El abogado de Carlos Cano, a un paso del banquillo por la gestión de la herencia

Granada/La Audiencia Provincial de Granada ha fijado para los días 15, 16 y 17 de marzo el juicio contra el que fuera abogado de Carlos Cano, José María Rosales de Angulo, que fue denunciado por la viuda y las hijas del cantautor granadino por un posible delito de apropiación indebida en la gestión de su herencia.

La vista oral se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y se prolongará durante tres sesiones, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Fiscalía de Granada atribuye a Rosales de Angulo, también exdecano de los abogados granadinos, posible apropiación indebida y solicita para él de forma provisional una pena de dos años de prisión, multa de nueve meses e indemnización de casi medio millón de euros a la entidad Carlos Cano Producciones SL, antes Dalur.

La acusación particular, que ejercen la viuda y las hijas de Carlos Cano y la propia sociedad, le achacan haberse quedado con un total de 480.563 euros y le atribuyen inicialmente un delito continuado de apropiación indebida y subsidiariamente administración desleal, por el que reclaman para el inculpado penas de hasta cinco años y medio de prisión, multa de 33.000 euros y el pago de una indemnización por el total del dinero presuntamente apropiado más intereses.

Sin embargo, el que fuera abogado de Carlos Cano ha negado en este tiempo cualquier gestión irregular y ha defendido su "absoluta honestidad". De hecho, siempre ha señalado que las acusaciones son "infundadas" y ha aportado a la causa informes de naturaleza pericial "que justifican el destino de todos y cada uno de los ingresos de la sociedad administrada" por él y que prueban y justifican su "buen hacer".

En el escrito de acusación provisional de la Fiscalía se señala que a finales del año 2000, tras el fallecimiento de Carlos Cano el día 19 de diciembre de ese año, el procesado era consejero delegado y apoderado de la sociedad Dalur SL, a través de la cual el artista facturaba su actividad profesional, cobraba sus derechos de autor y realizaba inversiones de diversa índole.

Rosales de Angulo era la única persona autorizada para operar con sus cuentas bancarias y administrador solidario y de hecho de la sociedad en exclusividad hasta el 12 de abril de 2005. Ese día fue cesado de su cargo "ante la desconfianza" que generó en la viuda de Cano, Alicia Sánchez, y sus hijas, Paloma y Amaranta, por su "negativa" a ponerlas al corriente de la situación patrimonial de la empresa y a la falta de fondos en la misma, pese a los ingresos que debían existir.

Nombrado un nuevo administrador por la familia y ante la "imposibilidad", pese a los "insistentes" requerimientos, de que el acusado le aportara la documentación necesaria para determinar los ingresos existentes, así como el destino del patrimonio social de Carlos Cano, las herederas contrataron a una empresa auditora que determinó que era "imposible" dictaminar sobre las cuentas.