Oliver: "La corrupción del PP le está costando muy cara a esta ciudad"

El gobierno municipal teme la condena a una nueva indemnización "millonaria" como consecuencia de la ilegalización por parte del TSJA de los negocios de restauración que el Ayuntamiento autorizó junto al Pabellón Mulhacén durante el mandato anterior. "La corrupción del PP le está costando muy cara a esta ciudad", ha declarado esta mañana el teniente de alcalde Baldomero Oliver, durante una rueda de prensa convocada para explicar a la opinión pública la "delicada" situación en la que se encuentra la economía municipal a causa de las sentencias que van llegando por la "mala gestión" anterior.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, que también ha participado en esa comparecencia, ha explicado la complicada tesitura en la que se encuentra ahora el gobierno, con una sentencia que le obligaría a clausurar esos negocios del Zaidín, lo que podría aparejar una reclamación económica "millonaria" por parte del empresario de la concesión. El edil ha preferido no hacer una estimación económica más concreta por "prudencia".

"El empresario que tiene la concesión del Pabellón Mulhacén [Roberto García Arrabal] es el que está imputado por los casos Serrallo y Nazarí. Así que se puede dar la paradoja de que sea a él al que le tengamos que pagar la reclamación patrimonial", ha explicado el edil de Urbanismo, alarmado por la posibilidad de que sea precisamente el promotor investigado el que salga ganando con la ilegalidad urbanística ya declarada.

Fernández Madrid ha expuesto las opciones que tienen sobre la mesa y sobre las que tendrán que decidir antes de que finalice el mes. La primera de ellas es recurrir la sentencia del TSJA al Supremo, aunque el edil admite que los servicios jurídicos ya les han avanzado su complejidad. "Si recurrimos pueden decir que estamos dando por bueno el estudio detalle, pero tendremos que agotar todas las vías jurídicas para no pagar otra millonada, y no porque estemos tapando las vergüenzas al PP", explicó el edil sobre el dilema judicial que se les plantea.

"Nos dice Asesoría jurídica que es difícil el recurso. A final de mes se acaba ese plazo y si no encuentran razones de derecho para recurrir habrá que acatar la sentencia". Si el camino es aceptar la resolución del TSJA, el responsable de Urbanismo explicó que "este Ayuntamiento va a hacer todo lo posible para que el empresario no cobre las reclamaciones patrimoniales". Para ello "habrá que ver si revisamos las licencias, todo el procedimiento administrativo... Vamos a intentar que cueste lo menos posible", agregaba Fernández Madrid.

Otra de las opciones que ya está estudiando al asesoría jurídica municipal es la reclamación directa a los supuestos responsables de la gestión urbanística que le puede costar muchos millones a la ciudad, para que éstos "paguen con su patrimonio". En cualquier caso, la mejor opción del Ayuntamiento pasa por el procedimiento penal abierto, el caso Nazarí, donde este asunto del Pabellón Mulhacén es una pieza principal por supuesta corrupción y trato de favor a García Arrabal por parte del anterior equipo de gobierno.

Una hipotética condena a los supuestos responsables por este asunto significaría que el Ayuntamiento podría repercutir directamente cualquier indemnización a la que estuviera obligado, pues habría responsables con nombres y apellidos. Es por eso que el gobierno socialista tiene intención de hacer uso de la personación del Ayuntamiento en esa causa abierta para incidir en la búsqueda de responsabilidades penales.