El Defensor de la Universidad de Granada advierte de la necesidad de revisar el uso del whatsapp entre estudiantes y docentes

El defensor universitario de la Universidad de Granada, Antonio Ángel Ruiz Rodríguez, presentó su informe anual referido a las actuaciones de la oficina durante 2021 con un toque de atención: Las comunicaciones entre profesorado y estudiantado por Whatsapp funcionan, pero "no podemos entender" que se realicen notificaciones por esa vía cuando la UGR tiene canales oficiales. Estos "están estudiados para cumplir con la norma y con la ley. Tienen un respaldo formal y un valor seguro", explicó el profesor ante el claustro, convocado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, ubicada en el campus de Fuentenueva. El inicio de la sesión estuvo marcado por la protesta de sindicatos y trabajadores contra la "privatización" de servicios en la Universidad.

"Las plataformas oficiales nos garantizan la protección de datos", destacó en su intervención el defensor, que ejemplificó su exposición con el caso de un cambio de examen que se notificó a través de esta aplicación de mensajería. "Hay que mejorar y respetar lo ya establecido", recomendó al respecto Ruiz Rodríguez.

En su informe destacó el número de quejas que ha recibido la Defensoría en 2021, 79, cuando el ejercicio anterior fueron 122. Antes de la pandemia también se superaba el centenar de quejas tramitadas en este estamento universitario. El número de correos en el pasado año recibió la Defensoría fue de 718, (por 1.485 del 2020) y se mantuvieron 214 entrevistas personales, mientras que en el ejercicio anterior fueron 144. Ruiz Rodríguez indicó, para explicar el descenso del número de quejas, que posiblemente se deba a que "ante una situación provocada por el Covid mantenida" la comunidad universitaria "nos hemos acostumbrado" a la nueva normalidad, lo que ha "abierto" el diálogo entre las partes. Ruiz Rodríguez reconoció su "sorpresa" por el dato estadístico de quejas recibidas y destacó la bajada de los casos remitidos por mujeres ( (32, cuando el año anterior presentaron 79), lo que atribuyó a la "intensidad" con la que la UGR trabaja las cuestiones de género. El informe de la Inspección de Servicios, otro órgano de la UGR dedicado a velar por el normal funcionamiento de la institución, recogió 379 asuntos el pasado curso 2020/2021, cuando en prepandemia no superaba los 200.

La presentación del informe vino precedida por el recuerdo del defensor a la figura de María Contreras, fallecida con 101 años y que fue jefa de personal con Gallego Morell. La convocatoria del claustro incluyó asimismo la presentación del Plan Estratégico UGR 2031.

De vuelta al informe, la mayoría de las 79 quejas proceden del sector del estudiantado, 63; otras doce del profesorado, dos más del personal de administración y servicios y otras dos en el capítulo de otros. Por áreas, la Escuela de Posgrado concentró 20 peticiones ante la Defensoría; Educación y Farmacia, cinco cada una; y Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, cuatro cada una. La mayor parte de los casos tuvieron que ver con el proceso de evaluación (31), ocho casos estuvieron relacionados con docencia y once se integraron en el capítulo genérico de otros. Ruiz Rodríguez llamó la atención por las quejas relacionadas con los trabajos de fin de grado y de fin de máster.

En cuanto a las recomendaciones, pidió "cuidar" aspectos como poner fecha y hora para la revisión de las calificaciones; garantizar la indemnidad de quienes recurren a la Defensoría, y abordar la necesidad de explicar que los másteres son presenciales ante las peticiones de evaluación única final. "No buscamos clientes. Si el máster es presencial, debe ser presencial en su desarrollo". También pidió "abrir la mente" en cuanto a los exámenes de incidencias, recurso empleado en pandemia para permitir la evaluación de aquellos estudiantes a los que el periodo de pruebas les coincidió con cuarentena. Un año más, pidió que se cuiden las formas en relación al uso de las redes sociales. "No podemos bajar la guardia".

Otro punto tratado fue el del teletrabajo, que también fue argumentado en el turno de intervenciones por parte de los claustrales. "Es el momento de regularlo", explicó el defensor, que añadió que "puede haber teletrabajo donde es posible, sin olvidar que somos una universidad presencial". Por otro lado, se felicitó por la creación del código ético y en relación con la Ley de Convivencia, expuso que ahora comienza el proceso de aplicación de la norma a la realidad de la UGR. En este momento la rectora, Pilar Aranda, señaló que ya se había nombrado a un mediador.

Carta a Juanma Moreno

En la intervención de la máxima responsable de la Universidad, al inicio del claustro, se explicó el modelo de reparto de fondos recientemente aprobado por la Junta. "Desde 2015 reclamamos un nuevo modelo", recordó. También indicó que los rectores andaluces (entre los que hay debate sobre el nuevo sistema de reparto) han remitido una carta al presidente autonómico, Juanma Moreno, para pedir que se elevase la suficiencia financiera al 103% y que los 21 millones anunciados por el jefe del Ejecutivo andaluz y que llegarán a través de fondos Feder sirvan "para corregir desequilibrios". Además, Aranda reconoció que no todos los rectores están satisfechos con el sistema de reparto puesto sobre la mesa, indicó que se prevé que haya elecciones regionales este mismo año y que se apunta a una nueva revisión del modelo de financiación "para que no haya desajustes".

Sobre la postura de la UGR, Aranda señaló que "llevamos años" con retraso en los presupuestos de la Junta que afectan a la elaboración de las cuentas de la Universidad y de nuevo incidió en que "no voy a trabajar para que se hunda ninguna universidad". "Todas las universidades deben seguir existiendo con dignidad", apuntó, para asegurar al renglón seguido que "me debo" a la UGR.

Sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), Aranda expuso que se prevé tener un texto en abril y que, por lo conocido, se apuesta por una mayor autonomía de las universidades. En este punto, la rectora apostó por "unos mínimos" que permita que no haya 50 universidades públicas con normativa diferente.