CCOO denuncia la falta de funcionarios de prisiones en la cárcel de Albolote

Granada/El sindicato CCOO ha señalado este lunes que faltan un centenar de efectivos en la prisión granadina de Albolote, la "segunda más masificada de Andalucía", con 1.276 personas privadas de libertad y más de 267 condenados que están en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada, a lo que suman una media de 370 expedientes al trimestre de penas y medidas alternativas a la prisión.

Desde el sindicato lamentan que toda esta carga de trabajo "se asume con una plantilla cada vez más reducida", en tanto que en la prisión "están sin cubrir 68 puestos de personal funcionario y 10 de personal laboral, y en el CIS hay 16 plazas vacantes", de modo que en total faltan casi cien efectivos en la provincia cuya ausencia "repercute en la prestación del servicio público, y en la seguridad regimental".

Por ello, CCOO reclama una redistribución de las cargas de trabajo que se asemeje a las ratios de otros centros de similares características, reduciendo el número actual de internos en la prisión de Albolote, además de cubrir todas las vacantes que existen.

Igualmente, el sindicato ha señalado que el personal laboral de prisiones padece los incumplimientos del IV Convenio Único en materia retributiva, de jubilación parcial, lo que ha llevado a CCOO a realizar movilizaciones en solitario ante Función Pública en Madrid.

Un colectivo especialmente perjudicado por la política penitenciaria del Ministerio del Interior es el de la sanidad penitenciaria, donde, según advierte CCOO, "se están tomando medidas para precarizar sus condiciones laborales y abrir paso a su privatización". "La consecuencia de esta situación ocasiona que el derecho la salud no sea igual dentro de la cárcel que del resto de la población, a pesar del compromiso del personal para aminorar esta falta de medios", agregan, concluyendo que la falta de recursos y de política preventiva se manifiesta en las agresiones que sufre el personal, "que están a la cabeza europea en siniestralidad y violencia en el trabajo".

El sindicato recalca que la consecuencia más grave del desmantelamiento de la sanidad penitenciaria es el incremento de las patologías mentales en prisión, de suicidios y la ausencia de políticas públicas de salud mental, donde "en torno al 35 por ciento de la población reclusa granadina tiene algún tipo de patología mental y no dispone de ningún recurso psiquiátrico para recibir la asistencia que precisan", por lo que urgen la creación de unidades psiquiátrica en prisiones.