La Audiencia de Granada organiza la reanudación "inmediata" del juicio del caso Serrallo

"Preferente y prioritario a cualquier otra actuación judicial". Es el caso Serrallo, un juicio preparado durante seis años, considerado uno de los más importantes contra la corrupción en España y que tuvo que ser suspendido tras la sesión del 12 de marzo tras mes y medio de duración en la Audiencia de Granada. Ahora la Sala ha dictado una providencia para organizar la reanudación "inmediata" del proceso en cuanto sea legalmente posible.

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado, buena parte de su antiguo gobierno, altos cargos del Ayuntamiento de Granada y uno de los principales empresarios de la provincia, Roberto García Arrabal, que se sentaban en el banquillo de los acusados por una larga lista de delitos relacionados con la corrupción, tendrán que afrontar en breve el final del juicio que comenzó en febrero y fue suspendido hace más de dos meses por la declaración del estado de alarma y la emergencia sanitaria del coronavirus.

"La Sala comunica a las partes que la reanudación del juicio se realizará el lunes siguiente al día en que entre en vigor la norma por la que se restaure la posibilidad legal de celebrar juicios en la jurisdicción penal que no tengan carácter de esencial conforme al decreto de alarma". La cercanía de ese momento ha llevado a la Sala encargada de este juicio (en la Sección Segunda de la Audiencia provincial) a establecer una serie de normas y fechas para la reanudación.

El ponente y presidente del tribunal explica en la providencia del 14 de mayo, a la que ha tenido acceso este periódico, que "las razones a que obedece esta decisión atienden a la necesidad de impulsar la terminación del juicio suspendido tras la sesión de doce de marzo, la complejidad del proceso y la incertidumbre que la situación sanitaria pueda crear en las partes".

Para afrontar el desarrollo del resto del juicio, donde quedaron pendientes sobre todo las declaraciones de peritos, la Sala pide a las partes que comuniquen si "les es dado renunciar, dadas las excepcionales circunstancias que concurren, a la práctica de alguna de las pruebas personales que se encuentran pendientes, señaladamente las periciales ya documentadas en el proceso, que serían valoradas por vía de la prueba documental". Es decir, que el tribunal tendría en cuenta los informes que obran en la causa sin necesidad de que sus autores acudieran a ratificarlos en la sala de vistas, que es el proceso habitual. Esto solución perjudica a las partes contrarias, que perderían la opción de confrontar las conclusiones con esos peritos.

No obstante, salvo los casos en que se den esas renuncias sugeridas por los magistrados, en cuanto se reanude el juicio éste se completará en sesiones que irán de lunes a jueves de las semanas siguientes al levantamiento de la suspensión de las actividades procesales no esenciales. La providencia calcula tres semanas más de juicio.

En la primera semana seguirían los testimonios de los peritos que faltan por declarar y a los que no renuncien las partes. En la siguiente, se completará con la prueba documental y el trámite de calificaciones definitivas y comenzará el lunes siguiente a la finalización de la prueba personal, continuando en esta sesión con el trámite de informe de las acusaciones que podrá extenderse hasta el martes.

La tercera semana se reserva para el trámite de informe de las defensas, que se iniciará "el lunes siguiente a la finalización del dispuesto para las acusaciones, y se prologará hasta la sesión del miércoles". Esa sesión terminará "con el derecho de los acusados a hacer uso de la palabra".

La Sala pide "la colaboración de las partes y sus defensas para el buen fin de lo acordado". Como las pruebas pendientes son periciales, en la providencia se insta a las partes a comunicar a los peritos la necesidad de disponibilidad durante las fechas que se adelantan y su obligación de asistencia a juicio los días señalados, lo que representa una ayuda al tribunal, que tendrá que hacer os "esfuerzos necesarios" para comunicar con esas personas para indicarles oficialmente el día que han de comparecer.

En caso de que algunos de esos testigos periciales no puedan asistir físicamente, el tribunal puede disponer de los medios que permitan realizar una vídeoconferencia desde la sede de un organismo oficial. Algunos de los peritos más importantes para el proceso que quedan por testificar son los técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta que se encargaron de hacer los informes periciales para el Juzgado de Instrucción.

Sin referencias al público, pero con medidas de higiene

En su providencia la Sala de la Audiencia Provincial que se encarga de este juicio no hace alusión expresa a la posibilidad de que las sesiones se reanuden con público y sólo especifica que "se adoptarán las medidas de higiene y seguridad conducentes a velar por la salud de todos los comparecientes". También queda claro que el proceso seguirá celebrándose en la misma Sala Antonio Angulo del edificio de La Caleta, un lugar que se habilitó especialmente para este juicio, por las necesidades de espacio derivadas de la cantidad de acusados y sus defensas, además de la previsión de público.

, que sienta en el banquillo al antiguo gobierno del PP en Granada

Así ha declarado la Sala de la Sección Segunda