El Ayuntamiento intenta salvar en el Supremo los negocios del Pabellón Mulhacén

El Ayuntamiento de Granada trata de salvar en el Tribunal Supremo los restaurantes abiertos junto al Pabellón Mulhacén (en el Zaidín), unos locales que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ilegales, por estar sobre una parcela de uso deportivo. Dado que este asunto también forma parte del caso Nazarí, de presunta corrupción municipal, además de recurrir el pleito contencioso, la asesoría jurídica municipal ha pedido que todo quede en suspenso, pendiente de lo que ocurra en la vía penal.

El actual concejal de Urbanismo, el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, reconocía esta semana (durante el debate de una comisión) que el Ayuntamiento tiene un enorme problema con la sentencia que dictó el TSJA en diciembre pasado, pues obligaría a la Administración local a tomar medidas como anular las licencias a los negocios de restauración allí instalados (McDonalds, La Cueva o Bernina) y retirar la concesión municipal de explotación de los locales que tiene el empresario García Arrabal.

El temor expresado por el concejal es que este promotor o los negocios que tienen alquilados los locales al mismo, tramiten una reclamación patrimonial al Ayuntamiento y pidan el pago de importantes cantidades económicas por el lucro cesante o por los daños que el cierre de los establecimientos pueden provocar.

Este gobierno no fue el responsable de autorizar el estudio de detalle que posibilitó la instalación de restaurantes sobre la parcela deportiva de la calle Torre de la Pólvora, pues ocurrió bajo el mandato del PP, con José Torres Hurtado como alcalde. Sin embargo, los socialistas no ocultan que tratarán de mantener esos negocios y agotar para ello todas las vías judiciales posibles. El motivo alegado es evitar esas posibles indemnizaciones a terceros.

El pasado 12 de febrero, el Ayuntamiento de Granada presentó el recurso de casación autonómico que se tendrá que dirimir en el Tribunal Supremo. Pero ese mismo día remitió otro escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que dictó la sentencia desfavorable de diciembre pasado. El abogado municipal informaba así al tribunal de la "íntima conexión" entre este pleito y la investigación penal abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que es el caso Nazarí.

El escrito advierte a los magistrados del TSJA de que podría haber una "cuestión prejudicial penal" que podría "conducir a la suspensión" de cualquier decisión que se adopte en el contencioso que acaba de ser recurrido. A juicio del letrado municipal, en ambos procedimientos judiciales se están analizando los "mismos hechos", de modo que insta al dictado de un auto que suspenda "cualquier actuación o trámite relacionado con el recurso hasta que exista un pronunciamiento firme al respecto por el órgano de jurisdicción penal".

¿Por qué pretende el Ayuntamiento dejar este asunto varado hasta la resolución del caso Nazarí? Si se confirmara que los negocios construidos junto al Pabellón Mulhacén son ilegales y no pueden seguir funcionando, en la vía penal habría unos responsables con nombres y apellidos, que serían las personas investigadas. Es decir, el promotor, la empresa concesionaria o los técnicos y políticos municipales que lo permitieron podrían tener que responder de hipotéticas consecuencias finales como el cierre o, incluso, el derribo de las instalaciones.

Sin embargo, en el ámbito contencioso administrativo es el Ayuntamiento el que resultaría directamente responsable, dado que las personas que tramitaron aquel estudio de detalle y las licencias representaban al Consistorio. Y lo más contradictorio de todo es que el mismo empresario que supuestamente pudo construir unos locales con un uso ilegal (y que está siendo investigado por ello en el caso Nazarí) tendría la opción de pedir una reclamación económica al Ayuntamiento en caso de que éste cierre los negocios en cumplimiento de una sentencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

En su escrito, el Ayuntamiento informa también al TSJA de que su sentencia de diciembre pasado (la que declara ilegal los negocios de restauración) ya ha sido incorporada a la causa Nazarí por la jueza María Ángeles Jiménez, a petición del empresario Ramón Arenas, que es el denunciante en ambos casos.