El Ayuntamiento de Granada sube el IBI un 3% pero evita la "quiebra"

Granada/"Entre susto o muerte, nos quedamos con el susto”. Así de gráfico fue el ejemplo con el que el concejal de Unidas Podemos, Paco Puentedura, dibujó las implicaciones que tuvo la aprobación, en pleno extraordinario del Ayuntamiento de Granada, de la acogida del Consistorio a la modificación del plan de ajuste económico, en concreto de sus medidas 3 y 5.

Traduciendo: evita que el municipio tenga que pagar de golpe 52 millones de euros entre los años 2022 y 2023 (26 por anualidad) a través de la ampliación del anterior periodo de amortización de préstamos en 10 años. En resumen, evitar la "quiebra", como se escuchó durante el pleno, y una futura intervención por parte de Hacienda.

La modificación del plan de ajuste financiero del Ayuntamiento de la capital parte de una proposición del Gobierno central para mejorar el periodo medio de pago a proveedores que reduzca las deudas de los municipios. De esta forma, permite ampliar el periodo de amortización diez años más de los negociados en primera instancia, que en el caso de Granada, expiraba en diciembre de 2023, refinanciando de nuevo los plazos.

Así, de los 52.976.718,30 millones de euros aún pendientes de pago por la ciudad, se pagarán 13.397.121 el año que viene y en 2021, 8.989.971,77 anualmente entre 2022 y 2024, y los 9 años siguientes, a razón de 4,5 'kilos' cada anualidad.

El único punto en el orden del día era este, que salió adelante con los votos favorables de la coalición Ciudadanos-PP, el apoyo de la ultraderecha de Vox, y de sus antípodas políticas de Unidas Podemos. 15 sufragios frente a los 10 con los que el Partido Socialista votó en contra de acogerse a este plan.

Entre la ausencia de dos ediles (uno de Cs y otro de Vox), el voto decisivo de la confluencia de izquierdas resultó decisivo y dejó aislado al PSOE, que durante el pleno, por voz de su concejal José María Corpas, justificó su postura a que el actual plan de ajuste podía prorrogarse (algo que negó el concejal de Economía, el popular Luis González), y que esta modificación implica aumentar el IBI un 3% (incluida en la norma a nivel estatal para ayuntamientos con un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días –el de Granada está en 240 días–) y un recorte de 3 millones de euros en concepto de limpieza de la ciudad para los próximos dos años (500.000 euros en 2020 y 2,5 millones en 2021).

Además, implica una reducción de costes de personal (sueldos o efectivos) mediante la amortización de plazas vacantes por jubilación, que empezará con un ahorro de 435.600 euros en 2020, para ir creciendo de forma progresiva hasta el 1.168.500 euros previsto para 2024. El ahorro total entre todas las medidas para controlar el gasto municipal promediará los 3,5 millones anuales, con un pico máximo de 5,6 en 2021.

La aprobación de este plan garantiza la solvencia financiera del Ayuntamiento durante varios años, que permitirá mantener las nóminas de los empleados, afrontar el gasto corriente en partidas necesarias para el buen funcionamiento del Consistorio, y destinar una cantidad muy importante durante los próximos diez años para reducir la deuda con los proveedores. De forma más concreta, también permitirá al municipio poder seguir pagando los servicios de Inagra, Transportes Rober, y diferentes organismos autónomos o fundaciones públicas como Granada Educa, que mantiene abiertas salas de estudio en la ciudad.

El pleno, que se celebró a las dos de la tarde y duró algo menos de una hora, tuvo un tono duro que reflejó la gravedad del momento y la importancia de la decisión a tomar. A pesar del tono crítico de Vox (de mano de su portavoz Onofre Miralles) y Unidas Podemos (con Paco Puentedura llevando la iniciativa), ambas formaciones dieron su voto favorable. Aun así, UP condicionó su apoyo a debatir cambios en este plan, como por ejemplo el punto donde se sube el IBI.

Mientras tanto, el PSOE se quejó de que esta medida implicaría un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles, que durante su mandato trataron de mantener congelado, y un recorte en limpieza. También amagó con impugnar el pleno ya que no se había convocado con las 24 horas de adelanto preceptivas y los concejales apenas tuvieron tiempo para revisar el documento facilitado por la oficina presupuestaria del Ayuntamiento.

El texto, además, supone un marco para la elaboración del Presupuesto municipal para 2020, que lleva prorrogado desde 2015.