El CGPJ expedienta al juez que condenó a Juana Rivas por mensajes que publicó en su Facebook

Granada/El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir un expediente disciplinario al titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Granada, el juez Manuel Piñar, magistrado que condenó a Juana Rivas a cinco años de prisión por sustracción de menores, por los mensajes que publicó en su cuenta personal de la red social Facebook.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado que se ha expedientado al juez Piñar por una posible "falta muy grave" de "ignorancia inexcusable" en el cumplimiento de los deberes judiciales o una posible "falta grave" de "falta de consideración respecto de los ciudadanos".

Las fuentes consultadas han precisado que el CGPJ ha adoptado esta medida a pesar de que el promotor de la acción disciplinaria había propuesto archivar el expediente relativo al magistrado de Granada.

El caso ha llegado al Consejo después de que el abogado Carlos Aránguez, a cargo de la defensa de Juana Rivas, formalizara una queja ante el órgano contra el juez Piñar por los contenidos que difundió en redes sociales y medios de comunicación al entender que eran "ofensivos" y constituían "claras injurias a múltiples colectivos", incluyendo "compañeros, distintas autoridades y funcionarios públicos".

Denuncia del abogado de la madre de Maracena

En la citada queja, el abogado expuso que las manifestaciones del magistrado en redes sociales "rebasan con creces los límites de la libertad de expresión, máxime teniendo en cuenta que son proferidas por un aplicador del Derecho", y reclamó al CGPJ que iniciase el correspondiente expediente disciplinario" contra él.

Para justificar su petición, el letrado incidió en que "el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos".

Entre las publicaciones que se incluían en la queja se encontraba algunas que, según subrayó Aránguez, fueron "censuradas por Facebook tras haber sido denunciadas, por su falta de veracidad, o por incitar directamente al odio o la violencia".

Fuentes consultadas por Europa Press han precisado que, tras la denuncia del abogado de Rivas, la cuenta de Facebook a nombre de Manuel Piñar ya ni se refiere a él como "jefe en magistratura" ni es pública.

Posible delito de odio para la Fiscalía

Los mensajes que aparecen en la cuenta de Facebook del magistrado podrían tener aún más repercusión que el expediente del órgano de gobierno de los jueces. Como publicó este periódico a principios de marzo, la Fiscalía Provincial de Granada pidió al Juzgado de Instrucción número 8 de esta misma ciudad que investigue una denuncia presentada contra Manuel Piñar, al considerar el Ministerio Público que los mensajes podrían ser constitutivos de un delito de odio.

La cuenta de Facebook que aparece con el nombre y la imagen del magistrado está llena de mensajes contra colectivos de migrantes, feministas, partidos políticos de izquierdas, medios de comunicación y hasta magistrados, jueces y fiscales, según consta en una denuncia presentada por el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez. La cuenta ya ha sido rastreada por la Guardia Civil, que incluso llegó a hacer una consulta a la red social para esclarecer la identidad real de la persona que hay tras ese perfil, pero la empresa remite a la sede de Meta en Irlanda, por lo que los investigadores necesitan una comisión rogatoria internacional, que depende del juez. Así lo hizo constar el instructor policial en un oficio del pasado 23 de enero remitido al Juzgado.

El hecho de que el denunciado, Manuel Piñar, sea magistrado en activo y "destinado a un órgano sentenciador" es para el fiscal un motivo de mayor preocupación en este caso. "Resulta muy embarazoso tener que admitir un procedimiento judicial por manifestaciones y expresiones vertidas por un magistrado-juez que han sido objeto de difusión a través de los medios". Alerta el fiscal sobre el posible "perjuicio al recto ejercicio de la función jurisdiccional" y que "pone en entredicho su imparcialidad".