Empleados de la Alhambra discrepan sobre la existencia de presiones en el contrato de las audioguías

La Audiencia de Granada ha celebrado este miércoles la tercera jornada del juicio que investiga si hubo trato de favor por parte del Patronato de la Alhambra a la empresa concesionaria del contrato de las audioguías, un caso que sienta en el banquillo de los acusados a la exdirectora del Patronato, María del Mar Villafranca, a la secretaria general, al anterior responsable de Economía del monumento y al administrador único de la empresa contratista, Stendhal Museum. Se les acusa de prevaricación y malversación con peticiones de pena de hasta cinco años de prisión e inhabilitación. Al empresario, además, la Fiscalía le acusa de blanqueo de capitales, por lo que eleva su petición de cárcel a los diez años. Ls multas pueden superar el millón de euros.

Tras las declaraciones de los cuatro acusados en el primer y segundo día del juicio, este miércoles han comenzado las declaraciones de los testigos, testificado funcionarios que trabajaban en la Alhambra durante la vigencia del contrato de las audioguías y que han presentado su participación en la adjudicación del servicio a Stendhal Museum Solutios. En la sala, dos de las funcionarias que trabajaban en el Patronato han defendido dos posturas diferentes, una que nunca recibió presiones y otra que habla de expedientes internos.

La primera testigo ha explicado que firmó un informe en el que explicaba con datos generales cómo prorrogar el contrato de las audioguías en el que detallaba que si la modificación de los pliegos incluía algo "esencial" requería la participación de un letrado de la Junta. "Es un trámite administrativo que podía haber hecho cualquier persona", ha añadido esta funcionaria, que ha dicho que no se encargó de redactar el contrato de modificación del servicio de audioguías y ha subrayado que "nadie me dijo nunca nada" sobre cómo hacer su trabajo, por lo que "nunca" se sintió presionada.

La postura totalmente opuesta ha defendido la segunda de los testigos de esta jornada del juicio, funcionaria encargada del área de gastos del departamento de gestión económica que no llevaba por tanto este contrato, enmarcado en el área de ingresos. Esta trabajadora ha explicado a preguntas de la Fiscalía que el procedimiento normal para redactar, licitar y adjudicar un contrato del Patronato de la Alhambra comenzaba en el servicio interesado en ese servicio, que se encargaba de defender la necesidad del contrato y de redactarlo. Cuando recibía el visto bueno y los fondos, llegaba a su área, que tramitaba el resto de pasos administrativos. Sin embargo, ha explicado que el expediente de las audioguías no llegó a su departamento hasta 2013, momento en el que lo llevan hasta su zona de trabajo por una mudanza.

"Vi que estaba muy delgado", ha recordado esta funcionaria, que ha añadido que "le faltaba documentación" porque, pese a haberse hecho por procedimiento abierto no aparecían las ofertas de otras empresas y además había sido modificado. Entre esas modificaciones ha añadido los cambios en el canon que Stendhal Museum Solutions pagaba al Patronato de la Alhambra por el servicio de audioguías, que se rebajó en mayo de 2012 con la contraprestación de que ofrecieran información al asistente. "Creo que no procedía y que se hizo sin seguir el procedimiento", ha añadido esta funcionaria, que consideró entonces que este servicio era algo "ajeno" al contrato principal, por lo que a su juicio debió hacerse de manera aislada. "Entendía que no procedía", ha resumido esta trabajadora, que formalizó su parecer con una nota interna que provocó que la convocaran a una reunión con la que era directora del la Alhambra, María del Mar Villafranca, y la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, ambas acusadas en esta causa.

Informes internos y presiones

"La secretaria general dijo que mi nota era perjudicial para todos en la organización y la destruyó, pero yo tenía el informe visado", ha apuntado la testigo, que ha dicho que la acusaron de desleal. También ha recordado que le prohibieron contestar a requerimientos oficiales como el de la Agencia Tributaria que alertó sobre la empresa encargada del prestar el servicio de audioguías y exigió los documentos del expediente sobre el servicio.

Hasta ese momento, esta funcionaria se presentó como enlace con la Agencia Tributaria en un momento de la investigación en la que ha dicho que hubo presiones que derivaron en bajas laborales como la suya, aunque el presidente de la sala le ha recordado que su baja fue anterior a este proceso. Ha añadido que se abrieron expedientes de información reservada a una veintena de compañeros después de unos anónimos con documentos sobre posibles irregularidades y que el servicio de limpieza le dijo que las bolsas de basura con documentos triturados se habían multiplicado esos días.

A preguntas de uno de los letrados de la defensa, esta funcionaria ha negado que presenciara o conociera "ningún pacto ilícito" entre la secretaria general y la empresa concesionaria del servicio. Ha añadido que en 2011 se redactó un nuevo pliego de condiciones para las audioguías que "nunca llegó" al área de gestión económica y que no participó en los procesos porque se sintió "ninguneada". Ha reconocido además que nunca se aprobó ningún expediente que llegara con un informe desfavorable y que sí gestionó un reconocimiento de deuda que la empresa tenía con una entidad bancaria.

Las declaraciones de los acusados

Villafranca, que ha dicho sentirse "perseguida" en este proceso, defendió su actuación en su declaración y dijo actuar siempre conforme a la legalidad y los mandatos del Pleno del Patronato y que se prorrogó el contrato como garantía para cobrar la elevada deuda de la empresa. Negó trato de favor, al igual que la secretaria general, María Victoria Chamorro.

El empresario A.A.L.R. aseguró, por su parte, que la Alhambra siempre pagaba "tarde y mal". El anterior responsable de economía del monumento (al que no acusa la Fiscalía pero sí la Junta de Andalucía) declaró que no tuvo ninguna responsabilidad sobre la ejecución de los contratos, ha sostenido el acusado, quien tampoco tuvo vinculación alguna con el empresario investigado, según su versión.

Próximas sesiones

Con la de este miércoles, el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de audioguías ha completado ya tres de sus once sesiones previstas y continuará este jueves con la declaración de otros cinco testigos, según han informado a EFE fuentes del caso.

Para la próxima semana está previsto que sigan las testificales, con cuatro personas citadas el lunes 16 y otras cinco el martes 17 -una de ellas a través de videoconferencia-, mientras que las periciales arrancarán el miércoles 18 -con cuatro peritos-, seguirán al día siguiente -jueves 19, con otros cinco- y el lunes 23 con cuatro más.

Finalmente, siempre y cuando se mantenga la previsión fijada, la Audiencia de Granada ha programado para los días 24 y 25 de enero la fase final de la vista oral con las conclusiones e informes.