El juez del caso Alhambra pide al BBVA los datos de los directores de 18 oficinas

El juez Miguel Ángel del Arco, que investiga el presunto fraude en la venta de entradas y control de accesos a la Alhambra y el Generalife, ha solicitado al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que identifique a los directores de 18 sucursales de la entidad donde uno de los últimos informes periciales aportados a la causa sitúa presuntas anomalías en la venta anticipada de billetes entre los años 2002 y 2005.

En una providencia dictada el pasado 19 de marzo, a la que ha tenido acceso este diario, el juez pide exactamente al BBVA que le remita, "lo más pronto posible", los datos de identidad de los responsables de esas oficinas, donde "según el informe pericial pueden haberse cometido irregularidades y perjuicios económicos para el turismo". En dichas sucursales, de acuerdo con las conclusiones de la mencionada prueba pericial contable, se habrían reservado "más de 1.000 entradas incumpliendo la normativa".

La nueva petición del magistrado, que es el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, se produce después de citar como imputados en las últimas semanas a una veintena de taquilleros del conjunto monumental, con los que el número de encausados que figura en las actuaciones asciende ya a más de 80.

En la nueva providencia, el instructor también reclama a la entidad financiera la identidad de los usuarios que han realizado anulaciones y cancelaciones. En concreto, quiere que le remita los datos de identidad de todos los empleados de la entidad BBVA "que han llevado a cabo anulaciones y cancelaciones de entradas y que aparecen en las mismas".

Junto a ello, ha citado para el próximo lunes al experto que ha realizado la reveladora prueba pericial, el perito auditor Francisco Castillo, así como a su equipo auxiliar de trabajo, para que ratifiquen ante él sus conclusiones.

El juez Del Arco advierte de que el perito ha apreciado "incumplimientos" en el cupo de agentes autorizados, así como en el de particulares, en el período comprendido entre 2002 y 2005. En el primer cupo, detalla, por ejemplo, que "generalmente no coinciden los números de los códigos asignados a los agentes autorizados con los nombres que figuran en las ventas efectuadas". En cuanto al segundo, el de entradas vendidas a particulares, la entidad, a juicio del perito, habría "incumplido de forma generalizada toda la normativa en vigor en el año 2002 a 2005". Por ejemplo, "ha vendido algunos días a la misma agencia más de 800 entradas", o "ha vendido a personas físicas más de cinco entradas por día; en muchas ocasiones ha vendido a la misma persona más de 200 entradas el mismo día".

El presunto fraude de entradas a la Alhambra se destapó en el verano de 2005, a raíz de una denuncia presentada por la responsable de una agencia de viajes de la capital. Entre los imputados figuran agentes turísticos, empleados del BBVA y, en su mayoría, trabajadores del Patronato que gestiona el monumento. Éstos últimos han defendido su inocencia desde el principio.