Acusados dos empresarios por reetiquetar productos caducados

Poner en riesgo la salud humana es algo muy serio y puede constituir un delito. No existen muchas causas abiertas en los juzgados por fraudes alimentarios, pero la Fiscalía de Granada hizo público ayer un caso, detectado en Zujaira, que podría derivar en una condena de dos años de prisión para sus implicados. El procedimiento se encuentra en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital y se sigue contra dos empresarios que, presuntamente, realizaban prácticas de manipulación de alimentos prohibidas.

La causa se halla a las puertas de juicio, en la fase en la que las partes califican los hechos. En ella están acusados José Antonio C.A. y José Antonio R.S., para quienes la Fiscalía ha solicitado, además de los dos años de encierro, cinco de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio. Este diario ha tenido acceso al escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, que considera que ambos comerciantes cometieron un posible delito contra la salud pública; uno como autor y el otro como cooperador.

Fueron miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Granada los que descubrieron este presunto fraude alimentario. Según relata la Fiscalía, el Seprona, a raíz de interceptar y registrar un camión de la empresa de José Antonio C.A. que contenía alimentos sin etiquetar, tenía sospechas de que en las instalaciones de su propiedad "se realizaban prácticas de manipulación de alimentos para su posterior distribución entre el público". Y ante la posibilidad de que estas operaciones pudieran constituir un peligro para la salud pública, el día 8 de mayo de 2012 por la tarde los agentes realizaron un registro en la nave industrial de este acusado.

Allí encontraron una máquina para confeccionar etiquetas junto a dos ordenadores, impresora y fotocopiadora, elementos todos ellos que supuestamente eran utilizados " para el reetiquetado del producto". También hallaron en las instalaciones diversas máquinas de corte, picado y envasado de carne; bolsas de plástico para envasar alimentos; diversas etiquetas a nombre y con número de registro sanitario de diferentes empresas; y un considerable número de alimentos, "algunos de ellos sin etiquetar y otros en bolsas abiertas sin cerrar, en las que figuraba una fecha de caducidad caducada".

La Guardia Civil inmovilizó entonces los productos encontrados (cerca de 10.500 kilos de alimentos que ya han sido destruidos), y envió el día 10 de mayo al veterinario oficina del dispositivo de apoyo del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada para llevar a cabo una inspección. Durante la misma se observaron "numerosas irregularidades, todas ellas significativas desde el punto de vista de afectación a la salud pública".

La empresa, para empezar, carecía de Autorización Sanitaria de Funcionamiento y no estaba inscrita en el Registro General Sanitario de Empresa Alimentarias y Alimentos. "En realidad, -indica el escrito- aunque la empresa se dedicaba de facto al almacenamiento, elaboración, envasado, y distribución de productos cárnicos, lácteos y conservas, solo tenía una licencia municipal como almacén polivalente de alimentos". Tampoco disponía la empresa -según prosigue- de procedimientos operativos sobre aspectos básicos de higiene, necesarios para las actividades que desarrollaba o Planes Generales de Higiene de control de agua apta para el consumo; limpieza y desinfección; control de plagas, desinsectación y desratización; mantenimiento de instalaciones o equipos, control de la cadena de frío y temperaturas; formación de manipuladores; eliminación de residuos; y certificación de proveedores. Otras de las irregularidades observadas fueron que no se podía garantizar el cumplimiento de los criterios microbiológicos en los productos alimenticios que elaboraba, transformaba, envasaba o comercializaba.

José Antonio C.A. tenía en el establecimiento un gran número de productos "no identificados" y se le acusa de incurrir "en incumplimientos graves de etiquetado, marcado sanitario y reetiquetado de productos de manera incorrecta y fraudulenta". Presuntamente, guardaba alimentos "con alteraciones organolépticas visibles" y "productos adulterados y no aptos para el consumo humano por alteraciones microbiológicas", además de "alimentos con fecha de caducidad cumplida". Para la inspección dichas irregularidades "constituían deficiencias graves que suponían un riesgo inminente y extraordinario para la salud humana".

La Fiscalía señala que esos productos alimenticios "eran adquiridos por el acusado en minoristas de alimentación, restauración o comedores colectivos de la provincia de Granada", y que, "si bien algunos de ellos se distribuían sin manipulación, otros eran loncheados, troceados, picados y envasados al vacío, siendo reetiquetados con una denominación, lista de ingredientes y fecha de caducidad o lote asignados por el acusado de manera aleatoria y sin ningún tipo de estudio técnico, de laboratorio o de vida útil".

En el reetiquetado -siempre según la acusación pública- se usaba un número de registro sanitario que correspondía a empresas reales. Una de ellas, con sede en Vélez Rubio (Almería), era del otro acusado, José Antonio R.S., a quien el fiscal considera "cooperador necesario" en los hechos.