España indemnizará con 112 millones a Antin por dos plantas solares granadinas

Granada/España tendrá que indemnizar con 112 millones de euros al fondo de infraestructuras francés Antin por las plantas termosolares Andasol 1 y 2, localizadas entre los municipios granadinos de Aldeire y La Calahorra, en la comarca de Guadix. La Corte de Arbitraje del Banco Mundial -el Ciadi- es la que obliga al Estado a asumir esta condena por los recortes a las energías renovables proyectados en la reforma eléctrica que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2013. En concreto, la Corte del Banco Mundial reconoce al fondo una indemnización de 112 millones de euros, frente a los 218 millones de euros que reclamaba, al considerar que el cambio regulatorio fue tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia. Con esta nueva sentencia condenatoria por las plantas granadinas del complejo Andasol, España ha recibido ya cuatro reveses del arbitraje internacional por el paso atrás en renovables que dio bajo el mando del Partido Popular.

En el fallo, conocido esta semana, el tribunal de arbitraje también estima la reclamación de Antin, que ha estado asesorada por el despacho Allen Overy, respecto al impuesto del 7% a la producción eléctrica. Asimismo, condena al Estado Español a pagar el 60% de las costas del proceso. El fondo francés, que ha reclamado mediante Antin Infraestructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar BV, compró en 2011 a ACS las dos plantas termosolares Andasol 1 y 2, y las vendió el año pasado a otro fondo, Cubico.

La central eléctrica de energía solar de concentración Andasol empezó a construirse en 2006 con una inversión de 260 millones de la empresa Cobra -filial de ACS- y la firma alemana Millenium. Este proyecto para construir la planta solar más grande de Europa y la segunda más grande del mundo tras la Planta de Nevada Solar One en Estados Unidos, partía con la intención de producir energía para medio millón de hogares, en una época de plena efervescencias de las energías renovables bajo la administración Zapatero. El complejo echó a andar definitivamente hace una década con plantas megavatios y en 2011 incorporó también la tercera planta de Andasol, instalada en el Marquesado del Zenete. Ese año tendría lugar también el traspaso de las acciones de ACS a los fondos de inversión Antin Infraestructure (de Francia) y RREEF (Reino Unido).

Dos años después, en 2013, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy tomaría la medida de imponer a los productores de energía un impuesto del 7% sobre los ingresos, además de tomar la decisión de excluir a la termosfera del régimen de primas de la energía producida con gas natural. Este cambio regula torio desembocó en que los fondos de inversión extranjeros empezaran a presentar demandas contra España ante cortes internacionales por el recorte a la retribución que reciben sus plantas. A las demandas de los fondos hubo que sumar más tarde la del gigante alemán RWE -que opera la planta Andasol 3- y también decidió llevar a España al arbitraje internacional.

En todo caso, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que el pasado mes de noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables,