El Consejo Consultivo de Andalucía plantea la simplificación administrativa como reto y prioridad para 2023
Tribunales
Granada/La presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo Castillo, ha hecho entrega esta mañana al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de la Memoria 2021, un documento en el que la institución da cumplida cuenta de la actividad desarrollada durante el pasado año.
A lo largo de 2021, el Consejo Consultivo recuperó la normalidad tras la pandemia de la Covid-19, llegando a alcanzar las mejores cifras en número de solicitudes desde 2012. De esta forma, el año terminó con 1.136 peticiones de dictamen frente a las 824 de 2020, y se emitieron 989 dictámenes frente a los 747 de 2020.
Como en años anteriores, el 99% de las peticiones se reparten entre la Administración Autonómica y la Administración Local. La primera, (con el SAS a la cabeza) fue la solicitante de 504 dictámenes (51%), mientras que la segunda estuvo detrás de 476 dictámenes (48%). Si nos fijamos en la Administración local, fue el Ayuntamiento de Málaga el que más solicitudes hizo al Consejo Consultivo: 182, seguido del de Sevilla, con 101, Cádiz con 52, Granada con 42, Córdoba con 33, Almería con 25, Jaén con 23 y por último Huelva con 18.
Por materias, las responsabilidades patrimoniales fueron las más numerosas, copando el 51,77% de los dictámenes emitidos (512). Le siguieron las revisiones de oficio con 266 dictámenes (26,9%), la contratación administrativa con 94 (9,5%), el urbanismo con 46 (4,65%), los proyectos de decreto con 26 (2,63%) y los recursos de revisión con 24 (2,43%), entre otros.
Como viene ocurriendo desde 2012, las reclamaciones patrimoniales no han dejado de aumentar y así, mientras que en 2020 se abordaron 442 expedientes relacionados con esta materia, en 2021 la cifra alcanzó ya los 512. De ellos la mitad (50,1%) se ubican en el ámbito sanitario, mientras que el 32,8% están relacionados con el ámbito vial. Las caídas peatonales volvieron a tener un lugar destacado en este apartado (134), si bien solo se pudo acreditar la relación de causalidad en 16 casos.
En el cómputo global de las responsabilidades patrimoniales solo se estimaron 102, lo que supone un 19,9% del total. Los dictámenes relacionados con la pandemia (38) supusieron en 2021 casi el 4% del total de dictámenes emitidos, estando la mayoría de ellos relacionados con las resoluciones de contrato (16), seguidos de las revisiones de oficio (10) y las responsabilidades patrimoniales (4), entre otros.
Retos para 2023
Previamente a la entrega de la Memoria 2021 que se ha llevado a cabo en San Telmo, la presidenta ha asistido a la toma de posesión de la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, como consejera nata del Consejo Consultivo de Andalucía; puesto en el que sustituye a Joaquín López-Sidro.
Con la vista puesta en 2023, la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía ha planteado como principal reto la apuesta por la simplificación administrativa. Un objetivo que pretende liberar al ciudadano de cargas superfluas buscando la mayor eficacia en el funcionamiento de las Administraciones públicas, lo que permitirá, además, activar la economía reduciendo los elevados gastos que genera la exigencia desmesurada de cargas administrativas.
Gallardo Castillo, quien ha ofrecido a las Administraciones el asesoramiento del Consejo para acometer este reto, recuerda que esta simplificación no puede consistir en la indiscriminada eliminación de trámites, ni puede lograrse a costa de renunciar a una adecuada instrucción del procedimiento o a que ésta se realice de forma deficiente o en condiciones que no garanticen el acierto de la resolución que en su momento se dicte.
"En este proceso de simplificación no hay que olvidar que detrás de cada trámite hay un derecho del interesado que hay que preservar, pero sin cercenar garantías. Hay muchas medidas que se pueden ir implantando para hacer un procedimiento más ágil: una ventanilla única, la implantación de medidas organizativas y tecnológicas, mayor coordinación administrativa, la estandarización en el modo de presentación de los informes, la agilización de comunicaciones internas… en definitiva ‘trillar’ lo innecesario, reducir la desmesurada burocracia para destinar el montante económico ahorrado a otras actividades mucho más productivas", ha concluido la presidenta.
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