Cientos de viviendas, en el limbo legal por graves irregularidades

Granada/Un cúmulo de graves irregularidades urbanísticas cometidas durante una década, no sólo por el promotor privado, sino también por el propio Ayuntamiento de Granada, podrían dejar ahora en un limbo de legalidad a cientos de pequeños propietarios de viviendas y terrenos en la zona noreste de la ciudad. Los inspectores de la Junta de Andalucía han concluido en un informe judicial que todo el Plan Parcial N2 de San Jerónimo, con 266.700 metros cuadrados, que se comenzó a desarrollar y a urbanizar en 2006, es actualmente nulo de pleno derecho, lo que afecta a todos los trámites, licencias y obras que se hayan desarrollado en este tiempo.

La jueza que investiga el caso Nazarí, de presunta corrupción municipal, acaba de recibir uno de los informes técnicos y jurídicos solicitados en relación con las posibles irregularidades urbanísticas que se investigan en esta causa judicial, que abarca buena parte de la gestión municipal de la última década en esta materia. Este documento, que es muy negativo para algunos de los investigados, se refiere a la ejecución del Plan Parcial N-2, muy cerca del complejo comercial de Kinépolis y en el límite de la ciudad con Pulianas. Allí se ha levantado una zona residencial llamada Ciudad de la Luz, con 300 viviendas que ya están habitadas. Su entorno es una gasolinera, rotondas, viales a medio terminar y descampados. El Ayuntamiento concedió la licencia de primera ocupación a los pisos, pese a que el promotor no había concluido las obras de urbanización. La Junta señala en su informe que, por este motivo, el permiso municipal que permitía vender las viviendas y habitarlas es "nulo de pleno derecho".

Pero el principal problema de este sector urbanístico de la ciudad es que estaba atravesado por el barranco de San Jerónimo. Hoy está tapado y desviado hacia terrenos de otros propietarios, mediante una obra que ejecutó el promotor "por la vía de hecho", sin los permisos legales requeridos y en contra de las directrices dadas por la autoridad de la cuenca hidrográfica; aunque contaba con el consentimiento de los responsables del Ayuntamiento en aquel momento, que incluso llegarían a camuflar esas carencias en sus informes.

Todas estas irregularidades, entre otras que señala el informe, enfrentaron al empresario José Julián Romero (investigado en esta causa como presunto beneficiario de un trato de favor municipal), con la mayoría de pequeños propietarios del Plan Parcial. Algunos de ellos fueron precisamente los que denunciaron estos hechos a la Fiscalía, después de presentar durante años decenas de escritos en el Ayuntamiento, incluso dirigidos al alcalde José Torres Hurtado. Este asunto fue uno de los que dio origen a la gran investigación del caso Nazarí, por la que fueron detenidas 16 personas, entre ellos el exalcalde del PP José Torres Hurtado.

Algunos de esos pequeños propietarios perjudicados por el desvío del barranco eran dueños de los terrenos aledaños al Plan Parcial de San Jerónimo, por donde el promotor de la Ciudad de la Luz y el Ayuntamiento decidieron abrir el nuevo cauce fluvial para tapar el original. Y esto se hizo sin contar con su permiso y sin expropiación. El informe de la Junta destaca este hecho como especialmente relevante porque se hacen las obras sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Además, cuando este organismo finalmente envía la autorización, establece unos condicionantes que no se respetaron. El Ayuntamiento avaló esos incumplimientos amparándose en un supuesto "interés público".

La CHG requirió al promotor para que restituyera la cuenca del barranco a su estado original, pero esto no se llegó a hacer. El municipio trató de regular la situación con el inicio del procedimiento de expropiación de los terrenos, pero el informe de la Junta de Andalucía advierte de que esto no sería legal porque esos suelos estaban destinados por el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad a espacios libres y ocuparlos con la cuenca de un río sería darles una utilidad diferente.

El Ayuntamiento aprobó en 2006 un Plan Parcial que preveía ese desvío del barranco sin la autorización imprescindible de la CHG y con la sola referencia formal a un visto bueno verbal que este organismo le habría dado al ingeniero del plan de urbanización, contratado por los promotores privados. Este es el motivo principal de nulidad de todo el desarrollo urbanístico de San Jerónimo, a juicio de los peritos judiciales. Pero habría otros "vicios" de especial relevancia para la ciudad, pues el plan aprobado por el Ayuntamiento dibujaba parcelas lucrativas sobre el espacio que ocupaba el original cauce del barranco. Esto quiere decir que se planificaron edificios sobre ese suelo rellenado con la tierra excavada en el nuevo cauce, algo que prohibió taxativamente la Confederación Hidrográfica.

"Bajo ningún concepto se podrá ocupar el cauce antiguo del Barranco de San Jerónimo con construcciones fijas", advertía la CHG. Los dos cauces, el nuevo y el original, deben seguir formando parte del dominio público hidráulico, lo que significa que la obra no dejaría terrenos disponibles para construir nada, ni siquiera equipamientos, por motivos de seguridad. Pero la reparcelación del sector aprobada por el Ayuntamiento establecía "parcelas netas con edificabilidad sobre el cauce original del barranco, previsión totalmente contraria a la resolución del organismo de cuenca, que prohíbe edificar sobre el cauce abandonado", destacan los inspectores.

En los últimos años el municipio ha tramitado una innovación del Plan Parcial, que no ha concluido aún y que la Junta considera ahora inviable. Esta modificación proponía los cambios necesarios para adaptarse a algunas de las exigencias de la CHG. Pero los peritos sostienen que no se podría admitir porque el desvío del barranco ejecutado por terrenos ajenos al Plan Parcial no es admisible y la CHG exige que se revierta la obra.