Begoña Gómez y Globalia, el foco de la investigación

Pedro Sánchez ha anunciado de forma sorprendente esta tarde que cancela su agenda y que el lunes anunciará "si continuar al frente del Gobierno o renunciar". El presidente del Gobierno ha enviado una carta a través de las redes sociales tras la apertura de diligencias judiciales contra su mujer, Begoña Gómez: "Necesito parar y reflexionar"

Los posibles delitos que se investigan de la esposa del jefe del Ejecutivo son el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El procedimiento ha sido puesto en marcha por el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid tras una denuncia del sindicato Manos Limpias en base a las actividades privadas de la mujer de Sánchez. En concreto, el juez quiere investigar las relaciones de Begoña Gómez con varias empresas que acabaron recibiendo fondos públicos o contratos con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La noticia sorprendió Sánchez durante la sesión de control, en la que respondió al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre su confianza en la Justicia. "Incluso en un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país", aseveró.

Según ha adelantado 'El Confidencial', entre las primeras diligencias ordenadas por el juez está la citación de varios testigos. La investigación se centra en la relación de Gómez con la empresa Globalia, que patrocina el IE Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE) que dirigió la esposa de Sánchez, cargo que abandonó en 2022.

Gómez se reunió con el dueño de Globalia, Javier Hidalgo, en medio del proceso de rescate de la compañía Air Europa y que fue finalmente rescatada por el Estado con una ayuda de 475 millones de euros.

UTE recomendada por Gómez

Asimismo, Gómez firmó en julio de 2020 dos cartas de recomendación a una UTE de empresas privadas que se presentó a un concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. El principal accionista de esa UTE es el empresario Carlos Barrabés, que participó en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

Pese a no presentar la oferta más barata, la UTE recomendada por Gómez se llevó los tres lotes a los que optaba. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones, logrando la máxima puntuación en los apartados de valoración subjetiva.

El autor de la denuncia, que se basa en informaciones periodísticas, es Miguel Bernad, dirigente del sindicato Manos Limpias, que fue condenado en su día a cuatro años de prisión por un delito de extorsión y otro de estafa, aunque el Tribunal Supremo acabó exculpándolo. La denuncia apunta al delito del artículo 429 del Código Penal, en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades "prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este" para conseguir una resolución que le genere directa o indirectamente un beneficio económico.

El delito de corrupción en los negocios lo regula el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes "prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad", un "beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros". Y también cometen ese delito quienes "reciban, soliciten o acepten" esos beneficios o ventajas.

Fuentes del PP indicaron que de la valoración remitida por La Moncloa a algunos medios de comunicación de la información que confirma que existe una investigación judicial abierta contra Begoña Gómez "se desprende que el departamento de Comunicación del Ejecutivo ya da cobertura también a la pareja de Pedro Sánchez y no sólo al presidente del Gobierno" y que Sánchez "pretende poner a la Abogacía del Estado a disposición de su mujer". "El Gobierno de España ha anunciado hoy que pondrá medios y empleados públicos a disposición de una ciudadana que, por mucho que sea la mujer del presidente, no tiene derecho a soporte jurídico pagado por todos los españoles", afirmaron.