Cultura censura el abandono del Plan Albaicín y pide que se retome

La Junta de Andalucía pidió ayer al Ayuntamiento de Granada que retome la revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín-Sacromonte, después de que la semana pasada anunciara su pretensión de archivarlo por la falta de colaboración del Gobierno andaluz, al que reprochó no haber emitido en cinco años una resolución sobre la propuesta municipal.

La delegada de Cultura, Ana Gámez, advirtió ayer que se trata de un plan "fundamental para el futuro de toda la ciudad de Granada", sin el cual "el Albaicín queda desprotegido, únicamente amparado por un plan ya obsoleto que cuenta con más de 20 años de antigüedad".

"La colaboración de la Consejería ha sido continua desde el principio", explicó Gámez, ya que "ha habido un continuo intercambio de documentación entre el equipo redactor y los técnicos de cultura, así como sucesivas consultas y reuniones de trabajo con dicho equipo redactor". "Se han emitido informes a dichas consultas, relatando las cuestiones pendientes de subsanación", señaló.

Gámez defendió que la Consejería "ha respondido siempre con la mayor celeridad a los borradores presentados por el Ayuntamiento, que han sufrido pocas modificaciones y no han tenido en cuenta las consideraciones de los técnicos de Cultura".

En esta ocasión, dijo, el borrador presentado por el Ayuntamiento, "además de poco sistematizado e injustificado, continúa sin contemplar algunos elementos fundamentales", por lo que la Consejería ha hecho algunas apreciaciones, siempre "con la intención de mejorar un Plan que conseguirá para el Albaicín la protección que merece".

En este informe se aportan algunas consideraciones para mejorar la redacción del documento, que se halla todavía en fase de aprobación inicial, y "la Consejería ha emitido un informe muy detallado y completo", explicó la delegada, "aunque no existe obligación por nuestra parte, ya que esta fase de redacción inicial es responsabilidad única del Ayuntamiento". El informe no es vinculante ni preceptivo, por lo que no es un requisito necesario para continuar con su tramitación administrativa, por lo que el Ayuntamiento "vuelve a echar balones fuera" responsablizando a la Junta de su competencia.