Los trabajadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública exigen el mantenimiento de la institución sin fusiones

Granada/El comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública, organismo dependiente de la Junta con base en Granada, denunció la semana pasada lo que considera considera "manipulación intencionada" y "posibles irregularidades muy graves" en el informe auditor de la firma Ernest&Young SL contratado por el Gobierno andaluz para la disolución y desintegración de la misma. Ahora, los trabajadores exigen que se cumpla la Propuesta No de Ley del Parlamento andaluz de 2020 que señala que "la EASP debe continuar como está y reitera sus demandas a fin de que sean escuchadas y consideradas para poder iniciar un diálogo con la Consejería de Salud y Familias", han precisado este miércoles en un comunicado.

Según ha dicho la Consejería de Salud y Familias en una nota emitida este martes, "continúa con el proyecto para la creación del Instituto Andaluz de la Salud con el que se trata de dar forma a un ente que agrupe a las distintas entidades instrumentales que se dedican a la docencia e investigación sanitaria en la comunidad autónoma de Andalucía", entre ellas la EASP. Para el comité de empresa, "con ello, la Consejería solo ha expresado qué quiere hacer, pero ha ocultado el cómo quiere alcanzar su objetivo", han señalado.

El peligro de extinción continúa

La realidad, ha asegurado el Comité, es que hasta el momento no han variado "ni una coma" la propuesta que fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular en diciembre de 2019, y que se basa en el texto de una Proposición de Ley en la que se recoge textualmente, la "extinción y disolución por fusión y transformación" de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Este es el punto de partida en el que se quiere basar la creación del Instituto Andaluz de Salud, ha comunicado la propia Consejería a los trabajadores y trabajadores de la Escuela. Por lo tanto, en contra de lo que hace público este miércoles la Consejería, "pedimos su retirada porque no se garantiza la continuidad de la EASP, ni sus funciones, ya que en este proyecto no está reflejada la Salud Pública por ningún lado, hecho muy grave teniendo en cuenta la situación de pandemia que como sociedad estamos viviendo".

Además, ha añadido los representantes de la plantilla, los planes de agrupar la EASP a otras instituciones hacen referencia solo a formación, sin mencionar en ningún momento la labor de investigación, consultoría y asesoría internacional que ha permitido a la EASP ser un agente clave de innovación en salud. "Este hecho hace sospechar, una vez más, sobre las intenciones ocultas de la Consejería de despiezar la Escuela, tal y como propone el informe provisional de auditoría presuntamente manipulada por la empresa E&Y SL, denunciada por el comité de empresa hace escasos días", han sostenido.

"Se ofrece a Granada, a cambio de una institución de prestigio nacional e internacional, un departamento de formación de un Instituto de investigación gestionado desde Sevilla. Por supuesto, sin las funciones actuales, y sin garantizar el futuro de la plantilla ni sus condiciones laborales", han reprochado desde el comité de empresa, que pone de manifiesto que "no han sido consideradas las demandas de los trabajadores y trabajadoras, del colectivo científico nacional e internacional, y de la sociedad en general, de mantener la Escuela Andaluza de Salud Púbica tal y como está configurada ahora, ya que el punto de partida del Partido Popular sigue siendo exactamente el mismo".

Demandas profesionales

Entre las demandas profesionales de la EASP están las siguientes: que la Junta asegure las condiciones laborales del convenio colectivo de la EASP y el mantenimiento y refuerzo de la plantilla de la única institución que se dedica expresamente a la salud pública en Andalucía; el mantenimiento de su identidad y de su sede, sin fusionarse, sin transformarse ni extinguirse, y garantizar así su actividad en el marco de una colaboración responsable con las entidades administrativas planteadas por los poderes públicos; y que el organismo continúe cumpliendo sus funciones en salud pública y gestión sanitaria, siendo referente autonómico, nacional e internacional en la formación, investigación, consultoría y cooperación internacional.