La trama de la Alhambra salpica al secretario de la Federación de Rugby

Granada/Eliseo Patrón-Costas, actual secretario general de la Federación Española de Rugby (FER), es una de las personas investigadas por la Policía y el Juzgado que instruye el caso de la supuesta trama de contratos ilegales en la Alhambra. Junto a la que fue directora del monumento, María del Mar Villafranca, y otras personas que formaron parte de la cúpula dirigente del monumento, el directivo aparece en la lista de los presuntos integrantes de una "organización criminal" que se habría favorecido de contratos millonarios durante años.

Este empresario y abogado, una figura que ha cobrado relevancia en los despachos del deporte nacional, y del rugby en particular, no es sólo noticia por su presunta implicación en este caso de la Alhambra. También ha sido el encargado de elaborar, junto a los servicios jurídicos de la Federación Española, las alegaciones de esta en el caso de las alineaciones indebidas de varios jugadores franceses con la selección española de rugby, que finalmente dejaron al equipo nacional fuera del Mundial de Japón del año que viene, pero cuyo fundamento jurídico está poniendo en muchos aprietos a la Federación Internacional de este deporte (World Rugby).

Al mismo tiempo, Patrón-Costas ha sido objeto de una investigación por sus negocios en la Alhambra. Como representante legal de la empresa Servicio de Intermediación Comercial Nomade SL (SIC Nomade), podría haber recibido un "trato de favor" continuado de los dirigentes del monumento en la adjudicación de jugosos contratos sin cumplir la normativa legal de transparencia y libertad de acceso a las licitaciones.

Tras la operación policial Colina Roja II, que consistió en la detención de 26 personas el pasado 8 de mayo, Patrón-Costas y el resto de investigados permanecen a la espera de ser citados para declarar ante el juez. Se les imputan los presuntos delitos de fraude a la administración, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Este empresario ya compareció ante la Policía y declaró entre 2015 y 2016. Un informe policial de la Udef, al que ha tenido acceso este periódico, lo vincula con la que era secretaria general de la Alhambra, Victoria Chamorro. "Es una relación de amistad manifiesta desde hace años, dándose la circunstancia de que ambos viven a escasos cien metros" en una localidad del área metropolitana de Granada. En su comparecencia policial, el investigado habría admitido que tenía "relación" con esta directiva del monumento desde que se encargaba de la gestión del aceite de oliva y que más tarde le fueron adjudicados otros contratos.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada que investiga este caso recibió el año pasado un amplio informe de auditoría realizado por la Junta de Andalucía sobre la actividad en la Alhambra durante años. En aquel documento, los interventores autonómicos hicieron especial hincapié en los contratos recibidos por Patrón-Costas, especialmente los del aceite, que podrían haber supuesto un serio agujero económico para las arcas públicas.

La auditoría pone de relieve las "graves irregularidades" de los contratos de producción y comercialización de las aceitunas de la Alhambra y sus derivados. La explotación comienza en 2008 con la entrega de toda la cosecha a Eliseo Patrón-Costas, una persona que ya tenía relación con el Patronato porque ese mismo año se convirtió en el adjudicatario del servicio de comercialización de la Alhambra, lo que en la práctica (y según el informe de la Junta) significó que se convirtió en el "director comercial" del monumento, con oficina, teléfono y correo corporativo, sin ser personal del Patronato.

A pesar de existir ya esa relación contractual, el Patronato le adjudicó un nuevo contrato de distribución y venta relacionados con las aceitunas del Generalife, de modo que la Alhambra "le pagaba por vender el aceite (15.998 euros) propiedad de éste (le era cedido) sin que quedase constancia en ningún momento del uso que de este aceite hacía el receptor y de los ingresos que le podía generar, ingresos que en ninguno de estos casos acabaron en la tesorería del Patronato", sintetizaba el auditor.

Más tarde, en 2011, la situación cambió un poco con la adjudicación de un contrato a la misma persona, pero esta vez a través de su empresa, SIC Nomade SL (que también está imputada en el mismo caso judicial). Es un contrato menor (no hay concurso abierto) por seis años, lo que ya incumple la ley, que lo limita a un solo ejercicio. El informe de la Intervención pone en duda que las otras dos empresas que había que invitar a la contratación participaran de verdad, por la vinculación con la del adjudicatario final. Al final el negocio estipulado consistía en que, a diferencia de antes, ahora Patrón-Costas debía pagar un canon variable al Patronato en función de las ventas de aceite envasado, aunque seguía asumiendo la propiedad de la aceituna, de las ventas a granel y se le otorgaba la explotación de marcas como "Alhambra" o "Dehesa del Generalife".

La auditoría destaca el importante "desequilibrio" de este contrato, porque "el Patronato incurre en gastos importantes de recogida y transporte de aceituna y el beneficiario no tiene ningún gasto fijo porque ni siquiera se le obliga a comercializar el aceite". Obtiene la cosecha completa "de forma discrecional y gratuita" y el derecho a explotar la marca. Tenía que pagar solo un canon variable en función a las ventas que el propio contratista declarara anualmente, puesto que no había control ni seguimiento por parte de los responsables de la Alhambra, como pone de relieve el informe.

Además, los costes de envasado o etiquetado que en principio correrían a cargo de la empresa privada, al final también acabaron repercutiendo en el Patronato, que licitó otros pequeños contratos adjudicados a la misma sociedad, para pagar esos gastos. Es decir, la Alhambra le daba la aceituna, pagaba sus gastos de extracción, transporte y envasado y el contratista se llevaba los beneficios de las ventas, de los cuales solo debía abonar a la Alhambra el canon porcentual que quisiera declarar voluntariamente. Además vendía al propio Patronato el aceite que necesitaba para protocolo al precio de mercado de 3,5 euros la botella.

Consta que la Alhambra llegó a ingresar por este negocio 9.076 euros, aunque pagó 27.000 euros al año en gastos de recolección y transporte, así como 21.525 euros en contratos de comercialización y envasados al mismo adjudicatario de la aceituna. El informe dice que estos desequilibrios fueron comunicados en 2014 por personal del monumento a la secretaria general, sin que hubiera cambios en el contrato, que siguió en vigor hasta su fin (2015).

La Policía ha realizado en los últimos meses un nuevo informe de más de un millar de folios que acaba de llegar al Juzgado y en el que se prevé que habrá nuevos detalles sobre las actividades y el patrimonio de los investigados.