La Fiscalía de Granada advierte de la dificultad para investigar delitos informáticos por su carácter internacional

Dentro de la ingente vocabulario, mayormente eufemismos, que orbita alrededor del mundo de la droga, quizá el de mula sea uno de los más conocidos. Con este término se designa coloquialmente a las personas que acceden a transportar la droga, un riesgo que, como todo, ha evolucionado en los últimos años con la irrupción de las nuevas tecnologías. Así, en la última memoria de la Fiscalía de Andalucía se advierte del uso de inmigrantes "como acusados de delitos de estafa y blanqueo de capitales", en consonancia con uno de los problemas que más preocupan al Ministerio Público, el carácter transnacional de los ciberdelitos.

Aunque en el caso concreto de Granada el fiscal delegado hace una buena valoración de esta categoría, asegurando que el índice de sentencias condenatorias sobre el total supera el 73%, también incide en cómo el carácter internacional de muchos de estos delitos eleva el número de causas que resultan archivadas ante la dificultad para su investigación.

En su informe, la Fiscalía advierte de cómo cada vez son más los inmigrantes que constan como titulares de cuentas corrientes o perceptores de las cantidades de dinero procedentes de ataques phishingphishing (técnica que consiste en el envío de e-mails que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria), al tratarse de personas necesitadas de ingresos económicos, lo que les lleva a aceptar, como en el caso de las mulas convencionales, este tipo de riesgos.

Por ello, la Fiscalía pide a las administraciones correspondientes que se pongan en marcha campañas informativas orientadas a este colectivo, para prevenirles de su "condición de víctimas" en este tipo de delitos y las consecuencias derivadas de su participación.

La memoria de la Fiscalía no aporta datos concretos referentes a la provincia, limitándose únicamente a constatar un "significativo aumento de procedimientos en relación con el ejercicio anterior". Quien sí lo hace es el Ministerio del Interior quien en su último balance de criminalidad (con datos referentes al primer trimestre de 2023) reseña un aumento de las estafas informáticas en Granada de un 69,9% desde 2019.

El balance de Interior destaca también el aumento de los delitos contra la libertad sexual, que el pasado año se saldó en la provincia con un total de 275 casos, mientras que en 2021 fueron 235 (+17%) y en 2019, 222 (+23,9%). También aquí la irrupción de las nuevas tecnologías se ha dejado notar, pues en sus consideraciones generales, la Fiscalía andaluza recalca el aumento de los delitos "en las modalidades de ciberacoso, ataques a la intimidad, emisión de imágenes sin consentimiento, contra el honor, intromisión en archivos informáticos, colocación de programa espías, difusión de imágenes intimas obtenidas con su consentimiento o amenazar con la difusión para retomar la relación", todas ellas, puede leerse en la memoria "son muestras de la nueva forma de materializarse la violencia sobre la mujer".

En su memoria andaluza, la Fiscalía hace hincapié en provincias como Sevilla y la incidencia de delitos relativos a la pornografía infantil o de "personas con discapacidad necesitadas de especial protección en todas sus modalidades", que han aumentado notablemente y que, de nuevo, persisten los problemas en la identificación de los autores "al obtener múltiples coincidencias de identidad, por su opacidad o por la utilización de sistemas que permiten falsear la dirección".

De otra parte, la Fiscalía observa retrasos de la instrucción debido a la saturación que sufren los gabinetes de Policía Científica y Criminalística de los Cuerpos Policiales, cuyos informes periciales pueden demorarse más de seis meses, por lo que "según los casos" se está prescindiendo de tal pericial y valorando la suficiencia de los análisis in situ practicados a los dispositivos durante las entradas y registros.

También resalta el Ministerio Fiscal que "cabría añadir otros delitos directamente relacionados con el uso de la informática", como los de extorsión en los que se solicitan transferencias de dinero para evitar la difusión de imágenes de contenido sexual.