Caso Nazarí (año III): ¿Qué hay de la "trama criminal"?

Acaban de cumplirse tres años desde que Granada se despertó con un terremoto político y judicial que sacudió sus cimientos. José Torres Hurtado, el alcalde de la ciudad desde hacía 13 años era detenido en su mismo domicilio. La operación, bautizada como Nazarí, pretendía sorprender a una quincena de personas con un operativo policial de varios cientos de agentes que de forma coordinada los detuvieron y registraron sus dependencias. Tres años después hay quien sostiene que la sorpresa fue solo para los aturdidos ciudadanos que vieron a sus dirigentes en el telediario.

El resultado de los miles de documentos y las decenas de cajas que se sacaron de los despachos y domicilios registrados ese día ya está ahora (el último informe se presentó a finales de febrero) sobre la mesa de la jueza que ha llevado este caso desde sus secretos inicios de enero de 2016. Es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz. Ella, junto a la fiscal Sara Muñoz-Cobo y los agentes de la UDEF de Madrid, prepararon e impulsaron este caso y aquella operación que marcó un antes y un después en la vida judicial y política de la ciudad.

El asunto provocó la dimisión de Torres Hurtado y de su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, así como una posterior moción de censura que permitió el cambio de gobierno y la llegada del socialista Francisco Cuenca a la Alcaldía.

El día 12 de abril, la jueza Jiménez Muñoz firmó decenas de autos para autorizar los registros del día siguiente y otras medidas preventivas (como la inmovilización del patrimonio de los investigados). Sobre la mesa tenía en aquel momento un informe de la UDEF (resultado de una investigación previa llevada en secreto, con seguimientos incluidos) que tenía cientos de páginas en las que la Policía establecía las sospechas sobre la existencia de una “trama criminal” organizada en el Ayuntamiento de Granada para favorecer los intereses de determinados empresarios de esta ciudad.

La cúspide de aquella estructura estaría formada por el alcalde, la edil Isabel Nieto y el técnico de Urbanismo Manuel Lorente. Le seguían los principales altos cargos técnicos del Ayuntamiento y, en el otro lado, tres de los principales promotores, José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén.

A partir de ese momento se pusieron en marcha todas la diligencias ordenadas por la magistrada para tratar de esclarecer los detalles de esa supuesta trama. En los últimos tres años la Policía ha ido elaborando informes sobre los documentos hallados en los registros y sobre otras pesquisas relacionadas con el patrimonio y los movimientos económicos de los investigados.

En paralelo, un equipo de peritos de la Junta de Andalucía ha elaborado también informes para el Juzgado sobre las supuestas irregularidades urbanísticas que en teoría el Ayuntamiento habría consentido a los promotores, en su beneficio.

La instructora también citó a declarar a los investigados y a otros testigos para escuchar diferentes versiones de los hechos que se imputaban. Todo ese material indagatorio recopilado ya está en manos del Juzgado, que acumula miles de folios de procedimiento y decenas de discos de memoria con información. La jueza dio de plazo para la entrega de todos los informes hasta finales de febrero pasado y desde entonces cuenta con la información solicitada.

¿Qué queda ahora? ¿Se confirma la teoría de la “trama criminal” con la que se abrió el caso en enero de 2016? La Policía sigue manteniendo su tesis, pues en sus últimos informes destacaba el papel de Lorente y de Torres Hurtado como cerebros de una serie de operaciones ilegales.

Ahora es el momento de que la jueza, la Fiscalía y el resto de partes, hagan un análisis de todo lo instruido hasta ahora. Para ello es previsible que la magistrada opte por atender la petición de la fiscal y divida la macrocausa en distintas piezas separadas. Esto agilizaría la tramitación que toca a partir de ahora.

Cada pieza separada puede emprender su propio camino, que va desde el archivo hasta el procedimiento encaminado a la celebración de un juicio contra las personas que tengan relación con ese asunto en particular. Incluso podría darse el caso, una vez analizados los informes, de que se llevaran a cabo imputaciones de otras personas o que algunos de los investigados hasta ahora fueran apartados de la causa mediante el sobreseimiento.

La macrocausa partió de inicio con ocho grandes expedientes urbanísticos bajo sospecha. Aunque eran asuntos diferentes, los investigadores advirtieron rasgos comunes o lo que ellos llaman un mismo modus operandi, con las mismas personas casi siempre implicadas.

De ahí que se haya venido investigando de forma conjunta; pero ha llegado la hora en que, para agilizar el proceso, esos expedientes se individualicen, aunque está por ver cómo y en qué orden los organiza la jueza, que podría comenzar por los asuntos menos complejos como el que afecta a la sede de un registrador de la propiedad o el del edificio de Obispo Hurtado, construido por el exalcalde, la edil Nieto y sus familiares.

Sobre el caso también planea la sombra de la nulidad de parte de la investigación. En la misma línea de lo ocurrido con el caso Colina Roja de la Alhambra, algunas de las defensas han reclamado el final del proceso por incumplimiento de los plazos legales desde 2017.

Este asunto está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial (mismo órgano que ordenó dar carpetazo a la causa judicial que provocó la detención de decenas de personas por los contratos del monumento nazarí).

La jueza ya ha rechazado categóricamente esta petición de nulidad y llegó a plantear en su auto un auténtico alegato en contra del sistema legal que puede permitir la “impunidad” de personas investigadas a causa de conflictos formales que en muchos casos son fruto de la carencia de medios de los pequeños juzgados.

No obstante, aún en el caso de que los magistrados de la Audiencia dieran la razón a las defensas, en este asunto la nulidad no tendría apenas efecto porque casi todas las diligencias practicadas fueron ordenadas por la jueza antes de la fecha marcada en el recurso. Así lo destacó recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, al ser preguntado sobre un posible nuevo escándalo sobre el funcionamiento de la justicia.