Daños colaterales en el Soto de Rojas

La llamada del centro se produjo a la una y media de la tarde del 15 de septiembre y el mensaje estaba claro: "Su hijo no está admitido en el centro y, a partir de mañana, tendrá que incorporarse en el IES Cervantes". La misma conversación se repitió cinco veces y las familias que recibieron esa llamada las primeras en sufrir los daños colaterales del llamado fraude en el IES Soto de Rojas.

Los padres afectados están indignados, porque de un día para otro les han cambiado el centro de estudios de sus hijos sin ningún aviso previo. Los niños, que hasta hace una semana aparecían como matriculados en el centro, estuvieron la semana pasada en las reuniones informativas de toma de contacto con el resto de sus compañeros y ya tenían el planing de trabajo.

Los padres afectados tienen claro que están siendo perjudicados en un caso en el que, en principio, no entraban ni salían, y denuncian cómo se está sucediendo el final de la historia. No entienden cómo horas antes de comenzar el curso se les pueda llamar desde el instituto para decirles que sus hijos no están admitidos. Y consideran que se debería hacer tenido previsión con los niños matriculados.

En cualquier caso, consideran que la Justicia debe hacer su trabajo y resolver las investigaciones como corresponda. Pero apelan al papel de la delegación que no puede consentir que cada año se repita la misma "picaresca" en la que siempre hay unos que salen ganado a costa de otros. Todo comenzó cuando se abrió el proceso de matriculación.

El IES Soto de Rojas recibió, como todos los años, una avalancha de solicitudes -a las que nunca puede dar respuesta-. Pero en esta ocasión los padres que no consiguieron plazas para sus hijos no se quedaron quietos y denunciaron una realidad que se ha convertido habitual en las matriculaciones "falsificar censos, domicilios o direcciones de trabajos para obtener más puntos". Los padres aportaron a la delegación nombres y apellidos a aquellos padres que habían mentido en alguno de los aspectos baremables (la renta, el domicilio familiar o el laboral y el tener hermanos en el centro). En su momento, los denunciantes manifestaron que no querían ser delatores de nadie, pero no podían ser ajenos ante la "injusticia que se estaba cometiendo con ellos de por medio". La Policía Autonómica comenzó a investigar. Finalmente, de las 70 denuncias presentadas se admitieron a trámite 13 y la propia delegada anunció la semana pasada que se estaban resolviendo a su tiempo. Las resoluciones han llegado y ya están teniendo sus primeras consecuencias.