Caso Nazarí: La Fiscalía de Granada pide archivar la pieza del complejo deportivo Campus, aunque sostiene que es ilegal

El complejo deportivo privado del Campus y el edificio de la Universidad IMUDS son, a juicio de la Fiscalía y tras casi 7 años de instrucción del caso Nazarí, dos actuaciones urbanísticas ilegales. Pero el Ministerio Público, como ya ha sucedido con otras piezas separadas de esta macrocausa, pide a la jueza que archive el procedimiento por falta de indicios suficientes para asumir el "reproche penal". En definitiva, que la presunta irregularidad urbanística no encajaría o sería suficiente para imputar el delito de prevaricación a las personas que participaron en aquellas operaciones, tanto en el ámbito municipal como en el de la empresa privada.

La pieza Campus podría así llevar el mismo camino que otras como la del edificio de la sede del PP, que forman parte del caso Nazarí, de presunta corrupción municipal, con el exalcalde José Torres Hurtado, la exconcejala Isabel Nieto y los miembros de la antigua cúpula de Urbanismo investigados desde hace años en esta macrocausa. En cambio, la Fiscalía sí había pedido hace muy poco llevar a juicio otra pieza del mismo caso, que es la de San Jerónimo, una promoción construida en la zona del barranco.

El escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, fechado el pasado 10 de abril, dedica la mayor parte de las 8 páginas a desgranar las "ilegalidades" que se pueden deducir de aquella operación urbanística, a la vista de los informes de los peritos y el resto de diligencias practicadas durante la instrucción. Aunque al final matiza que todo ello no sería suficiente para deducir el delito de prevaricación y deriva una posible solución a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde podría decidirse la nulidad de lo construido.

El elemento probatorio fundamental es el informe pericial realizado por técnicos de la Junta de Andalucía, en el que se ponen de manifiesto varios motivos de ilegalidad o nulidad. En primer lugar estaría el hecho de que se hayan vendido parcelas a privados cuando se trata de unos terrenos demaniales que la ciudad tendría que haber desafectado, porque si no tendría que haber seguido manteniendo el uso público.

Respecto al IMUDS, el edificio destinado a investigación por la Universidad de Granada, la Fiscalía expone que los informes destacan su ilegalidad por varios motivos, el primero el propio uso, al no ser para la práctica del deporte generalizada entre la población. Además habría un problema de alturas y edificabilidad del inmueble.

"Si bien compartiendo la idea de que la actuación realizada no se ajusta, en absoluto a la legalidad (...), no existen sin embargo elementos suficientes para inferir desde la perspectiva del delito de prevaricación, que la infracción consumada exceda del ámbito que corresponde a la simple depuración de actos del poder público, función residenciada en la jurisdicción contencioso-administrativa", expone la fiscal del caso Sara Muñoz-Cobo.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada recoge desde hace casi dos décadas una reserva de terreno de 31.576 metros en la linde sur de la ciudad, junto al PTS, destinada a ubicar equipamientos públicos deportivos, para "uso y disfrute de los ciudadanos". Este suelo municipal, de carácter demanial (que no se puede vender, como las calles o las plazas de la ciudad), acabó siendo propiedad de la empresa de Roberto García Arrabal (investigado en esta causa judicial de presunta corrupción). Con las licencias y los trámites necesarios gestionados por el Ayuntamiento de la capital, la mercantil hizo un complejo deportivo privado, vendió los derechos constructivos de una parte de la parcela a la UGR e impulsó una residencia, también con el aval de la misma institución académica, en la parte que aún quedaba libre.

De la lista de irregularidades señalada por los peritos, destaca como defecto prioritario y original la transmisión a manos privadas de esta parcela destinada a "equipamiento deportivo de carácter público", "que no puede ser objeto de tráfico jurídico" y que tendría que "satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con una finalidad de uso o servicio público". La transmisión del terreno "vulnera" algunos de los principios contenidos en la legislación reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas y no se ajustaría a las excepciones que se recogen.

Pero no sólo estaría viciado el origen, con la transmisión a manos privadas de una parcela para uso público. A lo largo del tiempo se habrían ido sucediendo otra larga lista de presuntas irregularidades sobre las que algunos técnicos municipales hicieron informes negativos, pero que al parecer quedaron ensombrecidos por decisiones ejecutivas y autorizaciones de otros altos cargos, que sí dieron el visto bueno a lo ejecutado.

Según expone ahora la fiscal, todas esas actuaciones habrían sido ilegales, pero la operación no sería suficiente para impulsar la causa hacia la apertura de juicio oral contra sus promotores y quienes lo permitieron. Por eso promueve el sobreseimiento de esta pieza. "Se albergan dudas fundadas de que los investigados actuaran con desprecio consciente a la legalidad", concluye la fiscal en sus argumentos.