El Ayuntamiento de Granada cambia el rumbo con la AESIA y pedirá medidas cautelares para suspender el procedimiento
Municipal
El gabinete jurídico municipal cree que los pasos dados por el Gobierno para resolver de forma urgente la tramitación de la agencia y sus estatutos podían dar lugar a que el TS anule de pleno derecho las acciones ya emprendidas por parte del Ayuntamiento
La carta de la nueva alcaldesa de Granada a Pedro Sánchez
Choque entre Junta y Ayuntamiento por la estrategia procesal en el recurso de la AESIA
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha dado este miércoles un giro de timón a la estrategia que desde el Ayuntamiento se venía siguiendo en la reclamación ante el Gobierno por la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Ahora, pese a que se acordó en el Pacto por Granada cuáles eran los pasos, formas y contenidos del recurso, descartando la petición de medidas cautelares (lo que generó un choque entre Junta y Ayuntamiento), Carazo ordena cambiar el rumbo y siguiendo los argumentos que defendía el PP ha pedido a la asesoría jurídica municipal que pida de inmediato medidas cautelares para suspender el procedimiento por el que el Gobierno dio la sede de la AESIA a La Coruña.
Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota, el gabinete jurídico municipal considera que los pasos dados por el Consejo de Ministros para resolver de forma urgente la tramitación de la agencia y la creación de sus estatutos, podrían dar lugar a la anulación de pleno derecho de las acciones ya emprendidas contra esta decisión por parte del Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Granada se sumará así a la petición de cautelares, que ya pidió la asociación civil Juntos por Granada en el primer recurso que se puso ante el TS sobre este asunto, antes incluso que el propio Ayuntamiento. Esa petición de Juntos por Granada hizo que se creara la pieza aparte pero el Supremo no ha resuelto todavía esa petición ya que primero se tiene que resolver la legitimidad de esta asociación para pedir estas medidas, puesta en duda por el Gobierno ante el Supremo cuando le reclamó la documentación sobre el procedimiento de designación de la sede de la AESIA. La propia Juntos por Granada contestó que hasta que el Gobierno no mande toda la documentación, no se podrá decidir sobre la cuestión de la legitimidad. Y ahora entra en juego también el Ayuntamiento en esta petición de cautelares.
Instrucciones jurídicas y carta al presidente del Gobierno
Así, Carazo ha dado instrucciones a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada para que, de forma inmediata, se solicite medida cautelar de suspensión del procedimiento por el que se determinó la sede física de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) por parte del Gobierno de España en Coruña.
“Nos parece una auténtica burla a los granadinos”, ha dicho Carazo, que después de tanta opacidad, el Consejo de Ministros aprobara el pasado 13 de junio el acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se crea la AESIA y en el que también se aprueban sus estatutos, sin que aún esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La alcaldesa de Granada ha informado que, aunque el Gobierno de España sigue sin publicar el decreto de urgencia que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 13 de junio, el Gabinete Jurídico Municipal considera que han sucedido una serie de circunstancias que nos han hecho valorar la pérdida de la finalidad legítima del recurso contencioso administrativo presentado ante el Tribunal Supremo por parte del Ayuntamiento de Granada.
En otras palabras, ha explicado Carazo, “el Gabinete Jurídico Municipal considera que los pasos dados por el Consejo de Ministros para resolver de forma urgente la tramitación de la agencia y la creación de sus estatutos, podrían dar lugar a la anulación de pleno derecho de las acciones ya emprendidas contra esta decisión por parte del Tribunal Supremo”.
Además, la Asesoría Jurídica del Consistorio, a la vista del expediente administrativo remitido por el Gobierno, considera que pueden existir elementos suficientes para apreciar la apariencia de buen derecho en la postura mantenida por el Ayuntamiento, ante las irregularidades que se han apreciado en el procedimiento seguido por el Gobierno de la Nación, lo que apoyaría la medida cautelar que se solicite.
Así, Marifrán Carazo ha recordado que “no voy a consentir que sigan burlándose de nuestra ciudad y la voy a defender todos los días del año ante cualquier agravio”, por lo que “desde la primera semana ya he puesto a trabajar a los medios jurídicos de los que dispone el Ayuntamiento para solicitar la suspensión cautelar de la elección de la sede de la AESIA, que se reinicie el proceso desde cero y trabajar así por los intereses de Granada y de los granadinos”.
Al mismo tiempo, la alcaldesa ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando que se proceda a iniciar un nuevo procedimiento para la selección de la Sede de la Inteligencia Artificial con las debidas garantías y toda la transparencia.
Marifrán Carazo ha remarcado que con esto no se pretende denostar ninguna candidatura, como la de La Coruña u otras que concurrieron al procedimiento de selección frente a la de Granada, sino conocer con las debidas garantías de transparencia, y sobre unas reglas de juego, qué prefijó el Gobierno de la Nación la motivación que ha llevado a la resolución final.
Las medidas cautelares, punto de fricción PP-PSOE
El 25 de abril de este año, el entonces alcalde de Granada, Paco Cuenca, anunciaba que la ciudad seguía adelante con el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) por la sede de la AESIA y que esa misma semana se interpondría la demanda con la que seguir pidiendo las baremaciones y las calificaciones de cada candidatura al Gobierno, que en la documentación mandada previamente no había incluido dichas notas, lo que hacía pensar a Granada que la designación de la Coruña fue una decisión política poco transparente. Entonces se produjo el primer desencuentro en el Pacto de los Mártires o Pacto por Granada, el lugar de encuentro y unidad institucional que desde el primer momento había sido el ágora donde tomar la decisión colegiada sobre los pasos a seguir sobre este tema. La diferencia llegó precisamente entre el PP y el PSOE, entre la Junta y el Ayuntamiento, al considerar la primera que había que pedir medidas cautelares y rechazarlo el segundo.
Entonces Cuenca se amparaba en un informe de asesoría jurídica que indicaba que no había lugar a reclamar la suspensión del procedimiento. Un informe que se emitió en enero y que fue ratificado en abril una vez que el Ayuntamiento recibió el expediente del Gobierno. Precisamente esas fechas de los informes hacían llevar a la Junta a pensar que ya estaba decidido de antemano que no se iban a pedir cautelares.
Sin las medidas cautelares que harían que se paralizara el expediente y el procedimiento de instalación de la AESIA en Coruña se parara a la espera de la resolución judicial del TS, la demanda fue encaminada a pedir esas calificaciones de Granada y el resto de candidaturas. En el otro recurso que hay interpuesto por este asunto ante el TS, el que puso la sociedad civil Juntos por Granada, sí se pidieron desde primera hora las medidas cautelares de paralización. "Hemos debatido sobre la toma de medidas cautelares y nos hemos remitido a la posición de los juristas, que entienden que hay que atender al criterio técnico y que no ha lugar a las medidas cautelares", ratificó entonces Cuenca.
Ese mismo día, y al lado del alcalde, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, se mostró molesto por la decisión. Para la Junta "había que pedir medidas cautelares". "Lo que no pidas el juez no te lo puede dar. Me parece sorprendente que digamos que no", dijo, para informar de que el informe donde se dice que no ha lugar a pedir esas medidas es del 31 de enero "cuando el expediente llegó dos meses después. Se sabía antes de tener el expediente que no íbamos a poner medidas cautelares. Y en Justicia tienes que pedir", aseguró, mostrando su discrepancia en la estrategia procesal a seguir.
Recursos y reclamaciones a una decisión poco transparente
"Una insuficiente conectividad aérea", ese es el motivo que llevó al Gobierno a rechazar la candidatura de Granada para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial, pese a que destaca su cercanía al aeropuerto de Málaga y su buena "conectividad ferroviaria y viaria", según constaba en el expediente remitido por el Gobierno central al Tribunal Supremo, tras los recursos puestos por Juntos por Granada, primero, y por el Ayuntamiento de Granada y la Universidad (que terminó retirándose del procedimiento), después.
Una vez concluida esta reunión, fechada el 5 de diciembre del pasado año, el Consejo de Ministros comunicó oficialmente la decisión de elegir la ciudad gallega como sede de la AESIA, además de Sevilla como futura ubicación de la Agencia Espacial. El Gobierno entregó entre la documentación las actas de las reuniones y de la tercera, y última, acta de la Comisión, que concluía con la distribución de un dictamen al Consejo de Ministros para elegir a A Coruña como sede física de la Agencia, una decisión que fue aprobada según se recoge en el acta.
Desde aquel 5 de diciembre, Granada lleva reclamando al Gobierno las notas de cada candidatura ya que la ciudad defendía que la de Granada era la mejor. De hecho, fue calificada como excelente. Pero poco más. No hay por ningún documento información sobre las notas reales de cada aspirante y al final el Gobierno ha terminado reconociendo al TS que no dispone de esa información.
Esta situación hizo que el exalcalde Paco Cuenca se enfrentara a su partido y liderara la reclamación de Granada ante los tribunales para reclamar esas notas. Una reclamación que culminó en abril con la demanda y que todavía sigue viva ahora con el cambio de estrategia procesal por parte del Ayuntamiento para pedir medidas cautelares, cosa que sí hizo Juntos por Granada, la asociación civil que se adelantó al Ayuntamiento y fue la primera en poner los recursos ante el TS, lo que motivó toda la documentación dada por el Gobierno sobre el asunto. Demanda que también sigue abierta y sin resolver a la espera de determinar también la legitimidad de dicha asociación para hacer estas peticiones.
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