La Fiscalía pide cárcel para los exconcejales del PP por el caso Emucesa

La Fiscalía de Granada pide penas de 6 y 5 años de prisión para los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de la capital Eduardo Moral y María Francés, por la posible contratación irregular de altos cargos cuando fueron consejeros delegados de la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada (Emucesa). Para esos 5 empleados, también reclama condenas que oscilan entre los 4 y 5 años y medio de cárcel.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal presentado en el juzgado donde se ha instruido este caso, conocido como el de los "contratos fantasma", durante el periodo 2003-2011 y 2011-2016, los dos antiguos consejeros delegados de la empresa municipal de cementerios (cargo que tenían por ser concejales del equipo de gobierno) habrían llevado a cabo esos contratos laborales a personas afines a ellos o al partido, sin que fueran desempeñadas las tareas de esos cargos.

Para los cinco contratados, además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama su inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público. Los delitos apreciados son los de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público pide el sobreseimiento como investigado para el gerente de Emucesa (que fue la persona que puso estos hechos en conocimiento de los responsables políticos). El directivo fue imputado en la causa a petición de los principales investigados, que argumentaban la tardanza de años en desvelar las supuestas irregularidades.

En el escrito remitido al juez, la Fiscalía exige que los 7 acusados indemnicen a la empresa que gestiona el cementerio municipal con la cantidad de 309.831 euros, por las cantidades percibidas y los gastos derivados de los hechos.

A Eduardo Moral, que firmó contratos a tres de los investigados, se le exige la devolución de forma conjunta y solidaria con ellos la cuantía de 277.310 euros. Para María Francés, la cantidad es de 32.521 euros, con uno de los contratados, ya que uno de ellos devolvió el dinero percibido a Emucesa al inicio de esta investigación.

En su escrito, la acusación pública señala que con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de “alta dirección” simulando una relación laboral inexistente. Y añade que “desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública”.

Del mismo modo, también solicita a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 euros, por supuesto fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social.