El sector de la Abogacía de Granada reclama medidas para facilitar la conciliación como vía para alcanzar la igualdad
8-M
El Colegio de Abogados de Granada reivindica, en un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la necesidad de regular las causas de suspensiones y modificar el sistema de plazos y señalamientos
Granada/El Colegio de Abogados de Granada ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Administración de Justicia incorpore mayores medidas de conciliación para facilitar una igualdad real y efectiva en el ejercicio profesional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.
Así lo ha demandado la diputada Cuarta y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Corporación, Inmaculada Vinuesa, durante el acto con el que la Abogacía granadina ha conmemorado la efeméride bajo el título 'Desde la Igualdad formal, reformas en materia de Familia y en el ámbito Laboral. Nuevas formas de desigualdad: la discriminación indirecta'.
"Queremos celebrar cómo, en el camino hacia el reconocimiento de la igualdad real y efectiva, el colectivo profesional de abogadas y abogados hemos estado presentes también, aportando nuestro granito de arena en las modificaciones que se han ido produciendo, entre otras, en materia de Familia y Laboral", ha expresado Vinuesa durante el evento.
La diputada ha incidido en que las reformas en Derecho de Familia han sido claves para la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. En este sentido, ha recordado que "no pocas defensas de nuestro colectivo se han articulado sobre el principio de corresponsabilidad, lo que ha contribuido a que, hoy día, la custodia compartida no sea una excepción y a dotar de mayor protagonismo al progenitor". "La sociedad en Igualdad empieza en la familia que es el vehículo fundamental de transmisión de roles", ha añadido.
Según un sondeo realizado en 2021 por la Corporación profesional con el objetivo de conocer la situación real en materia de igualdad y estudiar posibles medidas de solución o recomendaciones, dos de cada tres colegiados (el 65,5%) sostiene que tiene problemas para lograr un equilibrio entre vida laboral y personal, siendo el principal motivo la inexistencia en la profesión de medidas conciliatorias efectivas, seguido de los plazos procesales y los señalamientos.
"Aunque los datos recabados desvelan que no existe discriminación directa en el ejercicio profesional, sí que hemos detectado obstáculos a los que se enfrentan los abogados y abogadas granadinos a la hora de conciliar y que afectan especialmente a las letradas”, ha explicado la diputada.
Por ejemplo, el 82% de los encuestados admite que una mujer abogada tiene más dificultades que un compañero varón para dedicarse al ejercicio profesional en caso de maternidad/paternidad. Por eso, el Colegio de Abogados de Granada insiste en la importancia de que las administraciones competentes introduzcan iniciativas en este sentido, como la regulación de las causas de suspensión de juicios en caso de enfermedad del letrado o familiares o en supuestos de maternidad y paternidad, el respeto del mes de agosto como inhábil a todos los efectos o el establecimiento de un sistema de plazos y señalamientos que no interfiera en el derecho al descanso de los letrados.
"Aunque el mes de agosto es inhábil a nivel judicial, la abogacía sigue recibiendo en ese periodo notificaciones que debe atender de forma inmediata en muchos casos para respetar los plazos procesales y no causar perjuicios a los ciudadanos", argumenta Vinuesa.
Como consecuencia, el 47% de los profesionales asegura nunca disfruta de un mes completo de vacaciones al año y otro 27,2% sostiene que solo consigue 30 días de descanso de forma interrumpida.
"En tanto llega la demandada regulación, el Colegio impulsa políticas en materia de Igualdad cumpliendo con los principios rectores de la Guía de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación para Colegios de la Abogacía del CGAE en la que se encuadrarían los criterios de actuación ya alcanzados por la Abogacía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado mes de octubre, con la firma del Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia que establece unas pautas generales sobre las relaciones entre los diferentes operadores jurídicos", ha asegurado la diputada.
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