Casa Agreda: una causa judicial que vuelve crispada

La casa Agreda es un edificio municipal del Albaicín que fue vendido a una asociación privada. / G. H.

Granada/El caso judicial que investiga la venta por parte del Ayuntamiento de Granada de la casa Agreda a una asociación privada, archivado por el juez de forma temprana y rescatado por la Audiencia Provincial -que ordenó volverlo a abrir-, ha retomado este mes la práctica de diligencias de investigación con una dosis de crispación fuera de lo común. En el centro del conflicto está el papel del juez instructor, cuyas primeras decisiones después de haber sido sometido a una fallida petición de recusación, ya han motivado malestar entre algunas de las partes y así lo han expresado por escrito.

Este caso se abrió en el verano de 2016 por una querella de la Fiscalía y el titular del Juzgado de Instrucción 9 de la capital, José Luis Ruiz Martínez, citó como investigados al exalcalde José Torres Hurtado, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y a otros altos cargos técnicos de ese área municipal. En apenas tres meses, después de escuchar las declaraciones de éstos, el juez optó por archivar la causa al considerar que no había indicios de delito. No llegó a esperar la terminación de algunas pruebas periciales que había encargado él mismo.

En esta causa hay dos partes acusadoras más que acompañan a la Fiscalía. Aunque ésta aceptó la decisión inicial del juez de archivar, el empresario Ramón Arenas y el grupo político Vamos Granada recurrieron el archivo ante la Audiencia Provincial, que el verano pasado les dio la razón y ordenó al juez instructor reabrir la causa al considerar que sí había indicios de varios posibles delitos que merecían ser aclarados mediante una investigación más extensa.

De ese modo, la pelota volvía al tejado del mismo juez instructor, pero el denunciante Ramón Arenas no consideró que estuviera capacitado para ello y pidió su recusación amparándose en la supuesta parcialidad del magistrado. El caso ha estado paralizado desde ese momento, pues aunque inicialmente pareció que otro juez se haría cargo mientras se decidía la recusación, no ha sido hasta el pasado 9 de marzo (medio año después) cuando se han reactivado las diligencias de investigación. Es decir, no se ha movido nada sustancial hasta que la Audiencia Provincial ha ratificado al magistrado como instructor del caso y ha rechazado la petición de recusación.

Ahora bien, esa decisión de la Audiencia es otra de las claves de la crispación en este momento, porque las partes acusadoras se han quejado de que no han recibido notificación de esa decisión del tribunal provincial. Arenas ha llegado a pedir la nulidad de todo hasta que no sea aclarado este asunto que, a su juicio, vulnera sus derechos porque les ha impedido recurrir la resolución.

En cualquier caso, sea cual sea la decisión que se adopte respecto a este problema de falta de notificación a las partes, ambas acusaciones populares han transmitido su queja también al Juzgado por la forma en que el magistrado instructor ha reiniciado las diligencias.

En su primera providencia tras el largo intervalo de paralización, Ruiz Martínez, ordenó al perito que tenía la encomienda de valorar la casa Agreda hace año y medio (y que quedó paralizada por el archivo del caso) que reactive su trabajo, aunque -y aquí viene el problema- el juez le hace una precisión para que solo tenga en cuenta en su informe pericial el uso institucional que tiene el edificio en la actualidad.

La acusación de Vamos Granada (que controla el exfiscal general anticorrupción Carlos Castresana) y la del empresario granadino que denunció los hechos a la Fiscalía inicialmente han recurrido esta petición del juez, pues consideran que con sus instrucciones dadas al perito "limitan" su trabajo y condicionan el resultado de la peritación, que fundamentalmente tiene como objetivo comprobar si la valoración realizada por uno de los técnicos de Urbanismo investigados, Manuel Lorente, se ajustaba a la realidad o, por el contrario, se hizo a la baja para beneficiar a los compradores privados.

Por su parte, la Fiscalía ha retomado también el caso y podría apoyarse en nuevos informes de investigación policial.

Nuevas citaciones aplazadas por Roca y Julián Muñoz

Junto a la reactivación del informe pericial, el juez instructor del caso Agreda ha citado a seis nuevos testigos e investigados para declarar en varias fechas del mes de abril. Pero esas comparecencias han sido alteradas por el juez porque el letrado de algunos de los principales investigados, Ernesto Osuna, ha pedido un cambio de fechas. Alega que no podría asistir a esas declaraciones porque tiene que estar presente, entre otras cosas, en el nuevo juicio que se celebrará a partir del próximo mes en Málaga contra los anteriores responsables del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca y Julián Muñoz, ambos condenados por el caso Malaya. El letrado explica al juez en su escrito que tiene por costumbre asistir en persona a todas las declaraciones de este caso, por lo que su imposibilidad para estar presente le dificultaría "ejercer debidamente el derecho de defensa de sus clientes", Isabel Nieto, Manuel Lorente y Agustín Belda. No son ellos los que están citados para declarar (ya lo hicieron en 2016, antes del archivo), pues el juez ha llamado ahora a tres testigos y a otros tres investigados nuevos. En concreto, el magistrado ha ampliado la imputación al resto de los miembros de la mesa de contratación que adjudicó el edificio en 2014, entre los que está una interventora municipal, otro alto cargo de Urbanismo y el director técnico de Obras. En calidad de testigos, el magistrado ha citado a un arquitecto, a la actual directora de Urbanismo (que entonces actuó como secretaria de la mesa de contratación) y al que era concejal de Patrimonio Eduardo Caracuel, quien fue supuestamente apartado de la operación, para que fuera pilotada desde el área de Urbanismo por decisión del entonces alcalde José Torres Hurtado.