La solución a los cortes de luz divide a las administraciones: de medidas sociales y de seguridad a un cambio legal para endurecer sanciones

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido este jueves una reunión de la mesa política de los cortes de luz, en la que han participado la propia Subdelegación, Ayuntamiento, Junta y Diputación junto al Defensor de la Ciudadanía y fuerzas de seguridad. Una reunión que se convoca por primera vez siendo José Antonio Montilla subdelegado del Gobierno, que ha dejado claro cuál es su visión de la situación de los cortes de luz y cómo va a abordarla mientras ocupe el cargo. Y las soluciones a los cortes de luz dividen a las administraciones: mientras Subdelegación defiende medidas sociales, de seguridad y mejoras de instalaciones, las instituciones gobernadas por el PP reclaman un cambio legal que la Subdelegación no ve necesario.

Montilla ha reconocido que se trata de un "problema enquistado" que lleva ya 15 años sin solución e insiste en que la única manera de solucionarlo es "es ir todos juntos". Un discurso de unidad en el que también han insistido el resto de instituciones, ahora y en años atrás, pero que tampoco se ha visto que solucione nada, por ahora.

"Si no entendemos que es un problema plurifactorial no vamos a darle solución, vamos a echar la culpa a otros pero no a resolver problemas", ha dicho, negando a priori la solución que habían pedido justo antes en el uso de la palabra antes de la reunión desde Junta, Diputación y Ayuntamiento (gobernadas por el PP) de que la solución es un cambio legislativo. "Esto no se soluciona con una modificación legislativa porque no sirve solo perseguir al que cuida el cultivo, estamos hablando de bandas criminales, de blanqueo de capitales, y los tipos penales que están para organización criminal o blanqueo son suficientes. No me parece que esa sea la solución porque no hay que olvidar que estamos ante un problema social en el distrito Norte y otros territorios y que hay que adoptar medidas sociales, medidas de mejora de las instalaciones eléctricas y medidas de seguridad".

Según Montilla, las fuerzas de seguridad "hacen sus investigaciones de las organizaciones criminales" y por otro lado apoyan a Endesa o Policía local cuando lo necesitan. "Pero tienen que avisarnos", avisa. De hecho, en lo que llevamos de año se ha pasado de unos 700 a casi 1.500 apoyos, el doble,

El Subdelegado ha insistido en que va a trabajar por resolver este problema "juntos, sin culpabilizar, sin ponerse de perfil por ser un problema del Endesa, del Ayuntamiento o de la Subdelegación. Es un problema de las personas que no tienen luz y ahí tenemos que estar todos, con el Defensor y las asociaciones y los vecinos".

La Junta pide cuerpos de seguridad específicos

Para el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados, también ha reconocido la importancia de actuar "coordinados" y ha ensalzado el trabajo de las fuerzas de seguridad, pero ha dicho que en este problema "estamos hablando de que hay mafias, ya no el cultivo de una persona determinada, por lo que sigo reclamando, como otras veces, una modificación de la tipificación penal por el cultivo de estupefacientes, concretamente marihuana, y la defraudación de fluido eléctrico para el cultivo". Granados ha reconocido que eso sería para una intervención en primera línea, por lo que también ha reclamado "cuerpos específicos de seguridad para actuar", una "Policía o Guardia Civil o un cuerpo específico" para estos casos. Además, ha pedido a Endesa mecanismos de autoprotección de los nuevos centros de transformación. "El problema no es sencillo", reconoce, destacando el trabajo de la Junta con la inspección a la empresa, la auditoría técnica de las redes de baja tensión de 9 municipios con centros de transformación y el plan de inversión de Endesa 2025-2027, al que han planteado actuaciones en esos 9 centros de transformación.

"En paralelo se realizan inspecciones en cuadros de contadores de la zona Norte, dentro de los bloques. Y en ocho bloques trasladamos a Endesa que entrara en contacto con las comunidades porque había cuadros con graves deficiencias por manipulaciones", pidiendo que las propias comunidades de vecinos actualicen y normalicen las instalaciones que tienen.

El Ayuntamiento pide que sea un problema de Estado

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha reconocido el trabajo que ha permitido avanzar hasta ahora en la búsqueda de soluciones con la coordinación entre todas las instituciones, la distribuidora y los vecinos. "Estoy convencida de que nos queda camino por recorrer pero tener encuentros como este con lealtad institucional es necesario. Tenemos que coordinarnos para no dar un paso atrás, redoblar esfuerzos cada uno en sus competencias", ha dicho, insistiendo en la importancia del momento actual para planificar el verano, otro momento del año, junto al invierno, donde se sufren más los cortes de luz.

"Ofrezco los recursos municipales, sumamos un trabajador municipal para atender sobre todo a los electrodependientes, que nos preocupan, y para intermediar con la distribuidora. Estamos haciendo un trabajo importante y nos falta seguir dando otros pasos. Agradezco al Defensor del Ciudadano también su implicación. Esto tiene que ser un problema de Estado y debe recibir su atención, no basta el trabajo local o provincial sino del Estado porque se reproduce en otras provincias. El cambio normativo es necesario, tipificar el delito, aumentar las sanciones. Es otro camino que abordar y confío en él. Y en paralelo sumar recursos", ha dicho Carazo, que asegura que "juntos podemos abordar el problema desde el ámbito local" pero "hasta un punto".

Diputación insiste en la reforma legal

La vicepresidenta de la Diputación, Mónica Castillo, ha dicho que los avances hasta ahora son "insuficientes". "Uno de los problemas más claros y endémicos son estas plantaciones y los interiores y la necesidad de luchar contra ellos. Es necesario la reforma legislativa y trabajando en coordinación entre las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad del Estado", ha insistido sumándose a la petición de Junta y Ayuntamiento del cambio legal.