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Tribunales
El expediente disciplinario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió al juez de lo Penal de Granada Manuel Piñar -muy conocido por ser el que condenó a Juana Rivas-, por sus polémicas publicaciones en la red social Facebook, ha quedado archivado después de que el órgano de gobierno de los jueces haya comprobado que su conducta "no encuentra el debido acomodo en ninguna de las faltas que contemplan los artículos 417, 418 y 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
El archivo del expediente puede abrir, eso sí, una senda más importante hacia la fiscalización de ese tipo de conductas entre los miembros del Poder Judicial, ya que la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado tomar conocimiento del archivo del expediente “advirtiendo la conveniencia de que por parte del legislador se valore la necesidad de proceder a una revisión y actualización de los tipos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
La comisión ha tomado conocimiento tras la decisión adoptada en primer lugar por el Promotor de la Acción Disciplinaria, que dio carpetazo al asunto abierto hace unos meses "por falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales o falta grave de falta de consideración respecto de los ciudadanos en relación con varias publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Facebook".
Pero el Promotor explica que, después del análisis detallado, la conducta del magistrado no está contemplada en la Ley del Poder Judicial, por lo que procede al archivo "conforme a las exigencias de los principios de legalidad y tipicidad".
“La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones -con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan-, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy”, señala el Promotor.
El expediente disciplinario en el CGPJ se abrió como consecuencia de la queja del abogado Carlos Aránguez, que representa actualmente Juana Rivas, por el contenido de las publicaciones que el juez difundía redes de sociales y en las que mostraba posicionamientos políticos y relativos al género o a la raza de determinadas personas con conflictos judiciales, según exponía el letrado en su queja y en los diversos procedimientos en los que ambos se han enfrentado.
El abogado llegó a decir que el juez que condenó a Juana Rivas, la madre de Maracena que no entregó a sus hijos al padre por alegar malos tratos, había sido parcial y que este tipo de comentarios en la red social así lo demostraban. El magistrado, por su parte, denunció al letrado por estas acusaciones ante el Colegio de Abogados de Granada y ante la Justicia. Solo ha prosperado la primera queja, que dio lugar a una suspensión temporal del profesional por parte de su Colegio. La otra denuncia, ante el Juzgado, quedó archivada tras la práctica de una serie de diligencias.
Tampoco ha prosperado la denuncia que el abogado puso contra el juez, si bien en ese procedimiento, el fiscal llegó a pedir que el magistrado granadino fuera investigado por motivos de odio, a la vista de los mensajes publicados en su red social.
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