La Audiencia de Granada ordena al juzgado investigar la gestión de una patente médica de la UGR y el SAS

La Audiencia de Granada ha ordenado a un juzgado de la ciudad que investigue y practique diligencias sobre la gestión de una patente que la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud adjudicaron a una spin off de la UGR, Pharmamel, y que en enero había presentado ya unos resultados esperanzadores para el tratamiento de pacientes Covid.

El conflicto surge a raíz de una querella presentada por Inymel Biomédica, la primera adjudicataria del contrato oneroso de licencia (en septiembre de 2016) para la explotación de una familia de patentes de investigación biomédica titulada Preparación duradera de inyectable de melatonina estable a largo plazo. Dos años después, en 2018, estas administraciones resolvieron ese contrato por supuesto incumplimiento y luego fue adjudicada la licencia a Pharmamel, según explica el propio auto judicial al que ha tenido acceso este periódico.

Los querellantes acusan a dos de los investigadores de esta spin off y a los miembros de su consejo de administración, a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UGR (OTRI), a la propia UGR y al responsable de la Fundación Pública para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) de supuestos delitos contra la propiedad industrial, apropiación indebida, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La jueza de Instrucción 9 de Granada archivó las diligencias en junio de 2021 al considerar que en todo caso se trataría de un pleito civil. Ahora, la Audiencia ha ordenado a la instructora que admita a trámite la querella y practique averiguaciones al considerar que el asunto podría tener más calado.

El tribunal considera que hay motivos para investigar cómo se ha gestionado la licencia de esa patente, aunque reconoce una "exagerada visión criminógena" del querellante y descarta los delitos de corrupción. Pero los magistrados han podido ver que los hechos denunciados son más "enjundiosos" de lo que observó la jueza instructora en un primer momento, a la vista de su auto de archivo.

La resolución de la Audiencia destaca, entre otros elementos sospechosos, la "utilización clandestina" del material empleado para la investigación (melatonina inyectable) que facilitaba el SAS por dos de los principales querellados, que son médicos e investigadores de la UGR y socios de la primera empresa, la denunciante, aunque ahora trabajan en la nueva investigación de Pharmamel. La Audiencia apunta, incluso, a que éstos tendrían "intereses económicos" en la otra firma, pese a no figurar como titulares.

Consideran los magistrados que no se puede descartar la trascendencia penal de los hechos, pero sí ordenan al juzgado que investigue con una serie de precisiones, como la improcedencia de llamar como investigados a la Universidad de Granada, la OTRI, su director y al responsable de FIBAO.

El motivo legal de esta salvedad es que el Código Penal establece que "las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas". Todo ello sin perjuicio de su posible responsabilidad civil subsidiaria.

La Universidad de Granada ha comunicado a este medio que aún no ha recibido notificación del auto ni el texto de la querella. "Todo conocimiento de este asunto es por vía extraoficial", apuntan. En todo caso, la UGR subraya que la resolución del contrato a la que se hace mención en el auto se debió al "incumplimiento prolongado y reiterado del mismo por parte del querellante y se desarrolló de forma escrupulosamente ajustada a ley".

Estos mismos investigadores presentaron los primeros resultados de su estudio hace muy poco. Se mostraron optimistas con los resultados del ensayo clínico, ya que demuestran el potencial de este nuevo fármaco desarrollado para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, y por tanto, para pacientes de Covid en la UCI.