Doce años sobre la mesa de un Juzgado

Granada/Diligencias Previas 1146/2006. Es el nombre 'oficial' del caso Marchelo, el asunto más importante de presunta corrupción urbanística que se ha dado en Granada, y que -como indica su propia numeración- lleva una docena de años en fase de investigación. Cuando salió a la luz, con detenciones y pinchazos telefónicos, esta causa llenó portadas e informativos de cualquier medio de comunicación, pero el destello se fue apagando, ya fuera porque han surgido nuevos escándalos o por simple aburrimiento de un proceso lento y dilatado como ninguno. Fuentes judiciales destacan el "silencio" que hay sobre este caso.

Con 16 investigados (entre políticos, funcionarios e importantes empresarios), la causa se sustenta en la posible comisión de delitos como prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio o blanqueo de capitales en la tramitación de varias operaciones urbanísticas en el municipio de Alhendín (uno de los más desarrollados en la época del despegue inmobiliario). Están en juego más de 15 millones de euros de posible perjuicio para las arcas públicas, 1.500 viviendas construidas, un polígono industrial y pérdidas económicas de centenares de inversores que compraron terrenos. Es considerado por los especialistas judiciales en la materia como el gran caso granadino de posible corrupción y uno de los más graves en cualquier municipio del país.

En una reciente (en relación a los tiempos de este caso) resolución de la Audiencia Provincial, ésta considera que el asunto "es el candidato idóneo para declarar la complejidad de la investigación [lo que permitía ampliar los plazos legales], no sólo por el número de imputados, sino también por la materia, investigando delitos de corrupción relacionados con el urbanismo en una pluralidad de operaciones inmobiliarias autorizadas por el Ayuntamiento de Alhendín". Pero los mismos magistrados de la Sección Segunda introducen en ese auto de mayo de 2017 una serie críticas por la enorme demora: "Los once años ya cumplidos que está durando esta primera fase de instrucción o de diligencias previas en que se encuentra este proceso son un buen ejemplo de las disfunciones que la reforma legal trata de corregir con la fijación de plazos máximos de obligado cumplimiento".

El caso está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe y, según fuentes del caso, el final de esta fase de investigación estaría pendiente de un informe pericial encargado a la Junta de Andalucía, a petición de la Fiscalía, que consideró necesario hacer una valoración de los aprovechamientos urbanísticos de los convenios firmados. La idoneidad de encargar esa última diligencia fue recurrida por una de las defensas y la Audiencia Provincial confirmó que debía hacerse para "armonizar las necesidades de la instrucción con el derecho, ya un tanto maltrecho, de los investigados en general a que no se produzcan dilaciones procesales más allá de lo estrictamente indispensable".

Pese a todo, las defensas de este caso han presentado durante estos años una larga lista de recursos, cuya resolución también ha contribuido a alargar los tiempos. La tardanza del proceso puede derivar en el reconocimiento de dilaciones indebidas, lo que implicaría una posible reducción sustancial de penas, en caso de que haya juicio y condenas. Algunas fuentes llaman la atención también sobre la posible prescripción de algunos hechos delictivos.

A lo largo de estos casi 12 años, la causa ha cambiado de manos varias veces y han actuado al menos 3 jueces diferentes. También se han dado intentos de cerrar la instrucción. El 21 de octubre de 2009, el titular de ese Juzgado de Santa Fe dictó el auto de continuación del proceso como procedimiento abreviado (lo que supone pasar a una fase previa al juicio oral). Pero la resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Alhendín (acusación popular) ante la Audiencia Provincial, que casi tres años después de aquel auto (en 2012) ordenó dar marcha atrás y practicar otras diligencias de investigación propuestas por las partes. Los magistrados reprocharon al juez de Santa Fe que pasara "a otra fase distinta del proceso que supone el fin de la actividad instructora, pese a no encontrarse todavía completada la instrucción ni suficientemente investigados los hechos sobre este extremo". Llegan a decir en el auto que la celeridad del juez "no resulta admisible".

A partir de ese momento, la investigación se volvió a reactivar y se pidieron varios informes periciales adicionales, cuya recepción completa está pendiente.

Aunque quedara en suspenso, aquel auto de 2009 sirvió para hacer una especie de balance de lo investigado hasta ese momento. Solo habían pasado algo más de 3 años (frente a los casi 12 de ahora), pero el juez ya destacaba la "larga instrucción practicada", que calificaba de "compleja" y "vasta". En su auto acordaba el procesamiento de 15 investigados por una larga lista de presuntos hechos delictivos, sintetizados en 49 folios, para los que se habrían encontrado suficientes indicios y pruebas. Advertía también de que había obviado aquellos hechos que hasta ese momento estaban "huérfanos de base incriminatoria suficiente", lo que puede haber cambiado con el desarrollo de la investigación posterior.