Alhendín esgrime motivos urbanísticos para suspender la construcción del campamento de migrantes frente a la Base Aérea

El Ayuntamiento de Alhendín lo ha dejado claro este jueves en un pleno extraordinario tras la polémica por la construcción de un campamento de acogida de migrantes en suelo cedido por Defensa al Ministerio de Inclusión frente a la Base Aérea, en la conocida como Colonia Dávila. El Pleno, reunido este jueves, ha aprobado, con el apoyo del PP y Vox y la abstención del PSOE, paralizar cualquier intervención que se promueva en los terrenos del término municipal incluidos en la Base Aérea, donde la empresa Tragsa ha llegado a notificar al municipio el inicio inminente de las obras para un centro de acogida a inmigrantes llegados a las costas españolas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alhendín, hace dos días se recibió la notificación a través del registro municipal por parte de la empresa Tragsa de iniciar las obras en dos fases, la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento 1.200 en atención a las personas migrantes. Y el pleno ha manifestado su disconformidad respecto a los actos que pretende promover la Administración del Estado y a los que refiere la comunicación de comienzo de obra de emergencia presentada por Tragsa, al resultar estos actos “disconformes” con la ordenación urbanística en vigor conforme a lo informado por el Arquitecto Técnico Municipal.

En este documento se precisa que los terrenos en los que se pretende actuar, según la comunicación recibida, “son de naturaleza rústica, no contando con instrumento de ordenación urbanística que posibilite obra, dotación o implantación alguna”. Además, se entiende que la comunicación recibida “no se ajusta al procedimiento establecido” al no haberse remitido al Consistorio el proyecto de los actos que promueve la Administración del Estado, según se recoge en la propuesta de acuerdo aprobada por el pleno.

Del mismo modo, se ha acordado la suspensión de cualquier acto promovido por la Administración del Estado en esta parcela respecto al “comienzo de obra de emergencia” y se faculta al alcalde, Francisco Rodríguez, para el ejercicio de las acciones judiciales administrativas y/o penales pertinentes en defensa de los intereses del Ayuntamiento.

Este acuerdo plenario será remitido a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento a los efectos que se ratifique y convalide y se notificará a la empresa Tragsa y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como promotor del proyecto.

El alcalde de Alhendín, Francis Rodríguez, ha recordado que la intervención que se pretende ejecutar en este espacio del término municipal es un “atropello” a las normas urbanísticas y que se tiene que parar “de forma legal”. “Cualquier vecino a la hora de hacer una obra tiene que aportar un proyecto, solicitar una licencia y pagar unas tasas y, si además es en suelo rústico, debe presentar un plan especial o un proyecto de actuación, que debe tutelar la Junta de Andalucía y aprobar el pleno municipal. Pues todo esto se lo ha saltado el Gobierno de Pedro Sánchez a la torera, además en un tono desleal”, ha afirmado el alcalde.

Quejas de los vecinos

Rodríguez ha incidido en que el Gobierno local cuenta con el apoyo de “todos los vecinos”, no solo por el hecho de “vulnerar la normativa urbanística”, sino porque lo que pretende hacer el Gobierno de España “no es el sitio idóneo” para desarrollarlo. El alcalde ha recordado a los vecinos que tienen a su Ayuntamiento “de la mano” y que harán lo “imposible” para paralizar este proyecto al no encontrarse en suelo permitido para ello, recordando que la obra planteada “sobredimensiona” el término municipal de Alhendín y que no está dispuesto “a aceptar de ninguna manera”.

Rodríguez ha lamentado la falta de lealtad por parte Gobierno de España en general y del subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, en particular; para trasladar este proyecto del que tuvo conocimiento oficial hace solo dos días para ejecutar “obra de emergencia”. “Vamos a seguir todos los pasos que nos han dicho los técnicos municipales, porque la obra vulnera todo tipo de legalidad urbanística”, ha afirmado el regidor municipal, quien ha lamentado que el PSOE no haya respaldado la propuesta de acuerdo llevada al pleno municipal extraordinario de este jueves.

Vox pedirá el apoyo del Parlamento para frenarlo

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha visitado este jueves los terrenos cedidos al Ministerio de Inclusión en Alhendín desde donde ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley (PNL) “para paralizar la construcción de ese campamento que va a dar acogida a más de 1.200 inmigrantes ilegales” y que el Gobierno de Sánchez pretende levantar en esta zona “sin importarle lo que dice la ley, lo que requiere el orden, olvidándose que hay fronteras y olvidándose de lo que demandan sus vecinos”.

Para Gavira, lo que pretende hacer el Ejecutivo central del PSOE es “imponernos en esta zona su inmigración ilegal”, por la que los vecinos “van a tener que soportar las consecuencias” de la misma. “Estamos hablando de precarización de servicios públicos, precarización de la seguridad, vamos a tener más inseguridad y vamos a tener también más criminalidad”. Durante esta visita, Manuel Gavira ha estado acompañado, entre otros, por la parlamentaria de Vox por Granada, Cristina Jiménez; por el diputado provincial y concejal en Armilla, Gustavo de Castro, y por la también concejal Maricruz Lozano.

En concreto, la PNL registrada por VOX reclama al Parlamento mostrar su total rechazo a la construcción de un campamento de inmigrantes en terrenos de la Base de Armilla (Granada), así como su rotunda oposición a cualquier tipo de reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo; y a que muestra su parecer favorable a que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Con esta iniciativa, añade Gavira, “queremos que el Gobierno de Moreno Bonilla se retrate y que diga de qué lado está, si del lado de los vecinos de esta zona de Andalucía o del lado de esa inmigración ilegal que respalda Sánchez con su gobierno”, ha concluido.