Alhambra: 204 contratos y 6,2 millones de gestión irregular

Granada/Más de 200 contratos administrativos por valor de 6,2 millones de euros, adjudicados a solo siete personas o a sus empresas, y mediante procesos plagados de irregularidades en los que se "omitían las normas básicas de concurrencia". Ésta es una parte de la larga lista de actuaciones fuera de la ley detectadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía en la gestión del Patronato de la Alhambra y Generalife durante al menos una década.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga la supuesta organización "criminal" de dirigentes, empleados y empresarios en la Alhambra para la adjudicación a dedo de contratos a conocidos y familiares, acaba de recibir el informe definitivo de la demoledora auditoría interna encargada por la propia Junta de Andalucía cuando se produjo la detención de la anterior cúpula directiva del monumento, en julio de 2015. Fue la propia consejera de Cultura, Rosa Aguilar, como consta en la documentación remitida, la que pidió la elaboración de este estudio financiero exhaustivo.

La Junta, que está personada en este caso como acusación particular (como supuesta perjudicada por la actuación de los anteriores dirigentes), ha remitido el informe al Juzgado, dado el contenido del mismo, en el que el interventor denuncia "la posible existencia de menoscabo en fondos públicos" y recomienda "la adopción de las medidas necesarias" de carácter judicial para asegurar los derechos de la Junta de Andalucía.

El ámbito temporal de la auditoría es de 2011 a 2014, pero el análisis se ha hecho extensivo tanto a años anteriores como hasta la actualidad cuando el interventor detectó irregularidades que se alargaban en el tiempo. De hecho, se han analizado contratos que se remontan en algunos casos hasta 2005 y muy habitualmente a 2007 o 2008, que son los años en los que se comenzaron a realizar la mayoría de las adjudicaciones irregulares al pequeño grupo de personas o empresas señaladas.

La auditoría se limita a señalar las irregularidades desde un punto de vista técnico y jurídico y no hace mención a otras consideraciones como los supuestos vínculos de esas personas y empresas con los dirigentes que permitían las adjudicaciones. Sin embargo, los mismos nombres aparecen en los informes policiales y autos judiciales del sumario de este caso como personas con fuertes vínculos personales o familiares con la anterior cúpula de la Alhambra.

El caso Audioguías comenzó con una denuncia sobre la adjudicación de este servicio a una empresa que no habría hecho efectivo durante años el canon que debía pagar a la Alhambra por los ingresos que le reportaba el alquiler de los aparatos a los turistas. La auditoría elaborada por la Junta dedica un amplio capítulo a este asunto y detecta también "graves irregularidades" que habrían provocado una merma en los ingresos de la Alhambra con el consentimiento y la participación activa de sus máximos dirigentes.

En particular, el informe hace mención del papel relevante que tuvieron los que fueron jefe de la Sección Económica y de Contabilidad, José María Visedo; la secretaria general, Victoria Chamorro, y la directora del Patronato, María del Mar Villafranca.

Esta última "carecía de competencia" para dictar ciertos acuerdos de compensación que permitieron reducir la deuda que la empresa de las audioguías debía abonar a la Alhambra, concluye el informe. Según el auditor, durante sucesivos años, los responsables del Patronato reconocían deudas sin justificación que el monumento tendría con la adjudicataria de las audioguías, a fin de ir reduciendo el importe del canon que la sociedad no ingresaba nunca, mediante procesos de compensación de deudas irregulares. Todo esto se acompañaba, según el informe, con modificaciones del contrato original y su prórroga (2007 a 2015) -"al margen de cualquier precepto legal"- que favorecían a esta empresa y perjudicaban a las arcas públicas.

Aunque la investigación de las audioguías fue el origen del caso judicial y sigue siendo el núcleo fundamental, el juez instructor Antonio Moreno amplió en 2016 el ámbito de la investigación a muchos otros contratos, personas y empresas. La auditoría interna, recién incorporada al sumario, aporta enormes coincidencias con muchas de las conclusiones aportadas ya hace meses por la Policía Judicial respecto a todos esos contratos y adjudicatarios beneficiados. Desde un punto de vista técnico, el análisis es muy detallado.

Uno por uno desglosa todos los contratos adjudicados a cada una de las siete personas y sus respectivas empresas, de modo que al final se establece un recurrente modo de actuación habitual.

Según expone el interventor de la Junta, estos contratos parecen haberse concebido para establecer relaciones laborales en la práctica. Es decir, que determinados puestos de trabajo del Patronato de la Alhambra eran cubiertos por personas que accedían a ellos mediante estos contratos de prestación de servicios, lo que supone una irregularidad en sí mismo, aunque además se suman la deficiencias reiteradas en la concurrencia de esos contratos. Es decir, que los que conseguían la adjudicación acababan trabajando en el Patronato, incluso con cargos directivos y con teléfonos y correos corporativos de la Junta de Andalucía.

La mayoría de contratos obtenidos por estas personas que la Policía vincula como amigos, vecinos, esposas, cuñados o yernos de los dirigentes de la Alhambra, obtuvieron sus primeros contratos con el Patronato entre los años 2005 y 2009 con enormes carencias en los requisitos económicos y técnicos exigidos. Algunos aportaban solo su curriculum vitae y ni siquiera tenían formación vinculada al objeto del contrato. Pero la concurrencia era nula, pues se hacían contratos menores (en muchos se repetía el objeto) o negociados (no había concurso público).

Coincide en muchos de los casos analizados que se invitaba siempre a las mismas personas o empresas a participar en esos procedimientos negociados de adjudicación, pero que siempre desistían, salvo el contratista habitual. En algunas ocasiones, esos supuestos competidores eran personas que luego formaban parte del equipo de trabajo del adjudicatario o empresas del mismo grupo que la sociedad beneficiaria. "Resulta evidente la intención de adjudicar a persona o empresa concreta los contratos", expone el auditor, quien también pone de relieve la "invitación reiterativa a estas empresas por parte del Patronato cuando una vez tras otra desisten de presentar oferta", en relación a los supuestos concurrentes, pues la normativa exige que haya al menos tres aspirantes.

La auditoría destaca el cambio que se produjo en 2011, cuando esos contratos adjudicados a personas se fueron reconvirtiendo en servicios prestados por empresas cuyos propietarios eran los mismos contratistas de antes y que se creaban días antes del proceso de licitación en la Alhambra. Es más, era habitual que el monumento fuera el único cliente de esas sociedades.

Uno de los investigados declaró a la Policía que los responsables de la Alhambra le pidieron que creara una empresa en 2011 para prestar el mismo servicio que tenía adjudicado.

Al final el resultado debía de ser parecido pues durante las fechas de la elaboración de la auditoría la Alhambra contaba con 325 puestos de trabajo, de los cuales solo 276 están dotados presupuestariamente. "En la estructura del Patronato se encuentran integradas 15 empresas externas desarrollando funciones diversas que en total aportan 60 trabajadores", expone el interventor.

Los detalles de este informe y sus demoledoras conclusiones, que ponen en cuestión la gestión de una década, serán expuestas por la propia consejera de Cultura, que tiene previsto solicitar su propia comparecencia en el Parlamento para dar cuenta.